El Mayo Zambada pensaba que lo iban a aventar desde el avión donde lo trasladaron a EEUU, según su abogado

Ismael “El Mayo” Zambada creyó que lo iban a matar al lanzarlo de la avioneta en la que fue trasladado, según relató su abogado, en un caso que terminó con cadena perpetua y con una orden de decomiso por USD 15 mil millones, la más alta impuesta por la justicia de Estados Unidos a un capo mexicano y una cifra que, de acuerdo con la propia defensa, difícilmente podría cobrarse porque no se identificaron bienes a su nombre.

El litigante Frank Pérez sostuvo que su cliente pensó que no llegaría con vida. Afirmó que estaba aletargado porque antes le habrían dado de beber algún tipo de sustancia para dormirlo y que, en esas condiciones, creyó que lo aventarían del avión.

La sentencia quedó a cargo del juez Brian Cogan, quien además fijó reglas precisas para el decomiso. El pago solo podría realizarse mediante giro postal o cheque bancario certificado a nombre del US Marshals Service, con números de expediente incluidos, y tendría que enviarse por mensajería nocturna a la Sección de Decomiso de Activos de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

Pérez sostuvo que esa ruta legal chocó con un problema práctico. Dijo que no había manera de pagar porque el gobierno no identificó propiedades ni otros activos, y remató con una idea que apuntó al funcionamiento financiero de los altos mandos del narco: personas de ese nivel no suelen tener nada a su nombre.

La cifra no correspondió a bienes asegurados, sino a una estimación judicial

Los USD 15 mil millones no correspondieron a una suma localizada en cuentas ni a propiedades ya confiscadas. La cantidad fue una estimación construida por las autoridades a partir del volumen de drogas traficadas, el valor de mercado de esas sustancias, los bienes detectados y el flujo de dinero lavado durante décadas de investigación.

La declaración de culpabilidad de Zambada incluyó dos cargos: dirigir una organización criminal continua en el Distrito Este de Nueva York y participar en actividades de crimen organizado en el Distrito Oeste de Texas. Cada acusación generó una orden de decomiso por la misma cantidad, aunque ambas fueron concurrentes, por lo que el monto no se duplicó.

Como parte del acuerdo, renunció voluntariamente a varias defensas constitucionales vinculadas con el decomiso. Dejó sin posibilidad de alegato que ya había sido juzgado por los mismos hechos, que la ley se aplicaba de forma retroactiva, que los cargos habían prescrito o que la multa era excesiva.

También quedó obligado a firmar los documentos necesarios para transferir la titularidad de sus bienes al gobierno federal. Además, se le prohibió ayudar a terceros que intentaran impugnar el decomiso.

La cantidad impuesta superó en USD 2,400 millones la orden de pago fijada contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2019. Para dimensionar el tamaño del monto, esa suma lo habría colocado como la cuarta mayor fortuna de México según el listado 2026 de Forbes México, solo por debajo de Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco y Alejandro Baillères Gual.

La fiscalía justificó el monto por el periodo en que dirigió solo al Cártel de Sinaloa

El escrito de sentencia del fiscal Joseph Nocella Jr. explicó que la cifra rebasó la de “El Chapo” porque reflejó el tiempo adicional en que Zambada quedó al frente del Cártel de Sinaloa en solitario después de la captura de su exsocio en 2016. Bajo ese mando exclusivo, la organización distribuyó al menos 1,500,000 kilogramos de cocaína, además de heroína y fentanilo.

Especialistas en justicia financiera advirtieron que, en la mayoría de estos casos, el gobierno de Estados Unidos apenas recuperó una fracción del dinero reclamado. Esa observación reforzó la postura de la defensa sobre la dificultad real de hacer efectiva una sanción de ese tamaño.

Pérez, con más de 26 años de experiencia como abogado defensor y antecedente como detective de narcóticos en Dallas, evaluó que llevar el caso a juicio no era una opción viable. Entre sus clientes estuvieron Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, hermano del líder abatido del CJNG, y Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hijo de “El Mayo”.

El abogado fue tajante al explicar su estrategia: “No había forma de ganar un juicio. La prueba contra el señor Zambada era del dominio público. Salió en el juicio de El Chapo. Así que la misma prueba que tenían contra El Chapo, la tenían contra el señor Zambada. Los mismos testigos, la misma prueba”.

Ese cálculo también tomó en cuenta el antecedente del proceso contra Guzmán. Aquel juicio de 2019 duró 11 semanas, reunió a unos 30 testigos cooperantes, generó millones de dólares en costos adicionales de seguridad y obligó a medidas que afectaron el tráfico vehicular en Nueva York.

El memorándum de sentencia de la defensa señaló que la admisión de culpabilidad evitó uno de los procesos federales más complejos de la historia. Añadió que esa decisión protegió a víctimas y testigos que ya no tuvieron que declarar y ahorró al sistema judicial decenas de millones de dólares.

La cooperación no redujo la condena y abrió la disputa por la prisión

La estrategia, según el propio Pérez, tuvo un costo claro: Zambada recibió la misma sentencia que “El Chapo” pese a haberse declarado culpable. “No hay beneficio en la sentencia”, escribió en el memorándum.

Lo que la defensa pidió a cambio fue que esa diferencia de conducta se reflejara en la designación del penal. Solicitó que no fuera enviado a la ADX Florence de Colorado, donde Guzmán cumplió cadena perpetua en condiciones de aislamiento extremo.

Durante una audiencia de 35 minutos, Cogan señaló en tres ocasiones que el acusado presentaba problemas físicos y cognitivos. Citó además información médica del memorándum de la defensa para ubicarlo en un punto entre la aptitud mental y un proceso de deterioro cognitivo.

El juez aceptó recomendar a la Oficina Federal de Prisiones una instalación con atención médica adecuada, aunque dejó claro que la decisión final no dependía de él. Hasta ahora no se dio a conocer en qué cárcel pasaría el resto de su vida.

• Zambada recibió cadena perpetua y una orden de decomiso por USD 15 mil millones, la más alta impuesta a un capo mexicano en Estados Unidos.
• Su abogado aseguró que creyó que lo matarían arrojándolo de la avioneta y sostuvo que el decomiso sería difícil de cobrar porque no se detectaron bienes a su nombre.
• El juez Brian Cogan recomendó una prisión con atención médica por los problemas físicos y cognitivos del acusado, pero la sede final de reclusión no se informó.