Gobierno federal sanciona a 41 servidores públicos con inhabilitaciones de hasta 10 años

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este 16 de agosto que logró sancionar a 41 personas servidoras públicas por faltas graves y no graves, con inhabilitaciones de hasta 10 años y multas por un total mayor a 22.4 millones de pesos, en resoluciones que alcanzan a dependencias como CFE, IMSS, SAT, Guardia Nacional, Pemex y Semarnat.

Entre los casos con mayor castigo están dos exfuncionarios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, Luis R. y José B., quienes recibieron inhabilitación por 10 años y sanciones económicas de 12.2 y 8.7 millones de pesos, respectivamente. Ambos autorizaron el pago de cinco facturas entre 2018 y 2019 sin comprobar la totalidad de los servicios contratados para un Sistema de Gestión Gubernamental, lo que ocasionó un perjuicio por 20 millones de pesos.

De acuerdo con la dependencia, las sanciones por faltas graves fueron impuestas por el TFJA a partir de investigaciones realizadas por la Unidad de Responsabilidades en la CFE y por órganos internos de control en Birmex, Semarnat, Secretaría de Cultura, IMSS, Banjército, AICM, DIF y SAT. Las faltas no graves fueron resueltas por unidades de responsabilidades y órganos internos de control en 13 instituciones.

CFE y Birmex concentran algunos de los castigos más altos

En la CFE, Christian S., de la Zona de Distribución Coatzacoalcos, Veracruz, fue inhabilitado por 10 años y multado con 450 mil pesos por ingerir bebidas alcohólicas y manejar a exceso de velocidad un vehículo oficial en 2020. El auto se volcó y la dependencia reportó pérdida total del vehículo y del equipo hidráulico ensamblado en él.

Iliana R., de la Central Termoeléctrica Presidente Juárez en Ensenada, Baja California, recibió inhabilitación por 10 años y multa de 273 mil pesos porque entre junio de 2020 y mayo de 2022 obtuvo 13 pagos de nómina en demasía por prima vacacional y no los notificó ni los devolvió.

Eduardo A., de la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, fue suspendido 60 días por usar en 2022 el vehículo oficial asignado para trasladarse a Monclova, Coahuila, junto con otra trabajadora para actividades personales. El trayecto fue de aproximadamente 127 kilómetros.

En Semarnat, Roberto M., de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia en CDMX, fue destituido, inhabilitado por 10 años y multado con 700 mil pesos por autorizar en 2018 un pago por transporte terrestre, hospedaje y alimentación a una empresa sin tener atribuciones para ello.

Erik L., adscrito a la biblioteca pública de Tulum, Quintana Roo de la Secretaría de Cultura, fue inhabilitado por 10 años y multado con 114 mil pesos por presentar entre febrero y octubre de 2022 listas de asistencia falsas para cobrar su salario sin haberlo devengado.

IMSS, SAT, AICM y Banjército también aparecen en las resoluciones

En el IMSS, María S., del Área de Recursos Humanos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, fue inhabilitada por tres meses por firmar en 2023 un documento para la contratación de su hija.

Otoniel A., de Banjército, de la Coordinación de Archivos en CDMX, fue inhabilitado por 10 años y multado con 124 mil pesos por vender en 2020 a una empresa recicladora 37 mil cajas de archivo con documentación institucional y obtener ese beneficio junto con su esposa.

En el AICM, Karlos M., Juan R. y Jordi M., de Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, fueron inhabilitados por tres meses por elaborar, revisar y autorizar en 2022 una justificación para cancelar la licitación pública del servicio de limpieza en las terminales 1 y 2 sin contar con esas funciones. La resolución establece que esa actuación puso en riesgo la continuidad del servicio.

En el DIF nacional, Jesús H., de la “Casa Hogar para Varones” en CDMX, fue suspendido por 30 días por aumentar en 2022 la jornada laboral de una servidora pública hasta 60 horas semanales sin autorización de Recursos Humanos, lo que le causó afectaciones físicas y emocionales.

Oscar L., de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Baja California 2 del SAT en Tijuana, recibió suspensión por 30 días por responder fuera de plazo en 2024 a una solicitud de aclaración de irregularidades fiscales, lo que dejó sin efectos el uso de la firma electrónica de una contribuyente para expedir facturas.