Ayotzinapa: los videos del autobús 1531, la última imagen de los 43 normalistas que Ángel Aguirre ordenó destruir

Durante casi 12 años, una pregunta persiguió el caso Ayotzinapa: ¿qué captaron las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala la noche en que desaparecieron los 43 normalistas? Las autoridades sostuvieron durante años que esas grabaciones no existían por supuestas fallas técnicas. Hoy, la Fiscalía General de la República (FGR) afirma que sí existieron, que mostraban el último rastro de un grupo de estudiantes con vida y que fueron retiradas deliberadamente para ocultarlas.

Esa acusación es la que llevó este 6 de agosto a la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Según la FGR, las videograbaciones del Palacio de Justicia fueron sustraídas y entregadas directamente al entonces mandatario estatal por instrucciones suyas, en lo que la institución describe como una operación para desaparecer una de las pruebas más importantes del caso Ayotzinapa.

En los videos se captaron imágenes del autobús Estrella de Oro 1531, uno de los cinco vehículos en los que viajaban esa noche estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Las cámaras 12 y 15, instaladas al exterior del Palacio de Justicia, lo captaron en el momento exacto en que era detenido, pero esas grabaciones nunca llegaron a la investigación inicial. Las versiones oficiales de 2014 las explicaron con una coartada técnica: fallas en el sistema.

El último rastro conocido de los normalistas

Según la reconstrucción de Forensic Architecture —agencia de investigación comisionada por el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Centro ProDH en un reporte publicado en septiembre de 2017— y las investigaciones del GIEI, el autobús 1531 salió de la Central Camionera de Iguala alrededor de las 21:20 horas a la cabeza de un convoy de cuatro autobuses con dirección al norte de la ciudad, seguido de los Costa Line 2012 y 2510 y el Estrella de Oro 1568.

Diez minutos después, al llegar a la calle Galeana, policías municipales intentaron bloquear el paso del convoy con disparos al aire. En la confusión, el 1531 se separó del resto de las unidades y tomó una ruta hacia el este.

Hacia las 21:40 horas, el autobús fue interceptado bajo un puente, frente al Palacio de Justicia de Iguala. Cuatro patrullas de la Policía Municipal rodearon la unidad. Con el paso de los minutos llegaron más corporaciones: patrullas ministeriales, de la Policía Federal y más unidades municipales, hasta conformar un cerco de alrededor de 12 patrullas. La investigación también ubica en la escena a un agente de inteligencia militar que presuntamente tomó fotografías con su celular.

Alrededor de las 22:30 horas, los policías utilizaron gas lacrimógeno para obligar a los estudiantes a descender del autobús. Una vez afuera, entre 12 y 15 normalistas fueron golpeados. Tres patrullas de la Policía Municipal de Huitzuco participaron en el operativo, según testigos protegidos citados por la FGR. Los estudiantes fueron subidos por la fuerza a vehículos policiales y trasladados hacia el sur, en dirección a Chilpancingo.

Todo ese proceso ocurrió frente a las cámaras 12 y 15. Las grabaciones habrían captado la secuencia completa: la llegada del 1531, el cerco policial, los golpes y la detención de los normalistas. Es la última imagen conocida de ese grupo de estudiantes antes de su desaparición.

A las 23:10 horas, 14 estudiantes sobrevivientes que habían escapado de otro autobús regresaron al Palacio de Justicia a buscar a sus compañeros. Desde el puente observaron el 1531 vacío y bajo resguardo policial. Entre las 00:15 y las 00:40 horas del 27 de septiembre, una grúa retiró el autobús del lugar.

El chofer del 1531 vio quién daba las órdenes

El conductor del autobús declaró ante las autoridades lo que vivió después de que los estudiantes fueron bajados a la fuerza. Fue sacado del vehículo y sentado entre dos policías encapuchados. En ese momento se acercó un hombre.

“Al llegar me sentaron entre dos policías encapuchados y salió un señor con camisa blanca y pantalón negro, el cual se veía con el cuerpo de una persona que hace ejercicio”, declaró el chofer, según el expediente citado por Emeequis.

El hombre preguntó quién era. Los policías respondieron que era el conductor del autobús. La respuesta fue: “Pues llévenselo también, ya saben dónde”. Segundos después rectificó: “Déjenlo que se largue”.

El conductor sobrevivió. Los estudiantes que viajaban en el 1531, no.

El GIEI confirmó los videos en 2015; la PGR nunca los solicitó

El GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el caso de forma independiente, supo de la existencia de las grabaciones a través de una magistrada de Iguala y posteriormente de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Ambas las habían visto.

El GIEI solicitó formalmente a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) que investigara el paradero del material. Lo que documentó el grupo fue más grave que una omisión: la PGR no desconocía que el Palacio de Justicia pudiera tener evidencia, simplemente nunca indagó si existía. Habían transcurrido diez meses desde los hechos.

La investigación del GIEI confirmó que existían grabaciones de las cámaras del Palacio de Justicia en las que se veía la presencia del autobús y las agresiones contra los normalistas. Los videos no aparecieron.

Aguirre estuvo en las reuniones donde se diseñó la “verdad histórica”

Según las conclusiones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), el 7 y 8 de octubre de 2014, once días después de la desaparición de los normalistas, se celebraron reuniones de alto nivel en la Residencia Oficial de Los Pinos, en la sede del 27° Batallón de Infantería de Iguala y en las oficinas de la entonces PGR.

El objetivo fue diseñar e implementar una versión falsa de los hechos para resolver el caso de forma acelerada y modificar la opinión pública. Esa versión sería bautizada después por el entonces procurador Jesús Murillo Karam como la “verdad histórica”.

En esas reuniones estuvieron el entonces presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, el procurador Murillo Karam y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, entre otros funcionarios federales. Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero al momento de los hechos, también estuvo presente.

En agosto de 2022, tras la detención de Murillo Karam, Aguirre negó también esa participación: “Nunca me reuní con Murillo Karam para participar en la construcción de la supuesta ‘verdad histórica’, son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila”, declaró en aquella ocasión.

Dos testigos protegidos

El 29 de julio de 2026, ocho días antes de la detención de Aguirre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en su conferencia matutina en Palacio Nacional la existencia de nuevas indagatorias en el caso.

“Hay nuevas investigaciones y estamos esperando poderle dar toda la información a los padres y madres de Ayotzinapa para que se pueda hacer público lo que se ha encontrado”, declaró.

La FGR desarrolló un reanálisis de las actuaciones del caso bajo su nuevo modelo de investigación. Ese proceso produjo dos testimonios que la institución considera determinantes.

En enero de 2026, un testigo colaborador confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a la persona responsable de sustraerlas para entregarlas de manera directa a Aguirre Rivero. El testigo declaró además haber recibido amenazas que, en sus palabras, explicaban su silencio previo.

En mayo de 2026, un segundo testigo protegido señaló al exgobernador de haber convocado una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno para ordenar la desaparición de cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos frente al Palacio de Justicia de Iguala.

“La Fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”, declaró la titular de la FGR Ernestina Godoy Ramos en conferencia.

“Lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal.”

Con base en esos elementos, un juez federal libró la orden de aprehensión. El 6 de agosto de 2026, a las 09:46 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Aguirre Rivero sobre la autopista México-Querétaro, cerca de la caseta de cobro en la colonia Cedros de Tepotzotlán. A las 15:25 horas ingresó al Cefereso Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, acusado de delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.

En mayo de 2025, tras la detención de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, por su presunta intervención en el ocultamiento de las grabaciones, Aguirre había emitido un comunicado: “Nunca tuve conocimiento de los videos que se dice destruyó la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia” y “jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio”.

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos informaron ese mismo 6 de agosto, a través de un comunicado, que la FGR no les notificó la detención. “De ser sólida y apegada a derecho, el proceso que inicia puede llegar a saldar una deuda de justicia para las familias de los estudiantes desaparecidos”, señalaron.