
Desde que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, murió en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026, y su hijastro Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” o “El 03″, asumió el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Estados Unidos ha respondido con una ofensiva sin pausa: cinco acciones en menos de seis meses que combinan arrestos en Europa, sanciones financieras y recompensas por más de 102 millones de dólares.
El ritmo de los golpes no tiene precedente en la historia reciente de la persecución al CJNG. Desde marzo hasta agosto de 2026, el Departamento de Justicia, el Tesoro y la DEA han actuado de forma coordinada, con el objetivo declarado de desmantelar al cártel que el gobierno de Donald Trump designó como organización terrorista extranjera desde el 20 de febrero de 2025.
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El principal objetivo de la cacería ahora es Juan Carlos Valencia González, quien no sólo llegó a la cúpula del CJNG por ser hijastro de “El Mencho”. Es hijo de Rosalinda González Valencia, “La Jefa”, operadora financiera del CJNG, y de Armando Valencia Cornelio, fundador del extinto Cártel del Milenio. Antes de asumir el mando, fundó el Grupo Delta y el Grupo Élite, el brazo armado más temido del cártel.
El primer golpe: un armero de Arizona

El 25 de marzo de 2026, un gran jurado federal en Phoenix presentó una acusación formal contra Laurence Gray, de 65 años, dueño de la armería Grips By Larry en Hereford, Arizona, y ex titular de una licencia federal de armas de fuego. La acusación agregó cargos de apoyo material al terrorismo a los que ya enfrentaba Gray desde 2025 por tráfico de armas.
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Según la acusación, Gray intentó proveer armas al CJNG en mayo de 2025 y conspiró para abastecer tanto al cartel jaliscience como al Cártel de Sinaloa ese mismo año. Ambas organizaciones ya habían sido designadas como organizaciones terroristas extranjeras el 20 de febrero de 2025.
Gray enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo de apoyo al terrorismo, más penas adicionales por tráfico de armas y compras de prestanombres. El caso forma parte de la Operación Take Back America, el programa nacional con el que el Departamento de Justicia coordina la persecución de cárteles y organizaciones criminales transnacionales.
El segundo golpe: el Tesoro sanciona la red de huachicol del CJNG

El 30 de junio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) anunciaron sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas vinculadas a esquemas de robo y contrabando de combustible —conocido en México como huachicol— a favor del CJNG.
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Entre los designados figura Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como contador y arquitecto financiero de la operación de huachicol del cártel. Juraidini crea empresas fantasma, falsifica documentos aduanales y compra combustible en Estados Unidos para introducirlo a México sin pagar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la carga fiscal que aplica a las importaciones de gasolina y diésel. Sus operaciones generan decenas de millones de dólares al año para el CJNG, según el Tesoro.

El segundo designado, J. Refugio Ruiz Villagomez, opera las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, ambas vinculadas al huachicol fiscal. Ruiz Villagomez paga cuotas a cárteles y organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre Estados Unidos y México para poder mover el combustible sin contratiempos. Las dos empresas transaccionaron decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense con terceros ligados al CJNG.
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En los 12 meses previos al anuncio, FinCEN recibió más de 160 reportes de actividad sospechosa que documentan más de 7,000 millones de dólares en transacciones irregulares vinculadas principalmente a México y con presencia frecuente del CJNG.
Texas y Florida son los estados estadounidenses más involucrados. En el primero, los sujetos se concentran en ciudades fronterizas como Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen, en su mayoría ligados a las industrias del petróleo, el gas y el transporte.
El tercero: la sanción más grande contra 50 individuos y entidades
El 23 de julio de 2026, el Tesoro ejecutó la acción más amplia de su historia contra el CJNG: sanciones contra más de 50 individuos y entidades en México. El paquete incluyó, por primera vez, la designación directa de Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, como nuevo líder del cártel. Nacido el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, Valencia González tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense, y enfrenta cargos federales desde 2020 ante un tribunal del Distrito de Columbia por tráfico de drogas y uso de armas de fuego.
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El paquete también apuntó a la red de “El Jardinero” —Audias Flores Silva, detenido en México el 27 de abril de 2026— a través de su esposa, su prima, su piloto de confianza y empresas que operaban en sectores de gasolina, ropa al mayoreo y bebidas alcohólicas.
Otra red sancionada ese día fue la de Gerardo Botello Rozalez, alias “El Cachas”, arrestado en 2018 mientras fungía como guardaespaldas de la esposa de “El Mencho”. Su red incluía a sus sobrinos —ambos ex policías municipales en Tepalcatepec, Michoacán— y una empresa de zapatos para bebé como fachada.

El mismo paquete designó a los hermanos Marcial Apolinar Díaz Robles y Pedro Marcial Díaz Robles, originarios de Guadalajara, Jalisco, identificados como traficantes de cocaína con vínculos directos al círculo íntimo del CJNG y operaciones de envío hacia Estados Unidos y Europa. El intermediario Jorge Zepeda Rodríguez pagó millones de dólares a los gemelos por acceso a puertos mexicanos para mover sus cargamentos.
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Entre los designados figura también una red de siete lavadores de dinero con base en Zapopan y Guadalajara que recolectaban efectivo de las ganancias del narcotráfico en varias ciudades de Estados Unidos, transferían los fondos a México a través de distintos instrumentos financieros y los devolvían al cártel descontando un porcentaje como comisión. La red habría lavado decenas de millones de dólares al año desde al menos 2023.
El cuarto: recompensas por 102 millones de dólares y cargos contra cinco líderes
El 5 de agosto de 2026, el Departamento de Justicia, en coordinación con la DEA, el FBI y la HSI, anunció cargos penales recién desclasificados contra cinco altos mandos del CJNG y elevó las recompensas por ocho fugitivos a un total de más de 102 millones de dólares.
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La recompensa más alta —25 millones de dólares— corresponde a Valencia González. Le siguen Audias Flores Silva, “El Jardinero”, y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, con 15 millones cada uno, y Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”, Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”, y Ricardo Ruiz Velasco, “RR”, con 10 millones cada uno.
Según documentos judiciales, “El Tarjetas” y “La Firma” fundaron y lideraron el Grupo Élite, el brazo armado del CJNG que operó campos de adiestramiento donde los reclutas aprendían a manejar lanzacohetes, ametralladoras calibre .50 y granadas propulsadas por cohete. El grupo tenía más de 1,000 hombres bajo su mando y controlaba la plaza de Guadalajara, una de las más estratégicas del cártel.
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“El Sapo”, ahijado de El Mencho, se encargó de conseguir la mayoría del armamento del CJNG, entrenó a sicarios en los campos del cártel y supervisó operaciones de reclutamiento forzado y ejecución en varios territorios. Ruiz Velasco, otro líder del Grupo Élite, supervisó todas las operaciones del CJNG en varias plazas: tráfico de drogas, sobornos, adquisición de armas y distribución de metanfetamina, fentanilo y heroína dentro de Estados Unidos.
Los cargos también incluyeron a Griselda Margarita Arredondo Pinzón, media hermana de Montero Pinzón, acusada junto a él y a Rivera Varela de operar un esquema de fraude de tiempos compartidos que habría defraudado a miles de ciudadanos estadounidenses por cientos de millones de dólares.
El quinto: cuatro detenidos en República Checa, uno es el ahijado del “Jardinero”

El golpe más reciente llegó el 11 de agosto de 2026, cuando el Departamento de Justicia desclasificó la acusación contra cuatro miembros del CJNG arrestados en República Checa entre el 10 y el 11 de junio pasado.
Dos de ellos —Édgar Alejandro López Velasco y José Miguel Alvarado Morales— ya fueron extraditados a Estados Unidos y comparecieron ante un juez el 10 de agosto.
Alvarado Morales, de 23 años y con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, es ahijado de “El Jardinero”. La acusación lo identifica como representante de un alto mando del CJNG en la operación de compra de armamento en Europa.
López Velasco, de 44 años, estaba afiliado a “El Sapo”, identificado por las autoridades como jefe de plaza en Puerto Vallarta, Jalisco, y señalado por ordenar el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en diciembre de 2020 y el atentado contra el entonces jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en junio de ese mismo año.
Según el Departamento de Justicia, López Velasco y Noé Díaz Jiménez comenzaron a negociar en febrero de 2026 la adquisición de armas en República Checa: ametralladoras europeas, lanzagranadas RPG, lanzamorteros de 61 milímetros y munición. El pago pactado era en fentanilo y metanfetamina destinados al mercado estadounidense. El cuarto detenido, Leobardo Gaxiola López, “Bado”, de 63 años, fungía como intermediario y habría presentado a López Velasco con los traficantes de armas a cambio de una comisión.
Los cuatro viajaron a República Checa entre el 9 y el 10 de junio para cerrar el trato y conocer a posibles proveedores de precursores químicos para fabricar drogas sintéticas.
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