Gobierno revisó más de 8 mil comentarios en dos días sobre derechos de las audiencias: exigen transparencia

La aprobación de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias surge en un momento de amplio debate sobre la delgada línea entre la regulación de los medios de comunicación como la radio y la televisión y la libertad de expresión en México, y más aún, sobre si el Estado puede ser la instancia encargada de regular, vigilar y sancionar en caso de violar los derechos de las audiencias.

La conversación renació luego de que el 28 de julio, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentaran los nuevos lineamientos y se abriera una consulta pública para que la ciudadanía pueda participar activamente en dicho proceso.

La consulta duró del 27 de julio al 21 de agosto, donde 8 mil 889 ciudadanos participaron dejando sus opiniones y comentarios sobre dichos lineamientos que buscaban, entre otras cosas, regular que los medios de comunicación —radio y televisión— fortalezcan sus mecanismos para proteger a las audiencias con los contenidos informativos que publican, lo que generó críticas al considerar que rayan en la censura y en la libertad de expresión.

Concluyó un viernes y, para el martes 26 de agosto, tan solo dos días hábiles después, el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó los lineamientos. Para la tarde del 28 de agosto, en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) fueron finalmente publicados.

La rapidez del proceso ha generado dudas sobre la transparencia y el análisis técnico de las observaciones ciudadanas, que fue una participación más grande de lo que suelen recibir las consultas públicas. Además, porque de acuerdo con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el 82% de los participantes votó en contra de la propuesta.

Ello suma a una serie de denuncias de organizaciones de derechos humanos como Artículo 19 y activistas que se manifestaron en contra de estos lineamientos por considerar que atentan contra la libertad de expresión, por lo que, una vez publicados, exigieron claridad sobre cómo se integraron estas aportaciones a la regulación definitiva.

Artículo 19 exige al Gobierno transparencia en el análisis de comentarios y publicación de lineamientos

Artículo 19 ha exigido que el Gobierno federal explique de manera pública y detallada cómo se procesaron los 8 mil 889 comentarios recibidos durante la consulta sobre los nuevos lineamientos. La organización sostiene que no existe evidencia de un proceso técnico y adecuado para analizar las observaciones ciudadanas, ni claridad sobre la forma en que esas opiniones influyeron en la modificación del texto final.

En su posicionamiento, Artículo 19 plantea que persisten riesgos en la regulación aprobada, pues “no hay manera de advertir si existió un proceso técnico y adecuado de análisis de los comentarios recibidos, ni cómo lo anterior se tradujo en la posterior y acelerada modificación regulatoria de los lineamientos”. Por ello, la organización exige que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones “publique el informe de consideraciones que explique cómo se atendieron las observaciones recibidas en la consulta, y que transparente los lineamientos finales conforme a los procedimientos aplicables en el Diario Oficial de la Federación”.

La organización recalca que los derechos de las audiencias y la libertad de expresión “no se contraponen”, y reitera la necesidad de que el Estado garantice mecanismos claros, accesibles y verificables para la protección de la participación ciudadana en la regulación de los contenidos. Artículo 19 enfatiza que la autoridad debe rendir cuentas sobre las razones y criterios bajo los cuales se integraron las aportaciones ciudadanas, y sostiene: “La protección de audiencias no debe ignorar la diversidad de formas de organización, capacidades, naturaleza y finalidad de cada tipo de medio de comunicación”.