Suplantación de identidad: por qué usar credenciales del INE de otras personas puede convertirse en un delito

En México, la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) no solo permite a los ciudadanos ejercer su derecho al voto, sino que también es el documento de identificación oficial más utilizado para realizar trámites ante dependencias gubernamentales, instituciones bancarias, empresas y otros organismos públicos y privados.

Precisamente por esa doble función, utilizar una credencial que pertenece a otra persona o facilitarla para que un tercero la use puede tener consecuencias legales importantes. Dependiendo del contexto, la conducta puede encuadrarse en delitos electorales, falsificación de documentos, uso indebido de información confidencial, fraude o suplantación de identidad.

Las sanciones varían según el propósito con el que se utilice la identificación, así como el beneficio que se pretenda obtener o el daño ocasionado.

Delitos electorales por el uso indebido de una credencial para votar

La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece diversas conductas ilícitas relacionadas con la credencial para votar con el objetivo de proteger la integridad del padrón electoral y garantizar elecciones auténticas.

Entre ellas se encuentra votar o intentar votar utilizando una credencial cuyo titular es otra persona. De acuerdo con la legislación, esta conducta puede castigarse con penas que van de seis meses a tres años de prisión, además de multas económicas.

La ley también sanciona a quienes recojan, retengan o concentren credenciales para votar sin una causa legal, práctica que históricamente ha estado vinculada con mecanismos de presión o coacción del voto.

Asimismo, obtener una credencial con datos o fotografías falsas para hacerse pasar por otra persona ante el Registro Federal de Electores constituye un delito más grave, con penas que pueden alcanzar hasta siete años de prisión.

Cuando el uso del INE trasciende el ámbito electoral

La responsabilidad penal no se limita al periodo de elecciones.

Si una persona utiliza una credencial del INE ajena para identificarse durante un trámite, abrir una cuenta bancaria, solicitar un crédito, cobrar un cheque, contratar un servicio o realizar cualquier gestión oficial, pueden configurarse delitos previstos en el Código Penal Federal.

Entre ellos figura la falsificación de documentos públicos cuando la credencial es alterada físicamente, por ejemplo modificando la fotografía o los datos personales.

También puede existir responsabilidad penal cuando se presenta un documento auténtico que pertenece a otra persona con el propósito de obtener un beneficio o evitar una obligación legal, aun cuando el plástico no haya sido alterado.

Suplantación de identidad y fraude

En la mayoría de los códigos penales estatales, la suplantación de identidad está tipificada como un delito independiente.

Cuando alguien utiliza la identidad de otra persona para contratar servicios, solicitar créditos, adquirir bienes, realizar trámites administrativos o recibir recursos económicos, la conducta puede investigarse conjuntamente con otros delitos, como el fraude, dependiendo de las circunstancias del caso.

Las penas pueden incrementarse conforme al daño económico ocasionado o al beneficio obtenido mediante el uso indebido de los datos personales.

¿También es un riesgo prestar la credencial del INE?

Especialistas advierten que prestar voluntariamente la credencial para votar tampoco está exento de consecuencias jurídicas.

Aunque algunas personas consideran que facilitar el documento a un familiar o conocido para realizar un “trámite rápido” no representa un problema, si esa identificación es utilizada para cometer un delito, el titular podría ser investigado por su posible participación como coautor o cómplice, dependiendo de los hechos y de las pruebas que integren la investigación.

Por ello, las autoridades recomiendan resguardar la credencial para votar y evitar compartirla con terceros, salvo cuando sea estrictamente necesario y únicamente con instituciones que cuenten con procedimientos adecuados para el tratamiento de datos personales.

Un documento cuya protección también resguarda la identidad

La credencial para votar es mucho más que un requisito para acudir a las urnas. En la práctica, constituye la principal llave de acceso a numerosos servicios financieros, administrativos y legales, por lo que su uso indebido puede afectar tanto a la persona cuya identidad es utilizada como a la confianza en las instituciones.

Por esa razón, la legislación mexicana contempla distintos mecanismos para sancionar el uso no autorizado de este documento, ya sea en el ámbito electoral o en cualquier otra actividad donde se pretenda asumir la identidad de un tercero para obtener un beneficio indebido o causar un perjuicio.