
Un ataque con un coche bomba contra una comandancia municipal en Ojocaliente, Zacatecas, dejó 11 personas lesionadas y daños en decenas de inmuebles. El hecho se suma a una serie de agresiones con explosivos registradas durante este año en la entidad y refleja una transformación en las formas de violencia vinculadas con las economías ilegales.
Para la Dra. Marisol Ochoa Elizondo, Directora del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, México ya no enfrenta exclusivamente las expresiones tradicionales del crimen organizado. Las actividades delictivas se han diversificado y ahora involucran territorios, sectores productivos y grupos sociales cada vez más amplios.
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Entender esta problemática requiere analizar la relación entre las estructuras ilícitas y las instituciones. Las dinámicas políticas, criminales y de seguridad están vinculadas, debido a que el financiamiento puede mantenerse cuando encuentran condiciones de permisividad, cooperación, o debilitamiento.
Cambios dentro de las organizaciones criminales en México
La especialista explicó que las organizaciones criminales han aprendido a aprovechar las vulnerabilidades existentes en dependencias y territorios. Por ello, combatir únicamente a los principales dirigentes no necesariamente desmantela las actividades económicas que permiten la permanencia de estos grupos.
Incluso, su fragmentación puede provocar nuevas disputas por el control territorial y favorecer el surgimiento de estructuras dedicadas a otros negocios ilícitos. Al tráfico de sustancias se han incorporado dinámicas como el robo de combustible, la tala ilegal, la extracción de minerales, el cobro de piso y las extorsiones.
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Estas bandas pueden establecerse en determinadas zonas o trasladarse conforme cambian sus intereses económicos. Esta capacidad de adaptación ha modificado la manera en que debe analizarse el fenómeno delictivo.

La violencia alcanza a la vida cotidiana de la población mexicana
Las nuevas expresiones de violencia ya no se limitan a los enfrentamientos entre organizaciones. Bloqueos carreteros, afectaciones al transporte, extorsiones, cobros de piso, desapariciones y amenazas repercuten directamente en las comunidades y en sus actividades económicas.
“La violencia tiene una dimensión económica y social que reduce las posibilidades de las comunidades, altera mercados locales y genera condiciones de dependencia y miedo”, declaró la académica.
Asimismo, advirtió que tampoco basta con observar un solo indicador para determinar si las agresiones han disminuido. Por ejemplo, una reducción de homicidios no significa que el problema esté solucionado si al mismo tiempo aumentan las desapariciones, las extorsiones u otros actos ilícitos.
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Aumenta el reclutamiento de menores en el país
Entre las expresiones más preocupantes se encuentra el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, quienes pueden ser incorporados mediante engaños, falsas oportunidades laborales o directamente por la fuerza. Las condiciones de precariedad económica y la búsqueda de pertenencia o reconocimiento social también pueden influir en este problema que ha ido en aumento en los últimos años.
Ochoa Elizondo destacó que las herramientas tecnológicas han cambiado las estrategias de captación. Las plataformas digitales permiten establecer contacto de manera rápida con posibles víctimas y pueden convertirse en espacios para el engaño y la selección.
El impacto no debe medirse únicamente por el número de personas afectadas, también es necesario considerar cómo el miedo transforma las relaciones sociales y limita la capacidad de las personas para tomar decisiones libremente.
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La corrupción y la impunidad agravan el escenario al permitir la reproducción de las economías ilegales y la expansión territorial de los grupos criminales. Por ello, el desafío no consiste solamente en detener a sus integrantes, sino en atender las condiciones que permiten su regeneración.
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