EEUU reitera que el Cártel de Sinaloa no podría operar sin la ayuda de funcionarios corruptos

Un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró este viernes 21 de agosto que el Cártel de Sinaloa “no podría operar sin la ayuda de funcionarios corruptos”, de acuerdo con reportes de la agencia de noticias Reuters.

La declaración llegó horas después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunciara en redes sociales que retomaba sus funciones tras 112 días de licencia, en un movimiento que la agencia calificó como uno que “probablemente profundizará las tensiones entre México y Estados Unidos”.

Rocha Moya es el primer gobernador en funciones de México en enfrentar cargos formales ante la justicia estadounidense. El 29 abril de 2026, el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York publicó una acusación formal contra él y otros nueve funcionarios actuales y exfuncionarios de Sinaloa por conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y, en el caso de uno de los acusados, secuestro con resultado de muerte. El documento los vinculó con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

El Departamento de Estado no respondió preguntas sobre Rocha Moya

El portavoz —cuya identidad no fue divulgada— no respondió preguntas sobre cómo reaccionará Washington ante el regreso de Rocha al poder. La frase emitida fue la única respuesta oficial del gobierno estadounidense incluida en el reporte de Reuters, firmado por Diego Ore y Kylie Madry.

“El Cártel de Sinaloa trafica drogas letales a Estados Unidos y es una organización terrorista designada que no podría operar sin la ayuda de funcionarios corruptos” fue lo que declaró el portavoz, revelado este 21 de agosto.

Rocha Moya declaró su inocencia y regresó al cargo tras 112 días

En su mensaje publicado en X este viernes, Rocha Moya sostuvo que se sometió voluntariamente a la investigación de las instituciones mexicanas, incluyendo una comparecencia personal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y sus agentes del ministerio público. Dijo haber renunciado por “personal convicción” al fuero constitucional propio de su investidura para enfrentar las acusaciones “como un ciudadano llano, de frente”, aunque con el regreso al poder del estado ese blindaje constitucional regresará.

El gobernador señaló que, tras 112 días de investigación, la propia FGR informó en conferencia de prensa que “no existen los mínimos elementos de prueba” que sustenten su participación en conducta penal alguna. Con esa declaración como respaldo, anunció su regreso al cargo que asumió desde el 1 de noviembre de 2021 y que lo obliga a gobernar hasta el 31 de octubre de 2027.

Rocha Moya calificó las acusaciones de “falsas”, “patrañas” y “calumnias” con “motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera”. Reivindicó su pertenencia al proyecto de la Cuarta Transformación y expresó lealtad a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Horas después del texto publicado en las redes oficiales de Rocha Moya, el funcionario también compartió un video replicando parte de los mismos puntos.

Cabe señalar que este mismo día la Secretaría de Gobernación se deslindó del anuncio y precisó que la decisión fue personal; aclaró que la FGR mantiene abiertas las investigaciones sobre los diez hombres señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluido el gobernador.

Según reportes previos de este medio, únicamente 5 funcionarios declararon ante la FGR con relación al caso, entre ellos está Rocha Moya, quien asistió el pasado 26 de mayo de 2026 a las instalaciones de la fiscalía federal en Culiacán.

Los cargos contra Rocha Moya implican cadena perpetua

La acusación —identificada como S9 23 Cr. 180 y certificada el 23 de abril de 2026— imputa a Rocha Moya tres cargos. El primero es conspiración para la importación de narcóticos desde al menos 2012: fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en cantidades que activan las penas máximas del Código de Estados Unidos.

El segundo es posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos durante la comisión del delito de tráfico de drogas.

El tercero es conspiración para poseer esas mismas armas.

Los tres cargos en conjunto conllevan una pena mínima de 40 años y un máximo de cadena perpetua.

La acusación sostiene que Rocha Moya, como gobernador, habría garantizado a Los Chapitos control total sobre las fuerzas del orden estatales y locales de Sinaloa. Entre esas estaría la Fiscalía General del Estado, la Policía de Investigación de la misma fiscalía y la Policía Estatal.

A cambio, Los Chapitos le habrían proporcionado apoyo electoral y protección política. Los fiscales de EEUU señalan que ese esquema de corrupción operó de forma ininterrumpida desde su campaña en 2021 hasta la fecha de presentación de la acusación.

Los Chapitos habrían robado urnas y secuestraron candidatos para garantizar la elección de Rocha en 2021

El documento detalla que, a principios de 2021, Rocha Moya se reunió con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López -ya preso y en espera de sentencia en EEUU- en un encuentro custodiado por sicarios armados con ametralladoras. Los líderes de Los Chapitos le habrían prometido asegurar su elección como gobernador; a cambio, el entonces candidato prometió colocar en puestos de autoridad a funcionarios favorables al tráfico de drogas del cartel.

El día de las elecciones de junio de 2021, según la acusación, sicarios del cartel robaron papeletas y urnas del partido opositor siguiendo órdenes de Iván Archivaldo. Presuntamente utilizaron una lista de nombres y domicilios de candidatos rivales que Enrique Díaz Vega —entonces secretario de Administración y Finanzas— habría entregado previamente a Los Chapitos para secuestrarlos e intimidarlos hasta que se retiraran de la contienda.

La Policía Estatal de Sinaloa supuestamente recibió instrucciones de no acercarse a los recintos electorales, incluso ante denuncias de robo de urnas en Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota, y de individuos armados con pistolas y palos que golpeaban a votantes para obligarlos a votar por los candidatos favoritos del cartel. Siguiendo instrucciones, los agentes presuntamente no intervinieron.

Tras la victoria electoral, la acusación señala que Rocha Moya y el actual senador Enrique Inzunza Cázarez se reunieron de nuevo con los líderes de los Chapitos. En esa reunión, también custodiada por sicarios armados, los Chapitos recordaron el apoyo brindado en la campaña y Rocha Moya habría confirmado que los Chapitos tendrían el control de la Policía Estatal de Sinaloa para operar sin interferencia del orden público estatal.

Además, la acusación de EEUU señala que se coordinó con agentes corruptos para realizar detenciones selectivas de rivales del cartel, con el fin de aparentar ante la opinión pública que su administración mejoraba la seguridad en Sinaloa.

Los nueve coacusados ocuparon cargos en Sinaloa

Junto a Rocha Moya, la acusación señala por nombre a nueve funcionarios. El senador Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Sinaloa, quien presuntamente se reunió con líderes del cartel y acordó planes para protegerlo a cambio de favores políticos.

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, habría entregado a los Chapitos la lista de opositores electorales y actuó como enlace entre el cartel y Rocha Moya. Reportes periodísticos señalan que él ya se entregó a autoridades estadounidenses para negociar, aunque no está confirmado.

El vicefiscal general Dámaso Castro Zaavedra habría recibido aproximadamente 200 mil pesos mensuales a cambio de alertar a los Chapitos sobre operaciones de la DEA.

Marco Antonio Almanza Avilés y su sucesor Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, jefes sucesivos de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, habrían cobrado 300 mil pesos mensuales para liberar a miembros de los Chapitos detenidos y facilitar el transporte de precursores de fentanilo.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública que ya se entregó a EEUU, habría recibido más de 100 mil dólares mensuales y habría alertado al cartel de al menos diez redadas a laboratorios de drogas en 2023.

José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal, cobró 100 mil pesos al mes y habría vendido munición y cargadores para rifles de asalto a miembros del cartel.

El alcalde con licencia de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil habría recibido más de 10 mil dólares mensuales para permitir que los Chapitos operaran en la ciudad sin interferencia.

El excomandante municipal Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, habría aceptado aproximadamente 41 mil dólares al mes para distribuir entre él y más de 40 agentes; la acusación lo señala además de haber participado en el secuestro y homicidio de una fuente confidencial de la DEA y de sus familiares, entre ellos un menor de 13 años, en octubre de 2023. Acto en el que también es señalado Néstor Isidro Pérez, alias “Nini”, exjefe de plaza de los Chapitos en Culiacán que ya fue entregado a EEUU.

Hasta el día de hoy, la FGR ha declinado actuar sobre los esfuerzos de Washington por llevar a los acusados a juicio, argumentando que no se proporcionó evidencia suficiente para justificar órdenes de aprehensión ni extradición.