
Un gran jurado federal de Washington acusó a Juan José Farías Mendoza y a Israel Vega Farías, presuntos mandos de Cárteles Unidos, por narcotráfico, apoyo material a una organización terrorista extranjera y delitos con armas de fuego; si son declarados culpables, ambos enfrentan cadena perpetua como parte de una ofensiva del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la estructura de mando del grupo asentado en Michoacán.
La acusación se presentó ayer en el Distrito de Columbia y alcanza a dos hombres originarios de Tepalcatepec, Michoacán: Farías Mendoza, de 31 años, y Vega Farías, de 37. De acuerdo con el Departamento de Justicia, al primero lo señalan como hijo y al segundo como sobrino de Juan José Farías Álvarez, alias “Abuelo”, identificado por las autoridades estadounidenses como el máximo líder del cártel.
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El expediente los acusa de conspirar para fabricar y distribuir metanfetamina con la intención de importarla a Estados Unidos. También les imputan haber usado, portado y poseído armas de fuego, incluidas ametralladoras y artefactos explosivos, en relación con el presunto delito de narcotráfico.
Estados Unidos vincula el caso con la designación terrorista de 2025

El gobierno de Estados Unidos sostiene que Cárteles Unidos, con base en Michoacán, es uno de los mayores productores de metanfetamina del mundo y que tiene capacidad para fabricar varias toneladas al mes. Según la dependencia, su red de distribución alcanza ciudades como Dallas, Houston, Atlanta, Kansas City, Sacramento, Los Ángeles, Denver y Chicago, además de extenderse a Europa, Australia y otras regiones.
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Ese señalamiento se apoya en la designación que hizo el Departamento de Estado el 20 de febrero de 2025, cuando catalogó al grupo, también conocido como Cárteles Unidos, como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado. La nueva acusación retoma esa clasificación para sustentar el cargo por apoyo material a una organización terrorista extranjera.
La respuesta directa a la acusación es esta: las autoridades estadounidenses señalan a dos familiares cercanos del líder del cártel por tráfico de metanfetamina hacia su territorio, por presunto respaldo a una organización ya designada como terrorista y por delitos relacionados con armamento de alto poder.
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“Los dos acusados, imputados ayer, son parientes cercanos del máximo líder de los Cárteles Unidos, Juan José Farías Álvarez, quien fue imputado por la División Penal en 2024. Esta imputación demuestra el esfuerzo sistemático y concentrado de la División Penal para desmantelar los cárteles mexicanos, atacando a sus elementos de mando y control, incluyendo a aquellos dentro del círculo íntimo de los líderes de los cárteles”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.

Farias Mendoza y Vega Farias son, respectivamente, hijo y sobrino del abuelo. Ambos acusados están imputados por conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina con el fin de importarla a Estados Unidos, brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y usar, portar y poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y artefactos explosivos, durante y en relación con el presunto delito de narcotráfico que se les imputa. De ser declarados culpables, ambos acusados se enfrentan a penas máximas de cadena perpetua.
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La investigación comenzó en Tennessee con decomisos de droga
A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que la imputación busca golpear a “los elementos de mando y control” de los cárteles mexicanos y alcanzar a personas “dentro del círculo íntimo de los líderes”. En su declaración, agregó: “Juan José Farías Mendoza e Israel Vega Farías están acusados de traficar enormes cantidades de metanfetamina a Estados Unidos y de apoyar a una organización terrorista extranjera”.
Francis M. Hamilton III, fiscal federal para el Distrito Este de Tennessee, dijo que la investigación arrancó con el decomiso de droga en un poblado cercano a Knoxville. Después, añadió, hubo otra incautación en las afueras de Atlanta de más de 950 kilogramos de metanfetamina y fentanilo.
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Hamilton explicó que esa indagatoria se desarrolló entre Tennessee y México con participación de agencias federales, estatales y locales, entre ellas la Oficina de Investigación de Tennessee, la Patrulla de Carreteras de Tennessee y el Grupo de Trabajo del Noveno Distrito Judicial. Según el funcionario, ese trabajo derivó primero en los anuncios de agosto de 2025 y ahora en los nuevos cargos contra la cúpula de la organización.
En agosto de 2025, el Departamento de Justicia ya había informado cargos penales promovidos por su División Penal, la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Tennessee y la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, contra varios integrantes de mando y control de Cárteles Unidos. Entre ellos figuró entonces Juan José Farías Álvarez, alias “Abuelo”.
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John Condon, director ejecutivo adjunto interino de HSI, sostuvo que la corporación mantendrá investigaciones contra los líderes del cártel y sus redes “dondequiera que operen”. En su posicionamiento, afirmó: “Continuaremos utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestras comunidades, desarticular las organizaciones criminales transnacionales y garantizar que quienes amenazan la seguridad de nuestra nación sean llevados ante la justicia”.
El proceso se integra a una fuerza de tarea creada por orden ejecutiva
El caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, HSTF por sus siglas en inglés, creada por la Orden Ejecutiva 14159. De acuerdo con el Departamento de Justicia, esa fuerza reúne a distintas instancias de gobierno para identificar, investigar y enjuiciar delitos atribuidos a cárteles, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas dentro y fuera de Estados Unidos.
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La dependencia agregó que el HSTF da prioridad a investigaciones sobre tráfico de menores y otros delitos contra niños. También señaló que usa herramientas penales y migratorias para enjuiciar y expulsar de Estados Unidos a delincuentes extranjeros considerados violentos.
HSI lleva la investigación. El procesamiento del caso está a cargo de los fiscales Kirk Handrich y Roger Polack, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal, y del fiscal federal adjunto Kevin Quencer, del Distrito Este de Tennessee.
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