
En 1993, a bordo del avión que lo trasladaba desde Chiapas hasta el Estado de México tras ser detenido en Guatemala, Joaquín “El Chapo” Guzmán declaró ante el general Guillermo Álvarez Nahara que el entonces gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, brindaba protección a los hermanos Arellano Félix.
Esas declaraciones, documentadas por la periodista Anabel Hernández en su libro Los Señores del Narco (2010), vuelven a circular este 16 de julio, tras la detención del exmandatario en Ensenada por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
La acusación de Guzmán Loera no fue menor. Según el libro de Hernández, el capo señaló que el hermano del gobernador era socio de una constructora y de farmacias propiedad de los Arellano Félix en Tijuana, y que el propio gobernador y su procurador podían facilitar credenciales de la Policía Judicial de Baja California al cártel. Sin embargo, los señalamientos no derivaron en cargos formales contra Ruffo Appel.
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La revelación que hizo El Chapo sobre Ernesto Ruffo Appel

El contexto de la declaración importa. Guzmán Loera fue detenido en Guatemala en junio de 1993, semanas después del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara. Fue el entonces Procurador General de la República, Jorge Carpizo McGregor, quien dio a conocer públicamente esa declaración, incluyendo la versión del capo sobre el asesinato del cardenal.
Durante el traslado aéreo, antes de rendir su declaración formal ante el subprocurador de la PGR, Federico Ponce Rojas, Guzmán Loera habló con el general Álvarez Nahara y proporcionó nombres de funcionarios que, según él, recibían protección del crimen organizado.
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Según Los Señores del Narco, Guzmán Loera fue “prolífico en los detalles” sobre Ruffo Appel, a diferencia de otras confesiones. Sus palabras textuales, reproducidas por Hernández: “A los hermanos Arellano Félix los protege el gobernador y el procurador de Baja California. Un hermano del gobernador es socio de ellos en una empresa”.

La acusación se amplió con precisiones sobre negocios concretos. El capo declaró: “Sé que el hermano del gobernador de Baja California Norte, que al parecer se llama Roberto Ruffo Appel, es socio de una constructora propiedad de los hermanos Arellano Félix, y me consta porque así me lo dijo hace año y medio, a mediados de 1991, Benjamín Arellano Félix. Inclusive estaban construyendo muchas casas en Guadalajara, Jalisco, en un fraccionamiento denominado Puerta de Hierro. Incluso Benjamín me ofreció en venta algunas casas".
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Guzmán Loera también declaró que Benjamín Arellano Félix le mostró una credencial de la Judicial Estatal con el cargo de comandante y un oficio de comisión dirigido al director de la Policía Judicial de Sinaloa, con sello oficial. Sus palabras: “Benjamín me ofreció que si quería algunas credenciales de la policía judicial de Baja California las podía conseguir con el procurador, ya que también con él tenía una gran amistad”.
El procurador al que se refería era Juan Francisco Franco Ríos, entonces titular de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, también señalado en esa misma declaración. Ruffo Appel no fue el único funcionario nombrado: el capo también acusó a comandantes de la Policía Judicial Federal, entre ellos José Luis Larrazolo en Sonora, Cristian Peralta en Mexicali y Guillermo Salazar, a quienes pagaba 500 dólares por permitirle realizar traslados de droga.
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En esa misma declaración, según reportes con base en documentos desclasificados, el capo reconoció recibir 1 millón de dólares cada bimestre para dar protección a sus cargamentos, y admitió su sociedad con el Cártel de Cali, Colombia, para el trasiego de droga a Estados Unidos.
Calderón acusó a Ruffo en 2017; un diputado priísta lo hizo en 2012

Los señalamientos de El Chapo no fueron los únicos que vincularon a Ruffo Appel con el Cártel de Tijuana. En 2012, el entonces diputado priísta David Lozano Pérez pidió a la PGR investigar al entonces senador por enriquecimiento ilícito.
Afirmó que Ruffo Appel habría recibido durante su campaña 500,000 dólares provenientes del narcotráfico, específicamente de la banda de los hermanos Arellano Félix. La PGR no abrió ninguna investigación formal.
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Cinco años después, en 2017, fue el expresidente Felipe Calderón quien lanzó la acusación más directa desde las filas del propio PAN. Lo hizo en Twitter, en medio de una disputa interna del partido, al afirmar que Ruffo Appel estuvo coludido con el Cártel de los Arellano Félix durante su gestión como gobernador. La respuesta del exmandatario fue escueta: “A mí que me esculquen”.
Esa declaración tensó las filas del blanquiazul pero no tuvo consecuencias judiciales.
Ruffo Appel negó siempre los vínculos

En todas las ocasiones en que fue cuestionado, Ruffo Appel negó sus vínculos con los Arellano Félix. Reconoció tener un hermano llamado Claudio —no Roberto, como lo identificó inicialmente Guzmán Loera— pero señaló que no mantenía una relación estrecha con él. Según Los Señores del Narco, el propio exgobernador declaró que lo mantendría “en la mira” para evitar que lo involucraran en problemas.
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Hernández documentó que durante la administración de Ruffo Appel hubo múltiples denuncias e investigaciones de la PGR sobre colusión de funcionarios estatales con el tráfico de drogas, y que años después fueron detenidos funcionarios vinculados a esa administración por nexos con el mismo cártel. La autora advierte, sin embargo, que hasta la fecha de publicación de su libro “no hay pruebas judiciales contundentes de la participación directa del entonces gobernador panista” y que el caso “no ha sido lo suficientemente aclarado”.
La serie de televisión El Chapo, producida por Univisión y Netflix y estrenada en 2017, incluyó un personaje llamado Ernesto Rubio —quien presuntamente habría sido inspirado en Ruffo Appel— entre las figuras políticas retratadas.
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FGR detiene a Ruffo Appel por huachicol fiscal

Treinta y tres años después de las declaraciones de El Chapo, Ernesto Ruffo Appel enfrenta por primera vez cargos penales. Este 16 de julio, elementos de la SSPC lo detuvieron en Ensenada —el mismo municipio que gobernó entre 1986 y 1989— por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
Los cargos derivan de una investigación por huachicol fiscal relacionada con Ingemar S.A. de C.V., empresa que Ruffo Appel fundó y que en 2023 obtuvo permiso de la Comisión Reguladora de Energía para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel. La fiscal general Ernestina Godoy describió el entramado como “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento” que operaba mediante ferrocarriles.
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El esquema consistía en declarar solo el 10% del volumen real transportado en cada carro tanque: reportaban alrededor de 10,000 litros cuando en realidad movilizaban hasta 110,000. El daño estimado a la hacienda pública supera los 4,000 millones de pesos, derivado de 4,238 operaciones de importación irregular documentadas entre enero y julio de 2025.
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