El enredo legal que sepulta la candidatura de Cabeza de Vaca para 2030

Luego de que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, diera a conocer que buscará la presidencia en 2030, surgió el debate de si podría participar en el proceso electoral o no, debido a su situación legal: tiene una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El exmandatario ha sostenido que es víctima de una persecución política y ha defendido su inocencia desde Estados Unidos, lugar donde ha radicado los últimos años, mientras el gobierno federal impulsa su extradición y mantiene bloqueadas sus cuentas bancarias.

Su caso se convirtió en una discusión política desde la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las restricciones para aspirar a cargos de elección popular cuando existe una condición de “prófugo de la justicia”.

Aunque el caso de Cabeza de Vaca va más allá, pues el exgobernador de Tamaulipas, quien ocupó el cargo durante 2016 y 2022, tiene una doble nacionalidad: es mexicano y estadounidense, lo que también representa un cerco legal para que pueda aspirar a la presidencia, si se aprueba la reforma impulsada por el gobierno de México para garantizar que ningún funcionario que ocupe el cargo de presidente o gobernador tenga una doble nacionalidad.

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En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó parte de sus conferencias para abordar el tema: ¿es posible que Cabeza de Vaca participe por la presidencia si tiene una carpeta de investigación?

Arturo Zaldívar detalló que el artículo 38 de la Constitución y la interpretación de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral establecen distintos escenarios. Pero lo que establece la Constitución es que una persona denunciada, investigada, imputada o vinculada a proceso, mientras esté en libertad, puede ser candidata por el principio de presunción de inocencia. Pero si existe una medida cautelar de prisión preventiva, una sentencia condenatoria con privación de libertad, o si la persona es prófuga de la justicia, sí pierde sus derechos político-electorales.

Si una persona tiene orden de aprehensión, no comparece ante el juez y está en el extranjero, entra en el supuesto constitucional de prófugo y no puede ser candidata. Además, debe cumplir con el requisito de residencia previa en México para poder competir por la Presidencia.

¿Puede Cabeza de Vaca ser candidato presidencial en 2030?

La situación jurídica de Cabeza de Vaca encuadra en la hipótesis de prófugo: tiene una orden de aprehensión, reside fuera del país y no está disponible para responder ante la justicia mexicana. Por lo tanto, conforme a la interpretación constitucional y judicial expuesta por Zaldívar, sus derechos político-electorales están suspendidos y no puede contender por la Presidencia de México en 2030.

Aunque, sigue estando sujeto a interpretación. Durante su exposición del caso, el exministro aclaró que debe estudiarse a detalle antes de emitir cualquier juicio. “Yo no me podría pronunciar sobre un caso en particular porque no conozco las condiciones”, puntualizó.

No obstante, también explicó:

Si esta persona a la que se alude tiene orden de aprehensión, no ha comparecido ante el juez y está en otro país, obviamente está sustraída de la acción de la justicia, entonces entraría en el supuesto constitucional de prófugo de la justicia y no podría ser candidato. Y también habría que ver en su momento que se requiere una residencia previa para poder competir por la presidencia de la República.

Aunque la ley no menciona la orden de aprehensión como impedimento directo, la combinación de orden judicial y la evasión activa de la justicia sí inhabilita a cualquier persona para ser candidato a la Presidencia o a una gubernatura.

Además de los procesos judiciales en su contra, Francisco García Cabeza de Vaca enfrenta otro obstáculo para buscar la Presidencia: la iniciativa de reforma constitucional que exige renunciar a la doble nacionalidad para poder ser candidato a presidente, gobernador o jefe de Gobierno. Presentada el 27 de agosto por la consejera jurídica Luisa María Alcalde, la propuesta establece que solo quienes sean exclusivamente mexicanos por nacimiento podrán contender por estos cargos.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el objetivo de la reforma es asegurar que el interés nacional esté por encima de cualquier otro, y que quienes asuman cargos ejecutivos no tengan compromisos con otro país. “Quien aspire a ser presidente o presidenta de la República, gobernador, gobernadora, jefe o jefa de gobierno deberá ser únicamente mexicano. No podrá tener ni adquirir otra nacionalidad y, si la tiene, deberá renunciar a ella antes de inscribirse como candidato”, señaló la mandataria.