
El expresidente de México Vicente Fox Quesada salió nuevamente en defensa de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien permanece en prisión preventiva y enfrenta un proceso penal por su presunta participación en una red relacionada con contrabando de hidrocarburos y huachicol fiscal.
A través de una serie de publicaciones en redes sociales realizadas el sábado 8 de agosto, el exmandatario panista cuestionó el proceso judicial contra Ruffo y sostuvo que se intenta silenciar a una persona que calificó como “honesta, valiente, íntegra, firme y convencida de sus principios”. Fox también planteó que el caso podría tener consecuencias para las libertades democráticas en México.
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El respaldo ocurre semanas después de que Ernesto Ruffo fuera detenido y posteriormente vinculado a proceso por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. La Fiscalía General de la República (FGR), por su parte, ha rechazado que las investigaciones respondan a una persecución política y asegura contar con decenas de datos de prueba contra los imputados.
En sus publicaciones, Vicente Fox aseguró que el proceso contra el exgobernador de Baja California no solamente debe analizarse desde el ámbito judicial, sino también por sus posibles implicaciones políticas y democráticas.
“Cuando se pretende silenciar a un hombre honesto, valiente, íntegro, firme y convencido de sus principios, no solo se ataca a una persona: se ataca la libertad de todos”, señaló Fox, quien agregó que “la justicia no debe tener partido” y que la libertad tampoco debería estar condicionada por posiciones políticas.
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El expresidente también cuestionó lo que considera una posible persecución contra quienes mantienen posiciones críticas frente al gobierno.
“Pensar diferente no debería ser un delito”, expresó Fox, quien argumentó que en una democracia disentir del oficialismo constituye un derecho. Asimismo, advirtió que una situación como la que, desde su perspectiva, enfrenta Ruffo podría afectar posteriormente a otros ciudadanos.
Finalmente, el exmandatario llamó a defender la libertad, la justicia, los derechos humanos y el Estado de derecho, y advirtió que México no debería retroceder en esas materias.
No obstante, las acusaciones de persecución política formuladas alrededor del caso han sido rechazadas expresamente por la FGR, que sostiene que la investigación deriva de pesquisas sobre una presunta red de contrabando y no de la trayectoria o militancia política del exgobernador.
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¿De qué acusan a Ernesto Ruffo Appel?
Ernesto Ruffo Appel fue detenido el pasado 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, como parte de una investigación federal sobre una presunta estructura dedicada a introducir y comercializar combustible de manera irregular en México.
La Fiscalía General de la República sostiene que la investigación permitió identificar una estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos, cuya operación incluía el traslado de combustible mediante ferrotanques.
Ruffo ha sido relacionado en las investigaciones con Ingemar, empresa de la que reconoció previamente ser accionista no mayoritario. Antes de su detención, el político panista había sostenido que la compañía se dedicaba a realizar trámites relacionados con la importación de combustibles y rechazó conocer posibles irregularidades.
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Tras su captura, un juez federal le impuso prisión preventiva y posteriormente, el 23 de julio, fue vinculado a proceso junto con otras personas por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Actualmente permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, en el Estado de México.
La investigación de las autoridades apunta a una operación de gran escala. De acuerdo con información conocida durante el proceso, la red bajo investigación habría movilizado cientos de millones de litros de gasolina y diésel procedentes de Estados Unidos mediante operaciones ferroviarias y carreteras.
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FGR niega persecución política contra Ernesto Ruffo
Frente a los señalamientos realizados desde sectores de oposición, la Fiscalía General de la República ha asegurado que el proceso contra Ruffo no está relacionado con sus posiciones políticas.
La dependencia informó a finales de julio que había integrado 96 datos de prueba como parte de la investigación. Entre los elementos mencionados se encuentran peritajes químicos para establecer las características de los hidrocarburos asegurados, así como dictámenes técnicos para determinar la capacidad de los ferrotanques y los volúmenes transportados.
Según la Fiscalía, fueron las investigaciones sobre las operaciones de combustible las que llevaron a identificar la posible participación de las personas posteriormente vinculadas a proceso. Por esa razón, la institución rechazó que el procedimiento pueda calificarse como una persecución política.
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La FGR también ha señalado que las indagatorias deben desarrollarse respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas.
De esta manera, el caso mantiene dos narrativas enfrentadas: mientras Vicente Fox y otros actores políticos cuestionan el proceso contra Ruffo y advierten sobre un posible uso político de la justicia, la Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento penal.
Defensa de Ernesto Ruffo mantiene dos amparos
Mientras continúa el proceso penal, los abogados de Ernesto Ruffo promovieron dos juicios de amparo ante juzgados ubicados en Ensenada y Tijuana.
Uno de los recursos reclama posibles actos relacionados con privación ilegal de la libertad, incomunicación y eventuales malos tratos. El segundo está relacionado con aspectos de la orden de aprehensión y el traslado del exgobernador fuera de Baja California.
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La defensa también ha planteado presuntas irregularidades relacionadas con su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones, además de problemas en la comunicación con abogados y familiares y aspectos vinculados con su atención médica.
Los dos recursos permanecen en trámite, mientras Ruffo continúa sujeto a prisión preventiva en el Altiplano y avanza la investigación de la FGR.
El caso tiene además un fuerte componente político por la trayectoria de Ruffo dentro del Partido Acción Nacional (PAN). El político bajacaliforniano se convirtió en 1989 en el primer gobernador surgido de un partido de oposición al PRI en décadas, por lo que es considerado una de las figuras históricas del panismo.
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Ahora, el respaldo público de Vicente Fox vuelve a colocar el proceso judicial en el centro del debate político, mientras corresponderá a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades individuales a partir de las pruebas presentadas y bajo el principio de presunción de inocencia.
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