
Las casas de empeño en la Ciudad de México operan fuera del alcance de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que las distingue de bancos y otras instituciones financieras reguladas. Aunque su función principal es ofrecer préstamos a cambio de bienes muebles en garantía, no están sujetas a los controles estrictos de la CNBV, sino que dependen de la Ley Federal de Protección al Consumidor y la supervisión de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
El pasado 29 de julio, el diputado Federico Chávez Semerena propuso ante el Congreso capitalino una revisión de la regulación aplicable a estos establecimientos. La propuesta surge ante el incremento de denuncias por venta de bienes robados en casas de empeño, como celulares y bicicletas, y por la preocupación de que el marco normativo vigente presenta vacíos que facilitan la circulación de artículos de procedencia ilícita.
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Supervisión limitada y riesgos para consumidores
Las casas de empeño no son consideradas instituciones financieras formales, por lo que no deben cumplir con las normas que exige la CNBV. Su operación se basa en la protección al consumidor y la transparencia contractual, pero la vigilancia es menos rigurosa que en el sector bancario. Esto puede traducirse en menor exigencia para la identificación de quienes dejan bienes en garantía y menor trazabilidad de los objetos empeñados.
El legislador panista advierte sobre la necesidad de robustecer los mecanismos de control para que estos negocios no se conviertan en canales para la venta de objetos robados. Ejemplos como el de Martín, quien encontró su bicicleta robada en una casa de empeño de la colonia Guerrero, en la Alcaldía Cuauhtémoc, muestran cómo la ausencia de controles estrictos puede afectar directamente a los ciudadanos.
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Riesgos financieros y legales para usuarios
En constantes ocasiones, la Profeco alerta que los créditos otorgados por casas de empeño pueden implicar altos costos y afectar el patrimonio familiar. Durante los primeros meses del año, la demanda de préstamos en estos negocios se incrementa, y muchas familias recurren a ellos en busca de liquidez inmediata tras los gastos decembrinos. El Costo Anual Total (CAT) de estos préstamos puede superar el 150%, lo que significa que la deuda puede rebasar el valor original del objeto empeñado.
Si el préstamo o sus refrendos no se liquidan a tiempo, el usuario corre el riesgo de perder el bien de forma irreversible. Cuando la casa de empeño vende el objeto y obtiene una cantidad mayor a la deuda, el usuario tiene derecho a reclamar la demasía, que debe entregarse en efectivo y está disponible durante un año.
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Casas de empeño fuera de la ley y recomendaciones al consumidor
No todas las casas de empeño operan de manera legal. Algunas no están registradas ante la Profeco, omiten contratos de adhesión autorizados y no garantizan la protección de los bienes depositados. Las autoridades recomiendan verificar que el establecimiento esté inscrito en el Registro Público de Casas de Empeño y que la constancia de inscripción esté vigente y coincida con los datos del local.
El Punto de Acuerdo presentado por Chávez Semerena incluye la revisión de la NOM-179-SCFI-2016 y de los artículos 34 a 41 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, para exigir procesos más estrictos de identificación y control en estos negocios. El documento fue turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictaminación.
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La discusión se enfoca en cómo cerrar los vacíos regulatorios, proteger a los consumidores y garantizar que los bienes circulantes en las casas de empeño de la Ciudad de México no provengan de hechos delictivos, ni representen un riesgo financiero para quienes recurren a este tipo de préstamos.
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