Antes de que el audio filtrado por Héctor de Mauleón pusiera a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el centro de una controversia por presuntas gestiones privadas con el FBI, sus propios informes de gobierno —particularmente el tercer informe— documentan una red mucho más amplia de vínculos institucionales con agencias y organismos de Estados Unidos, construida a lo largo de varios años y en al menos tres frentes distintos.
El frente de seguridad: “una relación estrecha” con la embajada de EU
El tercer informe detalla que, con fecha 24 de noviembre de 2023, se publicó el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera y Régimen Disciplinario de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, en el marco del cual se capacitó a 886 aspirantes y se graduó a 243 cadetes el 16 de agosto de 2024.
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Es en este apartado donde el documento afirma textualmente que "se ha generado una relación estrecha con la Embajada de los Estados Unidos en México", a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL). Según el informe, esa relación permitió acceder a cursos de capacitación en ciudades como Chicago, Austin y Nueva Orleans, y desembocó en la reacreditación del Instituto de Estudios de Prevención y Formación Interdisciplinaria por parte de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), en Winston-Salem, Carolina del Norte.
El frente penitenciario: el “apoyo incondicional” de la oficina antinarcóticos
En el primer informe de gobierno, la administración estatal utilizó una frase todavía más enfática. Al reportar la recertificación de varios centros penitenciarios —entre ellos el Cereso El Hongo II y el Cereso y CIA Ensenada— ante la Asociación de Correccionales de América (ACA), el documento atribuye el logro a "la coordinación, acompañamiento y apoyo incondicional de la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL)“, que participó directamente en el asesoramiento para dichas certificaciones.
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Esa misma frase —“apoyo incondicional”— reaparece de forma casi idéntica en el cuarto informe, donde se atribuye a INL el mérito de que el Centro Penitenciario y el Centro de Internamiento para Adolescentes en Ensenada mantuvieran, por tercera vez, la certificación ACA.
El frente anticorrupción: un ecosistema multilateral
El tercer informe reporta también una jornada de combate a la corrupción con la participación de Transparencia Mexicana, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el PNUD, la OCDE, el INAP y —de nuevo— USAID, a través de su Oficina de Gobernanza, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana. El evento incluyó actividades de participación ciudadana, entre ellas un concurso de dibujo infantil sobre valores cívicos.
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El contraste que investigar
Ninguno de estos programas —INL, USAID, CALEA, ACNUR, UNODC— tiene relación documentada con el FBI ni con la investigación penal que hoy rodea a la gobernadora; son agencias con mandatos y marcos legales distintos, y los propios informes los presentan como cooperación pública, institucional y auditable ante el Congreso estatal.
Lo que sí resulta periodísticamente relevante es el patrón discursivo: durante años, el gobierno de Marina del Pilar ha descrito su relación con Estados Unidos en términos de “apoyo incondicional”, “relación estrecha” y colaboración “transparente” —el mismo adjetivo que la gobernadora usó para desmentir el contenido del audio filtrado por De Mauleón—. La pregunta que una investigación more a fondo tendría que resolver es si ese lenguaje institucional coexistió, en algún punto, con el canal privado que describe la grabación, o si se trata de dos historias completamente independientes que solo comparten vocabulario.
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Hasta el momento, no existe evidencia pública que conecte los programas de cooperación reportados en los informes de gobierno con el caso que investiga o señala a la gobernadora ante agencias estadounidenses.
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