Sentencian a más de 50 años de cárcel al “Gama”, integrante de Guerreros Unidos

Rolando “N”, alias “Gama” e identificado como integrante de Guerreros Unidos, fue sentenciado a más de 50 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro, secuestro agravado de una víctima y contra la salud, por posesión simple de marihuana.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tras aportar pruebas contundentes durante el proceso en contra del hombre, el juez fijó su sentencia y ordenó el pago de la reparación del daño por el delito de secuestro, cuyo monto será fijado mediante un incidente de liquidación.

Rolando “N” recibió una condena de 54 años y 10 meses de prisión por su participación en un secuestro cometido en Iguala, Guerrero, y deberá pagar una multa de 290 mil 258 pesos, así como la reparación del daño a la víctima, cuyo monto será determinado mediante un incidente de liquidación. Además, Salgado Olea quedó suspendido en el ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

El “Gama” era el encargado de secuestrar personas para Guerreros Unidos

De acuerdo con la investigación del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), los hechos ocurrieron en abril de 2015, cuando el “Gama” y otro involucrado trasladaron a una víctima por la fuerza en un automóvil en Iguala. Agentes federales lograron liberar a la víctima.

Tres meses después, en julio de 2015, “Gama” fue detenido en la colonia Centro de esa misma ciudad. Según la FGR, dentro de Guerreros Unidos era el encargado de privar de la libertad a las personas.

Esta organización ha sido identificada por estar dedicada principalmente al secuestro y a delitos contra la salud.

Permanecerá recluido en Veracruz

La Fiscalía General de la República informó que Rolando “N” se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 “Oriente”, con sede en Villa Aldama, Veracruz, donde cumplirá su condena a 54 años de prisión.

Este caso se suma a la absolución de Sindronio Casarrubias Salgado, alias “El Chino” y presunto líder de Guerreros Unidos, del delito de delincuencia organizada en abril de 2025, en una decisión que deja vigente solo la acusación por desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y lo mantiene preso en el penal federal de El Altiplano, sin derecho a prisión domiciliaria.

La resolución fue dictada por la jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien sostuvo que no podía ser acusado por un delito que ya le había sido retirado. De acuerdo con los datos, la defensa promovió el sobreseimiento con base en que ya había sido juzgado antes por ese mismo cargo.

Es así que la juzgadora argumentó que la Constitución establece que nadie puede ser procesado dos veces por el mismo delito. Ese criterio cerró de nueva cuenta la vía para sostener la acusación de delincuencia organizada contra quien también es identificado como “El Chino”.

La absolución retoma un fallo dictado en 2023

La decisión no surgió de un expediente nuevo. En 2023, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Samuel Ventura Ramos, ya había absuelto a Casarrubias Salgado del mismo delito al concluir que las pruebas presentadas por la entonces FGR no alcanzaban para acreditar su pertenencia a una organización criminal con el fin de cometer ilícitos.

Ese antecedente fue central para la nueva resolución. La jueza Duarte determinó que no procedía volver a acusarlo por delincuencia organizada porque el cargo ya había sido materia de un fallo previo.

El efecto inmediato de la resolución es concreto: la única imputación pendiente en su contra será su presunta participación en el intento de desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero. Aun con la absolución, seguirá recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Casarrubias fue detenido en 2014 y desde entonces ha aparecido como uno de los nombres centrales dentro de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas. Su situación jurídica ha transitado entre acusaciones federales, recursos de la defensa y revisiones judiciales sobre la validez de las pruebas.

La defensa alega tortura y ha pedido prisión domiciliaria

De acuerdo con su equipo legal, Casarrubias fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes por elementos de la entonces PGR para obtener declaraciones en las que se auto inculpó. Esa acusación ha servido de base para solicitar la nulidad de distintas pruebas incluidas en el proceso.

La defensa también ha pedido en varias ocasiones que se le conceda prisión domiciliaria. El argumento ha sido una combinación de problemas de salud y el tiempo prolongado que ha pasado en reclusión.

Los jueces federales han rechazado esas solicitudes y han sustentado que persiste un riesgo procesal por la gravedad de los delitos imputados y en que no quedaron plenamente acreditadas las condiciones médicas que justificarían esa medida.

El caso también llegó al Mecanismo contra la Tortura de la ONU, instancia que ha señalado posibles violaciones a derechos humanos dentro de su proceso judicial. Esa revisión internacional se suma a los cuestionamientos sobre cómo fueron obtenidas algunas de las pruebas que siguen bajo discusión en uno de los expedientes más sensibles del país.