Revisarán todos los anexos de Baja California tras muerte de interno y localizar a seis personas con órdenes de aprehensión

Autoridades de seguridad de Baja California alistan una nueva estrategia para revisar los centros de rehabilitación contra las adicciones, conocidos como anexos, como parte de una política nacional enfocada en detectar posibles irregularidades y garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en estos establecimientos.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC), general Laureano Carrillo, informó que las autoridades retomarán las inspecciones en estos centros, luego de los resultados obtenidos durante los operativos realizados el año pasado.

De acuerdo con el funcionario, durante 2025 fueron revisados 36 centros de rehabilitación ubicados principalmente en Tijuana y Mexicali, además de algunos establecimientos en Tecate.

Carrillo explicó que los operativos fueron realizados mediante equipos interinstitucionales, en los que participaron autoridades administrativas encargadas de verificar que los anexos cumplieran con los permisos y condiciones correspondientes desde el punto de vista sanitario.

A estas labores se sumó un componente operativo de seguridad, con el objetivo de detectar posibles situaciones que representaran un riesgo tanto para los internos como para la población.

Detectaron a seis personas buscadas por la justicia

Uno de los resultados más relevantes de las revisiones realizadas el año pasado fue la localización de seis personas que contaban con órdenes de aprehensión.

El secretario de Seguridad Ciudadana señaló que, de ese grupo, tres eran buscadas por delitos relacionados con homicidio, lo que evidenció la importancia de mantener este tipo de operativos en los centros de rehabilitación de Baja California.

El funcionario aclaró que las inspecciones no están dirigidas contra un establecimiento en particular, sino que forman parte de una estrategia general para revisar los anexos que operan en el estado.

“Estamos generalizando todos”, explicó al referirse a la intención de las autoridades de mantener una supervisión amplia sobre este tipo de establecimientos, después de la muerte de Richard Damián, joven de 28 años, que fue asesinado al recibir golpes en todo el cuerpo.

Preparan operativo coordinado con Fiscalía y Coepris

La SSCBC analiza actualmente la información disponible para definir la nueva etapa de revisiones. El general Laureano Carrillo adelantó que la estrategia será presentada en la Mesa de la Paz, donde participan los titulares de las instituciones de seguridad.

La intención es establecer un esquema de trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Con ello, las autoridades buscan repetir el modelo de trabajo interinstitucional utilizado anteriormente para verificar tanto la situación administrativa y sanitaria de los anexos como posibles riesgos relacionados con la seguridad.

Las revisiones podrían realizarse nuevamente en distintos municipios de Baja California, sin concentrarse en un solo centro de rehabilitación.

Buscan evitar hechos de violencia en las calles

El titular de la SSCBC también señaló que la estrategia forma parte de las acciones de prevención para evitar expresiones de violencia en espacios públicos.

Carrillo sostuvo que cualquier acto violento ocurrido en las calles representa una responsabilidad para las instituciones encargadas de la prevención y seguridad, por lo que se buscará actuar para evitar situaciones que puedan poner en riesgo a la población.

El funcionario subrayó que la prioridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos, independientemente de su actividad o profesión.

En este sentido, destacó que las medidas de seguridad deben proteger por igual a funcionarios públicos, periodistas y cualquier otra persona que se encuentre en la vía pública.

La nueva revisión de los anexos de Baja California será definida en coordinación con las distintas instituciones de seguridad y salud, con el objetivo de fortalecer la vigilancia de estos establecimientos y detectar oportunamente posibles personas buscadas por la justicia o situaciones que representen un riesgo para la ciudadanía.