Lineamientos sobre Audiencias abren puerta a censura, alerta Human Rights Watch: CRT podrá revertir fallos de defensores

Los Lineamientos Generales para los Derechos de las audiencias que impulsa el gobierno de México permitiría a la autoridad revertir decisiones de defensores internos y sancionar a medios por publicar información “falsa”, “descontextualizada” o “desactualizada”, lo que supone una amenaza directa para la libertad de expresión y el periodismo independiente, advirtió Human Rights Watch.

La organización internacional señaló que estos cambios se discuten mientras una funcionaria federal ha utilizado el segmento de transmisión gubernamental “Derecho de réplica” para señalar a periodistas y medios que, según ella, participan en un “esfuerzo coordinado” para difundir “noticias falsas”.

El proyecto de reglamento, anunciado este 28 de julio de 2026, otorgaría a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —dependiente del poder ejecutivo— la facultad de multar a los medios con hasta el 1 % de sus ingresos anuales si considera que incurrieron en alguna de estas faltas.

“La veracidad es un pilar fundamental del periodismo responsable, pero el gobierno no debería ser quien decida si los medios de comunicación están haciendo bien su trabajo”, afirmó Jorge Peniche, investigador senior para México en Human Rights Watch.

Peniche sostuvo que la mejor defensa contra la desinformación es un entorno mediático plural, no un organismo oficial con poder para sancionar a medios cuya cobertura el gobierno califique como inexacta.

Comisión podría revertir decisiones y multar a medios

La legislación mexicana reconoce los derechos de las audiencias desde 2014 y obliga a los medios de radiodifusión a autorregularse, establecer códigos de ética y designar oficinas de defensores de las audiencias.

La propuesta permitiría a cualquier persona apelar una decisión de estos defensores ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que podría revocarla y sancionar económicamente al medio involucrado.

Aunque la ley exige que la Comisión tenga “independencia técnica”, opera bajo la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, organismo con rango de secretaría de estado dentro del poder ejecutivo.

Sus integrantes son propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, donde Morena cuenta con mayoría calificada.

Estándares internacionales prohíben controles estatales sobre veracidad

México es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el derecho a buscar, recibir y difundir información.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que condicionamientos previos como veracidad, oportunidad o imparcialidad impuestos por el Estado son incompatibles con este derecho.

También afirma que las conductas éticas del periodismo “en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”.

Human Rights Watch alertó que las nuevas disposiciones pueden usarse para reprimir el periodismo independiente y que es probable que tengan un efecto intimidatorio, incluso si ese no fuera su objetivo central.

Consulta sobre derechos de audiencias: 82% rechaza lineamientos

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, organizada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), contó con la participación de 8,532 personas del 27 de julio al 21 de agosto de 2026.

Según un análisis de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 82.2% de los comentarios fueron en contra de los lineamientos propuestos, principalmente por preocupaciones de censura y el temor a que autoridades puedan modificar contenidos ya publicados.

Solo el 9.7% de los participantes se manifestó a favor y un 6.1% expresó apoyo con reservas o críticas parciales.

El análisis identificó que el 66% de los comentarios advirtió sobre el riesgo de censura administrativa, mientras que un 24.6% rechazó que una autoridad determine qué información es falsa o verdadera.

Además, el 34.2% defendió la autonomía de la audiencia para decidir sobre los contenidos.

Un 14.8% de los participantes cuestionó la dependencia de la CRT del poder Ejecutivo, y un 11.5% señaló que las obligaciones recaen en concesionarias y no en la comunicación oficial del gobierno.

Entre quienes apoyaron los lineamientos, los argumentos principales fueron la falta de mecanismos actuales para reclamar información veraz y el excesivo poder de los medios sin rendición de cuentas.

La consulta no registró eliminación ni edición de comentarios, y MCCI verificó su integridad con huellas criptográficas.

Organizaciones civiles como Artículo 19 y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico advirtieron que los lineamientos otorgan a la CRT facultades que rebasan lo permitido por la ley, permitiendo sanciones y decisiones sobre veracidad y contexto de la información.

La mayoría de los documentos anexos provinieron de universidades y organizaciones civiles, que en general pidieron cambios puntuales más que rechazos o apoyos totales.