La Secretaría de las Mujeres manifestó su “profunda indignación y enérgica condena” por el caso de una niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas, quien presenta un embarazo de aproximadamente cinco meses y habría sido víctima de violencia sexual.
A través de un posicionamiento, la dependencia hizo un llamado a las autoridades para garantizar la protección integral de la menor, así como la restitución de sus derechos y el acceso a atención médica, psicológica, jurídica y social especializada.
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La Secretaría enfatizó que cualquier embarazo infantil es consecuencia de una situación de abuso sexual y constituye un delito, además de representar un riesgo para la vida y el bienestar de la menor.
Por ello, pidió que su atención se realice con perspectiva de género, de manera confidencial y sin actos que puedan provocar una nueva afectación.
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Fiscalía de Tamaulipas investiga posible abuso sexual
El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que abrió una carpeta para determinar quién sería el responsable de la agresión.
El expediente se inició después de que la menor ingresara al Hospital General de Zona No. 13 del IMSS, en Matamoros, donde fue valorada por personal médico. Tras detectar el embarazo, la institución activó sus protocolos de protección y notificó a las autoridades correspondientes.
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El DIF Matamoros también intervino después de recibir un reporte anónimo a través del número de emergencias 911.
Personal del organismo acudió al domicilio de la familia, aunque para entonces la madre ya había presentado una denuncia y la niña se encontraba bajo atención hospitalaria.
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IMSS mantiene atención médica especializada a la niña
El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que desde el ingreso de la menor al hospital recibió atención médica especializada.
La institución señaló que se activaron los mecanismos establecidos para la atención de casos que involucran posibles delitos contra niñas, niños y adolescentes.
Mientras continúa la investigación, los médicos evalúan las condiciones del embarazo y determinan si requiere permanecer bajo supervisión hospitalaria.
De manera paralela, el DIF analiza las condiciones del entorno familiar para determinar cuáles son las medidas de protección más adecuadas para la niña, incluida la posibilidad de que permanezca bajo resguardo institucional si fuera necesario.
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Autoridades revisan entorno familiar y posibles responsables
Las investigaciones también contemplan revisar a las personas que tenían contacto con la menor y las condiciones en las que se encontraba bajo cuidado familiar.
Hasta el momento, no existe una persona formalmente señalada como responsable ni se ha informado sobre alguna detención.
Algunas personas del entorno familiar han acudido ante la Fiscalía para rendir declaración, mientras las autoridades continúan recabando información.
Entre los elementos que se analizan se encuentra el relato proporcionado por la familia sobre personas que tenían acceso al domicilio. Sin embargo, las autoridades deberán determinar mediante la investigación ministerial si existe alguna responsabilidad.
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Entre las acciones que realizan las instituciones se encuentran:
- Atención médica especializada para la menor.
- Investigación de la Fiscalía por el probable delito sexual.
- Evaluación psicológica y social.
- Revisión del entorno familiar por parte del DIF.
- Determinación de posibles medidas de protección y resguardo.
Secretaría pide no revictimizar a la niña
La Secretaría de las Mujeres también dirigió un llamado a medios de comunicación y creadores de contenido para evitar juicios, señalamientos, discriminación o cualquier difusión que pueda responsabilizar a la menor por lo ocurrido.
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La dependencia sostuvo que la prioridad debe ser proteger a la niña y garantizar plenamente sus derechos. Asimismo, reiteró que la violencia sexual contra niñas constituye una grave vulneración de derechos humanos y una expresión inadmisible de violencia de género.
La investigación continúa abierta y, hasta ahora, no se ha informado de una persona detenida o imputada.
Las autoridades deberán esclarecer los hechos y, al mismo tiempo, garantizar que la menor reciba acompañamiento especializado acorde con su edad y en condiciones que eviten cualquier forma de revictimización.
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