Nacionalidad única para gobernar: Sheinbaum envía iniciativa que prohíbe doble ciudadanía a presidentes y gobernadores

La Presidencia de la República remitió este 30 de agosto a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer la nacionalidad única como requisito obligatorio para ejercer los principales cargos del Poder Ejecutivo en México, tanto a nivel federal como estatal.

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, confirmó a través de su cuenta en X la recepción del documento, el cual fue turnado formalmente para su análisis y dictamen en la Cámara de Diputados.

¿Qué plantea la reforma?

La iniciativa propone reformar y adicionar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales.

En términos concretos, esto significa que quienes aspiren a ocupar los siguientes cargos no podrán tener doble nacionalidad:

• Presidenta o Presidente de la República
• Gobernadora o Gobernador de cualquier entidad federativa
• Titulares del Poder Ejecutivo en la Ciudad de México

El objetivo, según se explica en el documento, es evitar conflictos de interés entre quien ejerce el poder público y una nación extranjera de la cual también sea ciudadano.

El argumento detrás de la propuesta

De acuerdo con el planteamiento remitido por el Ejecutivo Federal, la reforma busca garantizar que quien ejerza la titularidad de estos poderes no tenga vínculos de nacionalidad que puedan comprometer su lealtad institucional o generar conflictos de interés con gobiernos extranjeros.

La propuesta se da en el contexto del caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien reside actualmente en Texas, Estados Unidos, y cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense. El exmandatario panista anunció desde Estados Unidos su intención de competir por la Presidencia de México en 2030, pese a que enfrenta en el país investigaciones por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de ser considerado prófugo de la justicia mexicana.

Fue precisamente al abordar este caso que Sheinbaum adelantó, el pasado 25 de agosto, su intención de enviar una iniciativa para que quien busque ser Presidenta, Presidente, Gobernadora o Gobernador cuente únicamente con nacionalidad mexicana. La iniciativa fue enviada con la firma autógrafa de la mandataria y remitida a la Cámara de Diputados a través de un oficio firmado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

El proceso legislativo y presupuestario

El oficio de envío detalla que la iniciativa fue turnada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a través de su Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos, encabezada por el director general Benito Báez Suárez.

Como parte de los requisitos legales para este tipo de reformas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya emitió su dictamen de impacto presupuestario, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El fundamento legal de la remisión se apoya en:

• El artículo 71, fracción I, de la Constitución, que otorga al Ejecutivo Federal la facultad de iniciar leyes
• El artículo 78, fracción III, sobre las atribuciones de la Comisión Permanente
• El artículo 27, fracciones III y XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

¿Qué sigue en el proceso legislativo?

Con la recepción del documento por parte de la Comisión Permanente, la iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados, que será la instancia encargada de analizarla, discutirla y, en su caso, emitir el dictamen correspondiente antes de que pueda avanzar hacia su eventual aprobación.

Al tratarse de una reforma constitucional, el proceso requerirá superar las etapas legislativas establecidas en el artículo 72 de la Carta Magna, lo que incluye su discusión en ambas cámaras del Congreso de la Unión y, posteriormente, su aprobación por la mayoría de los congresos estatales, tal como lo exige el procedimiento de reforma constitucional en México.