
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que enviará al Congreso del Estado una iniciativa para castigar con cárcel a quienes faciliten, induzcan o promuevan que menores de edad usen máquinas tragamonedas o dispositivos de juegos de azar.
La propuesta modifica el artículo 142-A del Código Penal estatal y no sanciona a los menores, sino a los adultos que les abran la puerta al juego.
La magnitud del negocio da contexto a la urgencia. A nivel nacional, la Dirección General de Juegos y Sorteos calcula que las maquinitas generan hasta 600,000,000 de pesos semanales.
El anuncio de Lemus Navarro se hizo durante una sesión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad, donde confluyen los tres órdenes de gobierno. El gobernador fue directo sobre el objetivo: “El interés principal de esta iniciativa es proteger a nuestras niñas, prevenir la ludopatía y reducir el riesgo para el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes”, dijo al medio Telediario Guadalajara.
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¿Cuál es la propuesta?

El precepto que Lemus Navarro quiere reformar existe desde antes y castiga a quien involucre a un menor en mendicidad, consumo de alcohol o drogas, iniciación sexual o comisión de delitos. Las penas actuales van de tres a seis años de prisión y se agravan cuando hay violencia o cuando la víctima tiene menos de 12 años.
Lo que no está en ese catálogo son los juegos de azar. La reforma busca añadirlos y elevar las sanciones, aunque el Gobierno estatal no ha precisado todavía cuál sería la pena definitiva.
La iniciativa también propone fijar en la ley una definición de “azar”. El gobernador explicó la razón ante los medios: “Es definir el concepto de azar para poderlo entender como una situación ajena a la voluntad de estas niñas y niños, y aumentar las penas para las personas que motiven que menores de edad utilicen las máquinas tragamonedas”.
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Sin esa definición, ministerios públicos y jueces pueden llegar a interpretaciones distintas sobre qué dispositivos o actividades quedan dentro de la norma.
La propuesta contempla también campañas de prevención dirigidas a familias y comunidades. Para convertirse en ley, la iniciativa deberá recorrer el proceso legislativo completo en el Congreso de Jalisco: comisiones, pleno y publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Máquinas tragamonedas, un negocio que también es del CJNG y otros grupos criminales
Las máquinas tragamonedas están prohibidas en México desde la reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 2023, pero la norma se aplica de forma limitada y la operación clandestina persiste.

Tres grupos criminales concentran buena parte del negocio: el CJNG, Los Chapitos y Los Viagras.
Los registros contables hallados en la cabaña de Nemesio Oseguera Cervantes en Tapalpa, Jalisco, tras su muerte, mostraron que el CJNG obtuvo 500,000 pesos en un solo mes por este concepto.
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La cifra sería apenas significativa frente al total de ingresos del cártel, pero revela por qué el negocio persiste: la inversión inicial por aparato va de 2,000 a 38,000 pesos, el retorno es diario y en efectivo, y la operación en abarrotes, farmacias o panaderías reduce la exposición a operativos.
Los establecimientos donde se instalan las máquinas no solo recaudan dinero. En Nayarit, la Secretaría de Marina clausuró en febrero de 2026 locales en Bahía de Banderas, Jala, Ixtlán del Río y Compostela porque funcionaban simultáneamente como puntos de venta de droga y espacios donde el CJNG captaba jóvenes. Los comerciantes, en muchos casos, no reciben ganancias: colocan las máquinas bajo amenaza.
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En Sinaloa, la disputa por el control de las “jugadas” entre Los Chapitos y La Mayiza ha dejado decenas de muertos y heridos en meses recientes.
En Michoacán, la Fiscalía estatal ha destruido más de mil máquinas en una sola jornada en municipios como Morelia, Uruapan, Apatzingán, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Zamora, Maravatío y Tacámbaro.
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