
La población privada de la libertad en México sigue enfrentando desafíos sustanciales en materia de acceso a la justicia, siendo las mujeres quienes presentan la mayor proporción de casos en prisión sin sentencia en comparación con los hombres.
De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEF-E) 2026, presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2025, 231 mil 436 personas –de las cuales 14 mil 260 fueron mujeres y 217 mil 176 hombres– se encontraban privadas de la libertad en centros penitenciarios y especializados.
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Del total nacional, el 42.2% (97 mil 722 personas) no contaba con sentencia, es decir, permanecían privadas de la libertad en calidad de presuntas y sin una resolución judicial definitiva en su proceso penal.
No obstante, las cifras oficiales del INEGI evidencian una disparidad importante por género: mientras que el 52.6% de las mujeres privadas de la libertad se encontraba sin sentencia, en el caso de los hombres este porcentaje fue de 41.5%.
Esta diferencia coloca a las mujeres como el grupo más afectado por la prisión preventiva, situación que además se ha mantenido consistente respecto a años anteriores.
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El análisis por tipo de centros también muestra diferencias. En los centros penitenciarios federales (CPF), el 27.9% de la población privada de la libertad no tenía sentencia, mientras que en los centros estatales la cifra fue de 43.6%.
Sin embargo, es en ambos ámbitos donde la proporción de mujeres sin sentencia es mayor cuando se compara con la de hombres.
En cuanto a la situación jurídica de las personas adultas privadas de la libertad sin sentencia, el 55.2% de las mujeres estaban en prisión preventiva oficiosa, frente al 49.7% de los hombres.
Además, el 31.5% de las mujeres enfrentaba prisión preventiva justificada, cifra cercana al 34.5% registrado en varones.
Respecto al tiempo en espera de sentencia, el 21.5% de las mujeres llevaba entre 6 y menos de 12 meses en esa condición, mientras que para los hombres este porcentaje fue de 23.2%.
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Un dato relevante, considerando el impacto familiar y social que esta situación implica para las mujeres, quienes tienen una mayor probabilidad de ser madres y responsables de hijos menores.
Por otra parte, el Censo documentó que, entre las personas sin sentencia recluidas en centros federales, el delito de secuestro destaca como el más frecuente en mujeres (51.9%), y en los centros estatales, los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo ocupan el primer lugar (18.5%).
Sin embargo, el denominador común sigue siendo la alta presencia de personas privadas de la libertad sin sentencia definitiva.
El informe también subraya que el incremento de ingresos al sistema penitenciario durante 2025 se tradujo en más personas sujetas a prisión preventiva, y que, si bien el crecimiento es generalizado, la brecha de género en la condición jurídica de la población penitenciaria persiste y se acentúa en el caso de las mujeres.
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Estos datos, provenientes de fuentes oficiales y dadas a conocer el 16 de julio de 2026, ponen nuevamente sobre la mesa la necesidad de revisar los criterios y procedimientos de prisión preventiva en México, así como focalizar políticas públicas que permitan garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia, con perspectiva de género, para quienes enfrentan un proceso judicial en reclusión.
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