
La Fiscalía General de la República recuperó más de 13 millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad mediante un acuerdo reparatorio con una empresa de Guadalajara acusada de robo de fluido eléctrico, sin que el caso llegara a juicio.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró resarcir el daño patrimonial causado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el robo de fluido eléctrico atribuido a una empresa con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El monto recuperado asciende a 13 millones 729 mil 150 pesos, obtenidos a través de un acuerdo reparatorio sin necesidad de un proceso judicial.
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Acuerdo reparatorio en Jalisco
La operación fue encabezada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, que actuó a través del Órgano Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Fue este órgano el que facilitó el diálogo entre las partes y formalizó el convenio que permitió la recuperación del monto reclamado por la paraestatal.

El monto recuperado asciende a 13 millones 729 mil 150 pesos, obtenidos a través de un acuerdo reparatorio.
Qué son los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias
Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en materia penal son procedimientos que permiten resolver conflictos surgidos entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia de un hecho posiblemente delictivo. Su aplicación se basa en tres principios: rapidez, economía procesal y confidencialidad.
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A través de estos mecanismos, las partes en conflicto llegan a un acuerdo mediante el diálogo, con la intervención de la autoridad como instancia facilitadora. El resultado es un convenio que, una vez cumplido, pone fin al conflicto penal sin necesidad de sentencia judicial.
El resultado es un convenio que, una vez cumplido, pone fin al conflicto penal sin necesidad de sentencia judicial
En este caso, el mecanismo permitió que la CFE recibiera la reparación del daño de forma ágil. El proceso se desarrolló de manera sencilla, flexible e informal, conforme a los criterios que rigen este tipo de procedimientos.
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El rol de la FGR en los procesos alternativos
La FGR es la instancia responsable de poner a disposición de la ciudadanía estos procesos alternativos, con el objetivo de solucionar controversias penales de forma ágil, sencilla, flexible e informal, mediante el cumplimiento de acuerdos que aseguren la reparación del daño a la víctima u ofendido.

La FECOR en Jalisco fue la unidad que gestionó el proceso en el ámbito territorial donde ocurrió el ilícito. Su intervención derivó en el acuerdo reparatorio que permitió recuperar los 13 millones 729 mil 150 pesos a favor de la CFE, sin que las partes tuvieran que acudir a un juicio formal.
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Qué es el robo de fluido eléctrico
El robo de fluido eléctrico es un delito tipificado en el artículo 368, fracción II del Código Penal Federal de México. La norma lo equipara al robo y lo define como el uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, electromagnética, de cualquier fluido o de cualquier medio de transmisión, sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente puede disponer de esos recursos.
En términos prácticos, se comete cuando una persona o empresa consume energía eléctrica sin pagarla ni tener autorización para ello. Entre las modalidades documentadas en la legislación se encuentran la alteración, el daño, la remoción o la manipulación de instalaciones y medidores del servicio eléctrico, conductas sancionadas por el artículo 254 del Código Penal Federal con penas de 3 a 10 años de prisión y multas de 200 a mil días de salario.
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¿Por qué se llama “fluido”?
Desde el punto de vista jurídico, la electricidad no es una “cosa mueble” en sentido estricto, por lo que no puede ser objeto del delito de robo tradicional. La ley mexicana resuelve esto equiparándola al robo mediante una figura especial, usando el término “fluido” para abarcar la energía en sus distintas formas.
Las sanciones para quienes cometan el delito previsto en el artículo 368, fracción II, incluyen multas y penas de prisión. En el caso de Guadalajara que derivó en el acuerdo reparatorio con la CFE, el daño patrimonial ascendió a 13 millones 729 mil 150 pesos.
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