Despojo en CDMX: las penas que podrían enfrentar Virginia “N” y Diana “N” si son declaradas culpables

Virginia “N” y Diana “N”, detenidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por su probable participación en el despojo de una vivienda en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, podrían enfrentar hasta 11 años de prisión y sanciones económicas en caso de ser declaradas culpables.

Ambas mujeres fueron localizadas por elementos de la Policía de Investigación en la colonia Doctores, donde se cumplimentaron órdenes de aprehensión relacionadas con una carpeta de investigación iniciada por la ocupación ilegal de un inmueble. Después de su captura, fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde quedaron a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica.

La investigación comenzó el pasado 21 de julio de 2026, luego de que la propietaria de la vivienda recibiera alertas del sistema de videovigilancia instalado en el domicilio ubicado en la calle Cerrada de Matías Romero, en la colonia Del Valle. Al revisar las imágenes, la denunciante identificó la presencia de personas que presuntamente ingresaron al inmueble sin contar con autorización legal.

Tras presentar la denuncia correspondiente, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación y solicitó las órdenes de aprehensión contra Virginia “N” y Diana “N”, señaladas por su probable participación en el delito de despojo.

¿Cuáles son las penas por despojo en CDMX?

La reforma aprobada por el Congreso de la Ciudad de México elevó las sanciones previstas para el delito de despojo. La pena mínima pasó de cinco a seis años de prisión y la máxima de 10 a 11 años.

Además, la legislación contempla sanciones económicas para quienes sean encontrados responsables de este delito. Antes de la modificación legal, el despojo contemplaba multas de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con los cambios aprobados por el Congreso capitalino, las sanciones económicas pueden aumentar hasta 200 mil UMA en determinados casos.

El delito de despojo se configura cuando una persona ocupa un inmueble ajeno mediante violencia física o moral, engaño o de manera furtiva. La reforma también incorporó nuevos supuestos agravantes para quienes recurran a mecanismos como la suplantación de identidad, la falsificación de documentos o la simulación de actos jurídicos para adueñarse de una propiedad.

Las sanciones pueden incrementarse cuando el despojo afecte a personas mayores de 60 años, personas con discapacidad, menores de edad, mujeres embarazadas o integrantes de comunidades indígenas, de acuerdo con los supuestos contemplados en la modificación legal.

Más de 25 mil denuncias por despojo desde 2020 y menos del 2% con resolución judicial

El endurecimiento de las sanciones ocurre mientras el Congreso de la Ciudad de México mantiene la discusión sobre la incidencia del despojo y las dificultades que enfrentan las víctimas para recuperar sus propiedades.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del 29 de julio, legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de fortalecer la protección legal de los bienes inmuebles de la población, principalmente de las personas adultas mayores.

La diputada panista Lizzette Salgado Viramontes señaló que de 2020 a la fecha se han registrado más de 25 mil casos de despojo en la Ciudad de México, de los cuales menos del 2% han obtenido una resolución judicial. Ante este panorama, pidió a las autoridades de seguridad y procuración de justicia reforzar las acciones para atender este delito y proteger a las víctimas.

Durante la misma sesión, la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, propuso que los 66 Módulos Legislativos de Atención brinden asesoría jurídica y acompañamiento a personas afectadas por despojos.

La legisladora también llamó a las 16 alcaldías a participar en la atención de los casos, especialmente Benito Juárez y Cuauhtémoc, demarcaciones donde, afirmó, se concentra una mayor incidencia de este delito.

El diputado morenista Paulo Emilio García González planteó que los módulos trabajen en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México para evitar la impunidad de funcionarios, notarios o particulares que participen en la falsificación de documentos utilizados para ocupar inmuebles.

Por su parte, Olivia Garza de los Santos advirtió sobre el incremento de casos que afectan a personas adultas mayores y pidió agilizar los trámites jurídicos iniciados por ciudadanos que buscan recuperar sus propiedades. Mario Sánchez solicitó fortalecer la comunicación entre el Gabinete de Despojos, las alcaldías y el Congreso capitalino, además de ampliar las herramientas legales para sancionar a quienes participen en este delito.