Así es Barrientos, el reclusorio más saturado del Edomex donde ingresaron a los imputados del multihomicidio del músico de Camilo Séptimo

Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” cruzaron antes de las 10:00 de este viernes las puertas del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla, el reclusorio conocido en todo el país como el penal de Barrientos. El centro alberga una sobrepoblación del 436% que lo convierte en uno de los más saturados y conflictivos del Estado de México. Este es el escenario al que llegaron el presunto asesino del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, y su cómplice, tras el vencimiento del plazo constitucional de 48 horas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) les cumplimentó órdenes de aprehensión por homicidio calificado en agravio de dos o más personas y maltrato animal, delitos vinculados con el cuádruple homicidio del 1 de septiembre en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, donde murieron el músico, su esposa embarazada de cuatro meses, su hija de tres años y la niñera Aleyda Romero.

Ambos detenidos quedaron a disposición del juez de control del penal. Su primera audiencia de vinculación a proceso se esperaba para este viernes por la tarde o el sábado 5 de septiembre, mientras el hijo mayor de la pareja —de seis años y único sobreviviente del ataque— recibe acompañamiento de las autoridades.

El penal de Barrientos alberga más de cuatro veces su capacidad original

El reclusorio al que ingresaron Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” se ubica sobre la avenida Ejército del Trabajo, en la colonia San Pedro Barrientos, Tlalnepantla de Baz. Su nombre oficial es Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán, aunque la colonia que lo rodea le dio el apodo con el que se le conoce en todo el país.

El penal fue construido en los años 70 con capacidad para mil 69 personas. Según un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana citado por Milenio, actualmente alberga 4.644 internos, lo que representa una sobrepoblación del 436%.

Desde su fundación fue diseñado como un centro mixto. Conviven en sus instalaciones hombres y mujeres, tanto procesados como sentenciados.

Las condiciones internas se dividen en dos tipos de dormitorios, de acuerdo con reportes de activistas y periodistas recogidos por el portal Guillermo Ortega. Los de población general tienen celdas con literas de hasta tres niveles, donde los presos deben ganarse el derecho a una plancha de cemento para no dormir en el suelo. Los dormitorios de medidas especiales, destinados a procesados, son más amplios y cuentan con mesa, asiento de hierro y cama individual.

Barrientos registra riñas, corrupción y presos de alto perfil

La sobrepoblación convierte a Barrientos en uno de los reclusorios con más problemas de seguridad del Estado de México. En 2021 se registró un conato de riña en el dormitorio número siete que dejó nueve internos heridos; en 1996 se produjo uno de los motines más grandes en la historia penitenciaria estatal.

La atención médica también es señalada como deficiente. En marzo de 2022, una interna llamada Nohemí “N” murió al interior del penal por un paro respiratorio derivado de enfermedades no atendidas, lo que desató una protesta entre las reclusas.

Entre los internos de perfil público que han pasado por Barrientos figuran Andrés “N”, el feminicida de Atizapán, trasladado al centro en mayo de 2021, y Rodolfo Márquez, Fofo, sentenciado en enero de 2025 a 17 años y seis meses por tentativa de feminicidio. El penal también albergó a César Armando Librado Legorreta, El Coqueto, quien tuvo que ser trasladado por conflictos con otros internos.

El chofer desconocía el plan; el asesino lo contrató con dólares

Días antes del crimen, Diego Sebastián “N” le pidió a Gerardo “N” que consiguiera cinta adhesiva industrial, guantes negros de uso rudo y cinchos de plástico, según fuentes cercanas a las indagatorias consultadas por el periodista Elthon García, de Agencia Reforma. Además, le ofreció un pago en dólares para que lo acompañara al domicilio de las víctimas.

Gerardo declaró ante las autoridades que desconocía las intenciones de Diego Sebastián. El chofer aceptó la propuesta sin saber que su acompañante planeaba un cuádruple homicidio.

Los reportes periciales establecen que el agresor utilizó un arma corta calibre 9 milímetros con silenciador. El arma no fue localizada en la vivienda tras el operativo de captura.

Diego Sebastián y Meléndez eran socios en un negocio de arrendamiento de propiedades para estancias temporales llamado Nomad Property Management, con el que administraban 32 propiedades en Valle de Bravo, según Infobae. El móvil que las autoridades señalan como principal apunta a una deuda en efectivo y criptomonedas, aunque la Fiscalía mantiene abiertas otras líneas de investigación.

Ambos acusados lograron salir del residencial sin ser detectados por los vigilantes. Fueron capturados casi 12 horas después del crimen, de acuerdo con Agencia Reforma.

El ataque dejó cuatro muertos y un niño de seis años como único sobreviviente

El martes 1 de septiembre por la tarde, Diego Sebastián “N” ingresó al departamento del músico en el fraccionamiento Grand Viure, Zona Esmeralda. Asesinó a Meléndez, a su esposa —embarazada de cuatro meses—, a su hija de tres años y a Aleyda Romero, la trabajadora doméstica de 21 años.

La niñera le ordenó al hijo mayor de la pareja que se escondiera antes de ser asesinada. Ese acto fue el único factor que salvó la vida del menor, quien fue localizado sin lesiones aparentes.

Los cuerpos de Jonathan Meléndez, su esposa y su hija fueron velados en una funeraria de la colonia Santa Mónica, en Tlalnepantla. El cuerpo de Aleyda Romero fue trasladado a Chalco para sus servicios funerarios.

El hijo mayor sobreviviente fue entregado a los familiares de la pareja. Las autoridades le brindan acompañamiento desde entonces.

Diego Sebastián enfrenta hasta 70 años de prisión por homicidio calificado

La FGJEM obtuvo y cumplimentó órdenes de aprehensión contra ambos detenidos por homicidio calificado en agravio de dos o más personas y por maltrato animal, derivado de la muerte de la perra golden retriever de la familia, llamada Nhala. Ambos quedaron a disposición del juez de control del penal de Barrientos.

El artículo 242 del Código Penal del Estado de México establece una pena de 40 a 70 años de prisión para el homicidio calificado. La norma agrava la pena hasta en un tercio cuando la víctima es mujer embarazada o menor de edad, condición que se cumple en al menos dos de los cuatro casos.

De ser hallado culpable con todas las agravantes —premeditación, alevosía, traición y asesinato de dos o más personas en un mismo hecho—, la penalidad podría alcanzar los 70 años, de acuerdo con el Heraldo de México. A esa cifra se sumarían hasta 12 años adicionales por el cargo de maltrato animal.

La audiencia inicial de formulación de imputación no tenía fecha oficial al cierre de esta edición. Diego Sebastián “N” llegó a México desde Argentina en los años 90 y acumuló al menos cinco procesos legales en el país antes del crimen, ninguno de los cuales lo llevó a prisión, según Infobae.