
Elementos de la Policía Federal de Sinaloa fueron atacados en la sindicatura de Jesús María, Culiacán, el mismo territorio donde el 5 de enero de 2023 el Ejército capturó a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.
La agresión ocurrió durante labores de vigilancia en una zona que el crimen organizado considera estratégica. El hecho se produce en un estado donde, de acuerdo con la organización Causa en Común, al menos 23 integrantes de instituciones de seguridad habían sido asesinados en 2026 hasta el 13 de agosto.
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Horas después, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a través de su cuenta de X que personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que realizaba labores sobre la carretera federal México 15, en Culiacán, fue agredido con armas de fuego. Los elementos repelieron el ataque y detuvieron a cuatro personas. Ningún integrante de la corporación resultó lesionado.
Durante el operativo, las fuerzas federales aseguraron tres armas de fuego —dos largas y una corta—, 30 cargadores y 502 cartuchos, además de cinco chalecos balísticos, dos pecheras y artefactos metálicos ponchallantas. Entre los bienes asegurados también figura un vehículo con placas del estado de Texas, Estados Unidos, que cuenta con reporte de robo en ese país.
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García Harfuch precisó que los cuatro detenidos están vinculados al delito de robo de vehículo y serán identificados como generadores de violencia en Culiacán y sus alrededores.
La agresión en Jesús María, territorio del operativo que capturó a Ovidio
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE) confirmó el ataque contra elementos de la corporación en la sindicatura de Jesús María. La dependencia precisó que los uniformados realizaban recorridos de seguridad cuando fueron blanco de una agresión armada.

Tras el ataque, el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo en la zona para localizar a los responsables. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no informaron sobre detenidos ni precisaron las circunstancias exactas del ataque.
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La agresión se suma a una cadena de ataques contra policías estatales en Sinaloa durante 2026. El 7 de agosto, un elemento de la Policía Estatal Preventiva resultó herido en el libramiento Mazatlán-Culiacán, a la altura del poblado El Chilillo, en un atentado que también activó un despliegue del Grupo Interinstitucional.
Causa en Común registró que entre los 23 integrantes de instituciones de seguridad asesinados en Sinaloa hasta mediados de agosto figuraban 15 policías municipales, dos estatales, un elemento del Ejército, dos de la Guardia Nacional, dos de la Marina y un custodio penitenciario. La cifra refleja la intensidad del conflicto armado que el estado arrastra desde finales de 2024.
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La sindicatura de Jesús María, ubicada aproximadamente 30 kilómetros al norte de Culiacán, concentra una carga simbólica particular para las fuerzas de seguridad. Fue en ese poblado de poco más de cinco mil habitantes donde las Fuerzas Armadas ejecutaron el operativo más costoso en bajas militares del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Siete alcaldes asesinados en 2025, la cifra que marcó el sexenio de Sheinbaum
La violencia contra funcionarios electos escaló de forma sostenida durante el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Según el recuento de Unotv, siete alcaldes fueron asesinados durante 2025, el año más letal para los presidentes municipales en lo que va de la administración federal.
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Entre las víctimas de 2025 figuraron Yolanda Sánchez Figueroa, de Cotija, Michoacán, ejecutada el 3 de junio; Salvador Bastida García, de Tacámbaro, Michoacán, muerto el 5 del mismo mes; y Lilia Gema García Soto, de San Mateo Piñas, Oaxaca, asesinada el 15 de junio. Los tres casos ocurrieron en menos de dos semanas.
El asesinato que mayor repercusión nacional tuvo fue el de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, el 1 de noviembre de 2025. Un comando lo ejecutó a tiros durante la inauguración del Festival de las Velas, en plenas celebraciones del Día de Muertos.
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En 2026, la violencia contra alcaldes continuó. El 13 de junio cayó Joel Ángel Bravo Martínez, de San Miguel Amatitlán, Oaxaca; el 12 de julio fue asesinado Eduardo Saavedra López, de San Miguel Yogovana, Oaxaca; y el 22 de julio, Valentín Lavín Romero fue ejecutado dentro del Palacio Municipal de Temoac, Morelos. Con esos tres casos, la administración Sheinbaum acumuló 14 alcaldes asesinados al cierre de julio de 2026, según El País.

La Operación Enjambre sumó otra dimensión al problema: al menos siete presidentes municipales en funciones fueron detenidos entre 2025 y 2026 por presuntos vínculos con el crimen organizado, de acuerdo con información de Infobae. El caso más reciente fue la captura de Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan, Morelos, el 20 de mayo de 2026.
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El operativo del 5 de enero de 2023 en Jesús María: seis meses de inteligencia y 29 muertos
La captura de Ovidio Guzmán fue el resultado de seis meses de trabajo de inteligencia entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. El operativo comenzó en la madrugada del 5 de enero de 2023, alrededor de las 04:00 horas, cuando unidades militares se desplegaron sigilosamente en Jesús María.
Una patrulla de la Guardia Nacional detectó seis vehículos sospechosos, aparentemente blindados, al norte de la localidad. Los efectivos solicitaron a sus ocupantes que descendieran para una revisión. Los tripulantes se negaron y abrieron fuego.
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Los escoltas de El Ratón se refugiaron en un inmueble del poblado y continuaron los ataques desde ahí. El Ejército respondió con helicópteros militares que dispararon ráfagas de ametralladora y con fuerzas terrestres que rodearon la posición. Alrededor de las 06:20 horas, los militares identificaron a Guzmán López entre los detenidos y lo aprehendieron.
El saldo del enfrentamiento fue de 29 muertos: 10 militares —siete de ellos integrantes de fuerzas especiales— y 19 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, además de 35 militares heridos y 21 detenidos. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que a la célula capturada se le decomisaron cuatro fusiles Barrett calibre 50, seis ametralladoras calibre 50, 26 armas largas y 13 vehículos operativos, además de 40 camionetas inutilizadas, 26 de ellas blindadas.
Tras la captura, el Cártel de Sinaloa desató una ola de narcobloqueos y balaceras en Culiacán y otras ciudades del estado. El episodio quedó registrado en la memoria colectiva como el Culiacanazo 2.0 o Segundo Culiacanazo, en referencia al fallido operativo del 17 de octubre de 2019, cuando el gobierno de López Obrador ordenó liberar a El Ratón para evitar una masacre civil.
Ese mismo 5 de enero de 2023, Guzmán López fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Después fue conducido al penal federal de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social número 1, en el Estado de México.
Ovidio Guzmán en Chicago: declaración de culpabilidad y sentencia pendiente para el 28 de octubre
El 15 de septiembre de 2023, México extraditó a Ovidio Guzmán López a Estados Unidos. Desde entonces, permanece bajo custodia federal en una ubicación reservada, identificado con el número 72884-748 de la Agencia Federal de Prisiones.

El proceso judicial se desarrolla ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, bajo el expediente 1:09-cr-00383, a cargo de la jueza Sharon Johnson Coleman. El 11 de julio de 2025, El Ratón se presentó ante el tribunal con uniforme carcelario naranja y cadenas en los tobillos, admitió su liderazgo dentro del Cártel de Sinaloa y reconoció su participación en tres homicidios y varios secuestros. Fue el primer miembro de la familia Guzmán en pactar formalmente con el gobierno de Estados Unidos.
Los cargos que admitió incluyen tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo, además del delito de empresa criminal continua, cuya pena mínima contempla cadena perpetua. El acuerdo de culpabilidad lo obliga a proporcionar información, rendir testimonios y colaborar con el Departamento de Justicia cuando le sea requerido. A cambio, la Fiscalía podrá solicitar una reducción de la condena.
La audiencia de sentencia ha sido postergada en siete ocasiones. La jueza Coleman fijó el 28 de octubre de 2026 como la próxima comparecencia, según registros judiciales citados por Infobae. Esa audiencia no será la de sentencia definitiva: en ella, el Departamento de Justicia informará al tribunal el nivel de cooperación que Guzmán López haya brindado hasta ese momento.
Dependiendo de esa evaluación, los fiscales podrán presentar una moción de reducción de condena. Solo después de esa diligencia el tribunal fijará la fecha exacta para dictar la sentencia final contra el heredero más conocido del Cártel de Sinaloa.

Su hermano Joaquín Guzmán López formalizó su propio acuerdo de culpabilidad el 1 de diciembre de 2025 ante el mismo tribunal, según documentos judiciales publicados por Infobae. Ambos comparten expediente con su padre Joaquín Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada en uno de los procesos más abarcadores contra el Cártel de Sinaloa en la historia judicial de Estados Unidos.
La sindicatura de Jesús María, donde hoy los policías estatales vuelven a ser blanco de ataques, sigue siendo el punto de partida de ese proceso que llevó a dos hijos del Chapo a sentarse ante una corte federal en Chicago.
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