Audio revela que Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, ofreció ser informante del FBI: “Yo puedo saber muchas cosas de seguridad”

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, ofreció al FBI compartir información confidencial de las mesas de seguridad nacionales para evitar cargos penales y una posible orden de extradición en su contra. Así lo reveló una segunda grabación compartida este lunes por el periodista Héctor de Mauleón, que profundiza el escándalo abierto tres semanas antes con un primer audio en el que la funcionaria ya aparecía negociando con intermediarios de agencias estadounidenses.

Ni la reunión con la fiscalía de Estados Unidos ni el estatus actual de Ávila Olmeda como posible colaboradora del FBI han sido confirmados o descartados.

Qué dice el nuevo audio

En la segunda grabación, un asesor externo del FBI le comunica a la gobernadora que las agencias estadounidenses “sienten que han perdido el tiempo” con ella y le ofrecen “la última oportunidad para frenar los cargos o sanciones a tiempo”.

También se escucha la voz de un agente especial que confirma que el FBI tomó el caso, aunque señala que “de momento” no puede informarle sobre los cargos específicos.

La parte más comprometedora llega cuando Ávila Olmeda, ante la mención de una posible extradición, responde: “¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición?... ¿No me pueden decir de qué quieren que les hable? Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber…“.

“Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar, Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad, que tampoco es que yo escuche en otras partes”, agregó

Las reuniones que la gobernadora no había admitido

En la misma grabación, Ávila Olmeda describio un historial de contactos con autoridades de Estados Unidos que contradicen sus declaraciones públicas previas.

Relata haber acudido a una oficina del FBI, donde “platicó con el adjunto”, y haber sostenido encuentros posteriores en México a través de sus abogados. “Incluso el otro día, hace dos o tres semanas, nos sentamos con todas las agencias, ahí estaban todos, también el Departamento de Justicia”, afirma en la grabación.

El agente especial que participa en la conversación señala que “hay mucha frustración porque las tres juntas que ha habido no han sido muy productivas”. En ese intercambio, cuando sus interlocutores le preguntan si “todavía tiene a su abogado de Miami”, la gobernadora responde que sí y lo identifica como Michael Nadler, pese a haber declarado públicamente, tras el primer audio, que ese profesional ya no trabajaba con ella.

El temor a la extradición y la OFAC

Ávila Olmeda no oculta su alarma ante el escenario que le plantean sus interlocutores.

“¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición?”, pregunta en la grabación. Más adelante añade que teme ser sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC): “Salgo de ahí y ya pasó algo… parece que me vaya a sancionar la OFAC“.

Al negociar el lugar para la reunión con la fiscalía estadounidense, la gobernadora rechazo el consulado de Tijuana y propone un hotel. “Yo no quiero cruzar a Estados Unidos“, advierte.

La contradicción con sus propias palabras

Tras el primer audio de junio, Ávila Olmeda reconoció que la voz en la grabación era suya, pero acotó el alcance de lo escuchado: dijo que un tercero se había presentado como intermediario, que la reunión propuesta nunca se concretó y que Nadler ya no era su abogado.

Calificó de “invento total” las versiones que apuntaban a acuerdos “en lo oscurito” con Washington, y sostuvo que sus contactos con autoridades estadounidenses eran “transparentes” y orientados al “bienestar de las familias de ambos lados de la frontera”.

El segundo audio, en el que ella misma describe múltiples reuniones con el FBI y el Departamento de Justicia, y confirma que Nadler sigue siendo su representante, contradice esas afirmaciones en al menos tres puntos.

El origen: una visa revocada y un primer audio

El caso tiene su punto de partida en 2025, cuando el gobierno de Estados Unidos canceló la visa de Ávila Olmeda, en lo que constituyó la primera revocación de ese tipo a una gobernadora mexicana en funciones.

La medida estuvo vinculada, según múltiples medios, a investigaciones sobre su entonces esposo, Carlos Torres Torres, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una red de protección política al Cártel de Sinaloa en Baja California. La pareja anunció su divorcio en octubre de ese año.

El 22 de junio de 2026, De Mauleón publicó un primer audio en el que se escuchaba a la gobernadora conversar con intermediarios que se presentaron como asesores externos del FBI, y en el que se mencionaba una posible reunión en el consulado de Tijuana para tratar “sanciones y cargos” en su contra.

Ávila Olmeda reconoció la autenticidad de esa grabación, pero negó cualquier acuerdo irregular. Afirmó que la reunión propuesta “jamás ocurrió” y que el abogado mencionado en el audio, el exfiscal federal de Miami Michael Nadler, ya no formaba parte de su equipo legal.