Citlalli Hernández defiende investigación por huachicol fiscal tras reclamos de Kenia López Rabadán

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, respondió a las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien calificó como un “preso político” al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tras la decisión de un juez de imponerle prisión preventiva por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

Citlalli Hernández asumió ese cargo partidista en abril de 2026, luego de dejar la Secretaría de las Mujeres.

A través de sus redes sociales, la dirigente morenista afirmó que el combate al huachicol fiscal debe realizarse sin importar la filiación política de los involucrados y sostuvo que ese delito “no forma parte del ideario político de ningún partido”.

Asimismo, señaló que Ernesto Ruffo fue detenido por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, dentro de una investigación que, según la Fiscalía General de la República (FGR), involucra un presunto daño al erario superior a los 4 mil 400 millones de pesos.

Hernández agregó que, si existen elementos para acreditar responsabilidades, corresponde a las autoridades investigar y, en su caso, sancionar conforme a la ley.

Kenia López Rabadán asegura que Ruffo es un “preso político”

Las declaraciones de Citlalli Hernández surgieron luego de que Kenia López Rabadán defendiera públicamente al exgobernador panista durante una conferencia de prensa.

La legisladora afirmó que Ernesto Ruffo fue una figura clave en la transición democrática del país al convertirse en el primer gobernador de oposición en ganar una elección estatal en Baja California. Por ello, calificó como “muy lamentable” su detención y sostuvo que actualmente enfrenta una persecución política.

López Rabadán también cuestionó que Ruffo, quien actualmente no ocupa un cargo público, enfrente un proceso penal mientras, aseguró, no existen acciones similares contra funcionarios que presuntamente permitieron el ingreso y comercialización de combustibles sin el pago de impuestos.

Además, criticó la actuación de la jueza que ordenó la medida cautelar y aseguró que fue electa mediante la elección judicial de 2025, por lo que puso en duda la imparcialidad de su actuación.

¿Qué investiga la FGR en el caso de huachicol fiscal?

De acuerdo con la FGR, la investigación apunta a una presunta red dedicada al llamado huachicol fiscal, un esquema que consistía en importar combustibles declarando menores volúmenes o registrando la mercancía como otros productos para evitar el pago de impuestos.

La autoridad sostiene que la red habría operado mediante la empresa Ingemar, fundada por Ruffo Appel. Según la investigación, en algunos casos se declaraban aproximadamente 10 mil litros por carro tanque cuando en realidad se transportaban hasta 110 mil litros de combustible.

Datos clave de la investigación

• La FGR estima un presunto daño superior a 4 mil 400 millones de pesos.
• Se investigan 4 mil 238 operaciones de importación presuntamente irregulares.
• La indagatoria identifica 162 carros tanque utilizados en el esquema.
• Parte del combustible provenía de refinerías ubicadas en Texas.
• Ocho personas enfrentan el proceso penal por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

PAN pide el mismo criterio para investigar a funcionarios de Morena

Tras la detención de Ruffo Appel, la dirigencia nacional del PAN aseguró que no se opone a que se investiguen los hechos, pero exigió que las autoridades apliquen el mismo criterio a funcionarios de Morena.

El dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, solicitó que también se investigue a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y planteó que solicite licencia mientras se realizan las indagatorias relacionadas con la controversia por los audios filtrados sobre su situación migratoria.

Ruffo permanece en prisión preventiva mientras continúa el proceso

La audiencia inicial del caso se prolongó durante más de 30 horas, una de las más extensas desde la implementación del sistema penal acusatorio. Al concluir esa etapa, un juez dictó prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel y otros implicados por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

La resolución sobre su vinculación a proceso quedó pendiente después de que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el plazo para definir su situación jurídica se amplió de 72 a 144 horas.

En caso de ser declarado culpable, el exgobernador podría enfrentar penas de hasta 40 años de prisión, de acuerdo con las sanciones previstas en la legislación aplicable para los delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal.