Derecho a la alimentación: cuáles son los puntos clave más buscados en la Consulta Indígena

El proceso para construir la Ley General de los Pueblos Originarios e Indígenas coloca el derecho a la alimentación en el centro de la agenda nacional, según especialistas consultados.

Esta legislación busca que la alimentación deje de ser una aspiración y se convierta en una obligación efectiva para el Estado mexicano.

La propuesta será consultada con los 70 pueblos indígenas reconocidos y en más de 16,000 comunidades antes de llegar al Congreso de la Unión este 12 de octubre, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

El objetivo es que las propias comunidades definan los mecanismos para garantizar el acceso a alimentos suficientes, saludables y culturalmente pertinentes.

La garantía del derecho a la alimentación, más allá del reconocimiento

Organizaciones internacionales y especialistas en derechos humanos advierten que el reto no termina en reconocer nuevos derechos. El desafío real está en asegurar que las comunidades indígenas puedan ejercerlos plenamente y sin discriminación, especialmente en regiones donde la marginación y la inseguridad alimentaria persisten.

Los pueblos indígenas concentran altos índices de desnutrición, pobreza y vulnerabilidad alimentaria, a pesar de ser guardianes de una enorme diversidad biocultural. En paralelo, el desplazamiento de dietas tradicionales por alimentos ultraprocesados genera problemas de sobrepeso y obesidad en algunas zonas.

El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a la alimentación más allá del acceso físico a los alimentos. Para las comunidades indígenas, implica el derecho colectivo a conservar sus sistemas alimentarios, prácticas agrícolas y territorios.

Participación y cultura: bases para una nueva política alimentaria

La Declaración de Atitlán de 2002, impulsada por representantes indígenas, estableció que el derecho a la alimentación debe entenderse como un derecho colectivo vinculado a la cultura, la identidad y la autonomía de los pueblos originarios.

Organismos internacionales subrayan que las políticas públicas deben construirse bajo principios de participación efectiva, transparencia, rendición de cuentas y respeto a la diversidad cultural. Esto implica que las comunidades sean parte activa en el diseño, ejecución y evaluación de las estrategias alimentarias.

Especialistas proponen que la nueva ley incluya mecanismos para generar información desagregada por edad, sexo y pertenencia indígena. Ese tipo de datos facilita identificar brechas y ajustar las políticas a las necesidades concretas de cada pueblo.

Además, recomiendan fortalecer la protección de los sistemas tradicionales de producción de alimentos y actividades de subsistencia como la agricultura, la pesca, la caza y la recolección, fundamentales para la soberanía alimentaria.

El PAEI y la logística de alimentos en regiones aisladas

Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI):

En 2025, ese esquema logístico permitió distribuir alrededor de seis mil 500 toneladas de alimentos e insumos para las casas escolares indígenas mediante la participación de empresas especializadas como Grupo Pelmu, Todologos.com y Comercializadora Family Duck, responsables de coordinar la entrega de suministros hasta algunas de las regiones más apartadas del país, como la Sierra Tarahumara, la Sierra Huichol, la Montaña de Guerrero y los Altos de Chiapas.

El modelo del PAEI muestra que garantizar el derecho a la alimentación requiere coordinación institucional, infraestructura logística y mecanismos que aseguren el suministro continuo en territorios de difícil acceso, sin perder de vista la pertinencia cultural de los alimentos ni el fortalecimiento de las economías comunitarias.

Del programa piloto a la ley: participación, presupuesto y seguimiento

Expertos coinciden en que el derecho a la alimentación no debe depender solo de programas gubernamentales. La nueva legislación debe obligar al Estado a destinar presupuestos suficientes, establecer indicadores de seguimiento y crear mecanismos de participación indígena en la toma de decisiones.

El debate de la ley nacional no termina en el reconocimiento de derechos. El eje está en definir cómo niñas, niños, mujeres y comunidades indígenas podrán ejercerlos en igualdad de condiciones. La alimentación debe entenderse como un derecho humano colectivo, ligado al territorio, la cultura, la autonomía y el desarrollo de los pueblos originarios.