
Un juez federal declaró privada la audiencia inicial de Fausto Corrales Rodríguez, testigo presencial del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y del asesinato del exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), que invocó riesgos a la seguridad nacional. La diligencia se celebró este jueves en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, sin acceso de medios ni público, dos años después de los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa.
La FGR acusa a Corrales Rodríguez de encubrimiento en el homicidio de Cuén Ojeda y de falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.
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La diligencia se celebra este jueves en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, sin acceso de medios ni público. Su defensa no se opuso a la solicitud de audiencia cerrada.
La audiencia a puerta cerrada
Este jueves, Corrales Rodríguez compareció ante el juez de control Mario Elizondo Martínez en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. La fiscal encargada del caso, adscrita a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, solicitó que la diligencia fuera privada con dos argumentos: la investigación corre en paralelo con otros procesos que aún tienen actos pendientes, y los datos del expediente implican un posible riesgo para la seguridad nacional.
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El juez Elizondo Martínez ordenó el retiro de periodistas y público de la sala. La defensa de Corrales Rodríguez no presentó objeción.

Durante la diligencia, el Ministerio Público presentó la acusación formal por los delitos de encubrimiento y falsedad de declaraciones. El juzgador también precisó que la puesta a disposición del detenido se computaría desde las 14:55 horas del miércoles, es decir, cuando quedó en manos de las autoridades, y no desde las 19:00 horas, momento en que ingresó al penal federal del Altiplano.
Quién es Fausto Corrales y qué presenció
Corrales Rodríguez es hijo del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Víctor Antonio Corrales Burgueño. El 25 de julio de 2024 acompañó al entonces rector Cuén Ojeda a una reunión en la finca Huertos del Pedregal, también conocida como “Santa Julia”, ubicada en las afueras de Culiacán.
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Fue en ese predio donde, según las investigaciones de la FGR, Cuén Ojeda fue privado de la vida y el capo Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue emboscado, encapuchado, atado y trasladado por la fuerza hasta una pista clandestina. Desde ahí lo llevaron en avión al aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, donde fue detenido por autoridades estadounidenses junto a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

En una carta difundida en agosto de 2024 a través de su abogado Frank Pérez, Zambada relató que Guzmán López lo convocó a esa reunión con el pretexto de mediar una disputa entre Cuén Ojeda y el gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya por el control de la UAS. Sobre el destino del exrector, el capo fue directo.
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Corrales Rodríguez fue una de las primeras personas entrevistadas tras los hechos y su declaración se convirtió en una de las pruebas más citadas del caso. Según la FGR, también fue una de las últimas personas en ver con vida al exrector.
Las contradicciones que lo llevaron al Altiplano
La versión que Corrales Rodríguez ofreció ante las autoridades no resistió el escrutinio pericial. En su declaración inicial sostuvo que Cuén Ojeda había sido asesinado por dos jóvenes en motocicleta en una gasolinera Pemex. Esa versión fue avalada y difundida oficialmente por la entonces fiscal estatal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, quien presentó su renuncia el 16 de agosto de 2024 tras los señalamientos en su contra.
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Los peritajes de la FGR detectaron manchas hemáticas del exrector dentro de la finca Huertos del Pedregal, lo que situó el asesinato en ese predio y no en la gasolinera. La institución determinó que se trató de un montaje y descalificó las actuaciones de la fiscalía estatal sinaloense.
Con base en esos elementos, un juez de control federal libró una orden de aprehensión. El 19 de agosto de 2026, a las 12:17 horas, agentes de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos detuvieron a Corrales Rodríguez en el centro comercial Miyana, en la colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
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Al momento de la detención vestía pantalón de mezclilla y camisa blanca. Las autoridades lo describieron como un hombre de complexión delgada, tez morena clara, con barba y lentes.
Primer avance en dos años y reacción de Sheinbaum
La aprehensión de Corrales Rodríguez representa el primer avance procesal concreto en un caso que llevaba dos años sin detenidos. La FGR, encabezada por Ernestina Godoy, había confirmado en mayo de 2026 que la investigación “no se encuentra ni archivada ni suspendida, sino que ha continuado su integración”.

El expediente fue reservado hasta 2031 bajo el argumento de que su divulgación representa un “riesgo real” para el interés público y la seguridad nacional.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó la detención de “relevante” durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. “Esperamos que ayude a aclarar qué fue lo que pasó”, dijo en referencia al traslado forzado de Zambada a territorio estadounidense.
Sheinbaum recordó que la FGR ha informado en reiteradas ocasiones que las investigaciones del caso siguen abiertas, y remitió a la fiscalía para que detalle las implicaciones procesales del arresto.
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