El nuevo Plan Michoacán fracasa en materia de empleo: únicamente se han ocupado 927 vacantes de más de seis mil disponibles

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por el gobierno federal y estatal tras el asesinato del exalcalde Uruapan, Carlos Manzo, no ha tenido buenos resultados en materia de empleo.

Lo anterior, porque solamente 13.7 por ciento de las vacantes laborales que se han ofrecido mediante esa estrategia han sido ocupadas en el estado, es decir, hubo únicamente 927 nuevos puestos de trabajo de las seis mil 761 ofertas.

Sheinbaum presenta cifras de empleo en Michoacán

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte del Plan Michoacán se desplegaron un total de 6.7 mil puestos de trabajo durante el primer semestre de 2026, los cuales fueron promocionados a través de 24 Ferias de Empleo celebradas en la entidad.

No obstante, pese a las miles de vacantes, apenas 927 personas consiguieron empleo mediante este mecanismo, que también es promocionado por el gobernador de Michoacán, el morenista, Alfredo Ramírez Bedolla.

86 por ciento de las vacantes no fueron ocupadas

Las cifras en cuestión detallan que únicamente 13.7 por ciento las vacantes ofertadas terminaron ocupadas, mientras que 86.3 por ciento no se ocuparon mediante el plan extraordinario.

Es decir, por cada 10 puestos de trabajo que las autoridades facilitaron, menos de dos terminaron con una persona colocada.

Estrategia busca frenar violencia

Las cifras en materia de empleo se dieron mientras el gobierno federal y estatal sostienen que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, es una de las principales estrategias para la entidad, que tiene como objetivo reducir los problemas de violencia e inseguridad que enfrenta.

De acuerdo con la administración de Sheinbaum Pardo, dicho plan busca atender las causas estructurales de la violencia, fortalecer el tejido social y generar condiciones de justicia, desarrollo y paz en el estado.

¿En qué consiste el Plan Michoacán?

Es una estrategia integral del gobierno federal para pacificar Michoacán, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 9 de noviembre de 2025 en Palacio Nacional.

El plan surge una semana después del asesinato del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, hecho que detonó indignación y movilizaciones en el estado.

Dicho plan contempla 12 ejes estratégicos y más de 100 acciones concretas, con una inversión mixta superior a 57 mil millones de pesos (57 mil millones federales, más dos mil 700 millones del gobierno estatal).

Se organiza en tres grandes ejes:

1. Seguridad y Justicia

• Fortalecimiento de fuerzas federales mediante unidades conjuntas: Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Seguridad y Fiscalía estatal, enfocadas en homicidios y extorsión.
• Propuesta para crear una Fiscalía Especializada de Investigación e Inteligencia en Delitos de Alto Impacto en Michoacán.
• Instalación de una Oficina de la Presidencia de la República en distintos municipios.
• Mesas de Seguridad quincenales con el Gabinete de Seguridad.
• Sistema de Alerta para presidentes municipales y fortalecimiento de la denuncia anónima de extorsión.

2. Desarrollo Económico con Justicia

• Seguridad social y salarios dignos para jornaleros agrícolas y trabajadoras de la agricultura de exportación.
• Inversión en infraestructura rural.
• Convenio con el sector productivo para más Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI).

3. Educación y Cultura para la Paz

• Escuelas de Cultura de Paz y programas de reinserción y atención a víctimas.
• Campaña estatal “Recuperemos Michoacán” y Mesas de Diálogo por la Paz.
• Becas de transporte para jóvenes universitarios.
• Centros Regionales de Alto Rendimiento y de Cultura y Memoria, festival “Voces de Michoacán” y Red de Casas de Cultura Segura.

Pese a la integridad del Plan Michoacán, en los hechos, y, sobre todo, en materia de empleo se ha quedado corto. En consecuencia, el segundo eje –sobre desarrollo económico y justicia– ha fracasado. Vamos a ver si previo al proceso electoral, las autoridades federales y estatales hacen algo para revertir la situación.