Casi 18 mil litros de combustible robado y una toma clandestina: el golpe de la FGR en Atotonilco el Alto

La Fiscalía General de la República desmanteló una toma clandestina de hidrocarburo conectada al poliducto Salamanca-Guadalajara en una finca del poblado Ciénega del Pastor, en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco. En el lugar se aseguraron cerca de 17 mil 950 litros de petrolífero robado, junto con un vehículo, dos mangueras y 24 contenedores.

El operativo fue posible tras reconocimientos motorizados y a pie realizados por personal de la Guardia Nacional, quienes detectaron un inmueble en el que, desde el exterior, se observaba un vehículo con varios contenedores. Al fondo del lugar, otros recipientes desprendían un fuerte olor a hidrocarburo.

Mandato judicial y cateo en Ciénega del Pastor

Con esa información, la Fiscalía Especializada de Control Regional en Jalisco solicitó al Ministerio Público de la Federación (MPF) que gestionara una inspección perimetral del sitio ante un juez de Control de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

El mandamiento judicial fue librado y la diligencia ejecutada por la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con peritos especializados de la institución. La Guardia Nacional ofreció seguridad perimetral durante todo el procedimiento.

Manguera enterrada conectada al poliducto federal

Durante la inspección, los agentes localizaron al costado del inmueble un agujero del que salía una manguera. La tubería desembocaba en el kilómetro 172+954 del poliducto Salamanca-Guadalajara, donde estaba instalada la toma clandestina que permitía extraer el hidrocarburo directamente de la infraestructura federal.

La FGR inhabilitó la conexión ilegal en el sitio. Además del petrolífero, quedaron a disposición del MPF el vehículo hallado en el inmueble, las dos mangueras y los 24 contenedores utilizados para almacenar el combustible sustraído.

Investigación abierta por delitos en materia de hidrocarburos

El MPF continúa con la indagatoria correspondiente por los ilícitos previstos y sancionados en la Ley Federal de los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Hasta el momento, la FGR no informó sobre personas detenidas en relación con este caso.

Cómo denunciar el robo de combustible en Jalisco

La FGR exhortó a la ciudadanía a denunciar el robo, transporte y venta de hidrocarburos sustraídos de forma ilícita. La línea de atención disponible es el 800 890 97 80, y también se puede enviar un reporte al correo visitel@fgr.org.mx.

En el estado de Jalisco, los ciudadanos pueden acudir de manera presencial a la fiscalía federal ubicada en avenida 16 de Septiembre 591, en Guadalajara.

Penas por robo de hidrocarburos en México

Conforme a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, quien sustraiga petrolíferos de ductos sin autorización enfrenta penas de 20 a 30 años de prisión y multas de hasta 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Para quienes resguarden, transporten, almacenen o comercialicen el combustible robado, las sanciones escalan según el volumen asegurado: cantidades iguales o mayores a 2 mil litros conllevan de 12 a 17 años de cárcel. Dado que en el caso de Atotonilco el Alto se aseguraron cerca de 17 mil 950 litros, los responsables podrían ubicarse en el tramo más alto de esa escala.

La ley también sanciona a quienes faciliten o auxilien la operación: los cómplices reciben hasta tres cuartas partes de la pena correspondiente al delito principal. Si el propietario o poseedor de un predio sabe que existe una toma clandestina en su propiedad y no lo denuncia, la sanción va de 6 a 8 años de prisión; si además consiente o colabora activamente, la pena asciende a entre 9 y 16 años.

Los servidores públicos que tengan conocimiento de estos delitos en el ejercicio de sus funciones y omitan denunciarlos enfrentan de 3 a 7 años de prisión. Si el responsable es o fue trabajador de la industria petrolera o de instituciones policiales, las penas previstas se incrementan hasta en una mitad adicional.

La misma ley obliga al Ministerio Público a solicitar prisión preventiva como medida cautelar en todos los procedimientos derivados de estos delitos, sin excepción.