Buen Gobierno alerta: usan sus sellos y nombres falsos para pedir dinero

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió este martes una alerta tras detectar una red delictiva que suplanta su identidad institucional para extorsionar a ciudadanos. Los responsables utilizan documentos apócrifos con firmas falsificadas de su titular, Raquel Buenrostro, y del subsecretario Alejandro Encinas Nájera, para hacer creer a las víctimas que enfrentan investigaciones o procedimientos administrativos reales, con el fin de exigirles dinero a cambio de evitar supuestas consecuencias legales.

De acuerdo con las investigaciones, los documentos detectados por la dependencia carecen de toda validez oficial y no corresponden a ningún procedimiento administrativo iniciado por la autoridad. Con ello, la Secretaría confirmó que ya alista las denuncias penales correspondientes por falsificación de documentos oficiales, falsificación de firmas y suplantación de identidad de funcionarios federales.

La red delictiva: cómo operan los extorsionadores

La red establece contacto con sus víctimas principalmente a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y redes sociales. Para reforzar la apariencia de legitimidad, los defraudadores presentan documentos falsificados con logotipos y membretes del Gobierno de México, además de perfiles apócrifos en plataformas digitales que imitan la imagen institucional de la Secretaría y otras dependencias federales.

“Personas ajenas a la institución utilizan indebidamente nombres, cargos, logotipos y membretes gubernamentales para dar apariencia oficial a documentos falsos y hacer creer a particulares que existe una investigación o procedimiento en su contra”, detalló la dependencia en su boletín oficial. Una vez que las víctimas creen en la amenaza, los extorsionadores exigen dinero o cualquier otro beneficio económico a cambio de detener el supuesto proceso.

Los conceptos bajo los que se solicitan los pagos incluyen la gestión de trámites, la recuperación de fondos, la expedición de certificaciones jurídicas falsas y la cancelación o condonación de sanciones fiscales. En algunos casos, los defraudadores imponen plazos muy breves para el pago, con el argumento de que el retraso genera penalizaciones adicionales.

Caso documentado: jubilados de Veracruz perdieron casi 2 millones de pesos

El alcance del daño causado por esta red quedó documentado en un caso publicado por Milenio el 2 de julio de 2026. Un grupo de al menos 13 personas jubiladas, captadas inicialmente en la Clínica 10 del IMSS en Xalapa, Veracruz, perdió cerca de 2 millones de pesos tras caer en el esquema fraudulento.

La estafa inició en octubre de 2025, cuando una mujer que se identificó como la abogada Beatriz Dueñas Luna ofreció a los jubilados incrementar sus pensiones de 8 mil pesos mensuales hasta 20 mil pesos. Cada uno de los 13 afectados pagó entre 60 mil y 100 mil pesos antes de descubrir, en febrero de 2026, que el despacho S&A Corresponsal Jurídico no existía.

Tras la denuncia de las víctimas, los criminales escalaron la operación: se presentaron como funcionarios de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para ofrecer la recuperación del dinero perdido. Enviaron un documento titulado “Certificado de Traslado”, supuestamente firmado por Raquel Buenrostro, en el que se solicitaba a cada jubilado una aportación de entre 3,500 y 8,200 pesos para liberar los recursos.

“En su momento no sentimos ninguna duda porque dijimos: ‘Es la Secretaría de Buen Gobierno’; además, buscamos las imágenes de estos funcionarios, las buscamos en su página de internet y todo parecía óptimo”, relató a Milenio José Luis Ramírez, uno de los afectados. El esquema se volvió más intenso entre el 6 y el 15 de abril de 2026, periodo en el que los defraudadores acumularon cinco cobros adicionales con un valor total de 67 mil pesos por persona, bajo conceptos inventados como “gastos judiciales” y “código de seguridad para vinculación bancaria”.

El deslinde de Buenrostro y Encinas Nájera, y las denuncias penales anunciadas

Ante la gravedad de los hechos, tanto Raquel Buenrostro como Alejandro Encinas Nájera se deslindaron de forma expresa del uso indebido de sus nombres y cargos para la comisión de estos actos ilícitos. La dependencia subrayó que ningún servidor público tiene facultad para solicitar pagos a ciudadanos por vías digitales o telefónicas.

La Secretaría anunció que presentará las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes para que se investigue la falsificación de documentos oficiales y firmas, así como la suplantación de identidad de funcionarios federales. Buenrostro y Encinas Nájera advirtieron que cualquier intento de fraude o extorsión en su nombre será perseguido por la vía penal.

Canales de denuncia y recomendaciones para la ciudadanía

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno habilitó dos líneas de atención para quienes hayan sido víctimas de este esquema: 55 2000 2000 y 800 112 8700, donde se ofrece asesoría jurídica integral. La dependencia reiteró que todos sus trámites, asesorías y servicios son completamente gratuitos.

Las autoridades recomendaron no proporcionar datos personales ni bancarios a personas que, por cualquier medio digital o telefónico, se identifiquen como servidores públicos y soliciten pagos. La Secretaría también instó a la ciudadanía a verificar cualquier comunicación atribuida a la dependencia únicamente a través de sus canales oficiales, y a reportar de inmediato cualquier contacto sospechoso.