
La FGJCDMX pidió siete meses más para concluir el análisis de casi 1,600 hallazgos recuperados en Tláhuac y Chalco, sin que hasta ahora hubiera identificado a ninguna persona, pese a que el caso ya había sido presentado a familias buscadoras como el mayor hallazgo de restos humanos registrado en la administración de Clara Brugada.
Tres meses después de las jornadas de búsqueda, la Fiscalía capitalina sólo había establecido de manera preliminar que parte de los restos correspondía a un hombre, una mujer y dos menores de edad. Ninguno había sido identificado.
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La reunión con autoridades ocurrió el viernes 10 de julio. Ahí, las familias escucharon los primeros avances y reclamaron que la información seguía incompleta, además de que el procesamiento pericial avanzaba con lentitud por falta de personal especializado.
Jaqueline Palmeros, madre buscadora que participó en las labores de campo, sostuvo que la Fiscalía no contaba con los elementos suficientes para desarrollar todo el trabajo de identificación requerido. Explicó que todavía faltaban estudios antropológicos, odontológicos y genéticos para determinar a quién correspondían los fragmentos localizados.
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“Dicen que les van a llevar siete meses tener ya algo más completo, pero que tenía la necesidad de mostrarnos esto, puesto que ya se vienen otra vez las búsquedas”, dijo, reportó el portal Proceso.
La búsqueda comenzó por la desaparición de una joven y dos gemelos en Iztapalapa
Los hallazgos habían sido localizados entre el 7 y el 17 de abril. La intervención comenzó a partir de un análisis de contexto relacionado con la desaparición de Jael Montserrat Uribe Palmeros, quien desapareció el 24 de julio de 2020 en la alcaldía Iztapalapa cuando tenía 21 años; después de cuatro años y medio de búsqueda, sus segmentos óseos fueron localizados en el Ajusco.
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Por este caso, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió una recomendación a la Fiscalía capitalina por la falta de debida diligencia y perspectiva de género en la búsqueda.
Entre las omisiones que el organismo de derechos humanos encontró fue que el personal ministerial señaló en un inicio que la desaparición de Monserrat fue voluntaria, contraviniendo el protocolo de búsqueda inmediata de personas en situación de extravío o ausencia, especialmente de mujeres.
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Tampoco se activó el protocolo Alba para su búsqueda y durante la entrevista con la familia de la joven para conocer datos de personas desaparecidas antemortem, la entrevistadora realizó apreciaciones prejuiciosas, revictimizantes y con estereotipos de género.
Asimismo se unieron a esta amplia búsqueda la familia de los hermanos Brandon Guillermo y Luis Daniel Nicolás Ramírez, desaparecidos el 1 de diciembre de 2023 en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la alcaldía Iztapalapa.
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Esa investigación llevó a las familias buscadoras y a la Fiscalía a ubicar el polígono entre Tláhuac y Chalco como un punto de interés. A partir de ahí se desarrollaron las jornadas de búsqueda que derivaron en la recuperación del material hoy bajo análisis.
Palmeros cuestionó que, pese a la magnitud del hallazgo, la exposición presentada por las autoridades no respondió a las principales dudas de las familias. Afirmó que la presentación fue parcial y que incluso dejó fuera muestras de agua y tierra que ya habían sido tomadas durante el proceso.
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“La presentación de hoy fue parcial, sin cuidar los aspectos revictimizantes; los procesos que se nos explicaron, lamentablemente, están inconclusos”, señaló al salir del encuentro frente al CAIBP.
La buscadora insistió en que la demanda central seguía siendo el refuerzo del equipo pericial. “Necesitamos más antropólogos, más odontólogos, gente que refuerce lo que ya hay”, afirmó.
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Las familias acusaron fallas periciales y ausencia de análisis de contexto
Durante la reunión también se habló de retomar jornadas de búsquedas generalizadas y por patrones en la zona. Palmeros sostuvo que ese anuncio llegó sin un análisis de contexto sólido sobre cómo estaban desapareciendo personas en esa parte de la ciudad.
“Se habló de un análisis de contexto de la zona y no lo hay todavía. Es necesario para las familias saber cómo están desapareciendo las personas de ese lado de la ciudad, y pues no, no tuvimos nada de eso”, dijo.
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La madre buscadora también relató que personal pericial informó que una parte del material enviado a análisis correspondía a fragmentos de cerámica. Para las familias, ese dato abrió dudas sobre la calidad del trabajo técnico desarrollado desde el levantamiento y clasificación inicial de los hallazgos.
“Lo que pone en tela de juicio, entonces, el profesionalismo de las personas que trabajan en periciales. ¿Con quién estamos tratando? Qué tipo de periciales son los que tenemos, que estaban seguros primero de que se trataba de un resto óseo y al momento de procesar, ya en las instalaciones de periciales, dicen que no, que muchos de ellos eran de cerámica y cosas de esas que se estaban encontrando”, expresó.
Palmeros añadió que las familias preguntaron si la Fiscalía podía sostener la hipótesis inicial de que algunos restos fueran prehispánicos. La respuesta, según dijo, fue negativa, porque hasta ese momento las autoridades no podían afirmar esa teoría.
La buscadora conocía de primera mano estos procesos. Su hija, Yael Montserrat Uribe Palmeros, había desaparecido en julio de 2020 y cuatro años después ella encontró parte de sus restos en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.
Desde entonces continuaba la búsqueda del resto del cuerpo de su hija y exigía justicia por su feminicidio. Su caso se insertaba en una ciudad que acumulaba 6,097 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
La reunión también contó con acompañamiento de la CDHCM. La presencia del organismo ocurrió a partir de una queja presentada por las familias, que denunciaron presuntas irregularidades cometidas desde el inicio de las búsquedas.
- La Fiscalía capitalina informó que requería siete meses más para concluir el análisis de casi 1,600 hallazgos encontrados en Tláhuac y Chalco.
- Hasta el 10 de julio sólo había una clasificación preliminar de parte de los restos: un hombre, una mujer y dos menores de edad, sin identificaciones confirmadas.
- Las familias buscadoras denunciaron falta de antropólogos, odontólogos y genetistas, además de fallas periciales e irregularidades señaladas ante la CDHCM.
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