INE debe revisar publicaciones de funcionarios en redes, dice Sheinbaum tras críticas a Samuel García

Las publicaciones pagadas en redes sociales por parte de funcionarios volvieron a colocarse en el centro del debate público luego de que una reportera cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre una investigación periodística relacionada con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el presunto uso de recursos para impulsar su imagen en plataformas digitales.

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria federal evitó emitir una opinión directa sobre el caso del gobernador, pero explicó cuáles son los límites que establece la legislación electoral respecto a la promoción personalizada de servidores públicos y subrayó que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) supervisar que dichas normas se cumplan.

Asimismo, destacó que cada gobierno decide la estrategia con la que comunica sus acciones, aunque insistió en que el uso de recursos públicos para impulsar la imagen personal de un funcionario fuera de los periodos autorizados está prohibido por la ley.

Sheinbaum: cada gobierno elige su forma de comunicar

Al ser cuestionada sobre la investigación periodística que señala que Samuel García habría destinado millones de pesos a campañas en redes sociales y que parte de las interacciones favorables provendrían de cuentas falsas o “troles”, Claudia Sheinbaum respondió que cada administración tiene la libertad de definir su estrategia de comunicación política.

Explicó que, en el caso del Gobierno de México, la principal herramienta de comunicación es la Mañanera del Pueblo, espacio desde el que informa de manera directa a la ciudadanía y dialoga con representantes de medios de comunicación tradicionales, comerciales y alternativos.

La presidenta agregó que otra vía de comunicación son las redes sociales personales e institucionales, mediante las cuales se difunden de forma permanente las actividades y resultados de las distintas dependencias federales.

“Cada quien decide cómo hace su comunicación política”, sostuvo la mandataria.

No obstante, aclaró que una cosa es informar sobre las actividades gubernamentales y otra muy distinta realizar propaganda política utilizando recursos públicos para fortalecer la imagen personal de un servidor público.

La ley electoral prohíbe promover la imagen personal con recursos públicos

Durante su respuesta, Sheinbaum recordó que la ley electoral establece restricciones claras para la promoción personalizada de quienes ocupan cargos públicos.

Explicó que la imagen de la presidenta, gobernadores o presidentes municipales puede aparecer en publicaciones institucionales cuando se informa sobre actividades oficiales, como la inauguración de un hospital o la presentación de algún programa gubernamental.

Sin embargo, puntualizó que lo que está prohibido es destinar dinero público para pautar o promocionar esas publicaciones con el objetivo de aumentar su alcance y fortalecer la imagen personal del funcionario.

La mandataria señaló que únicamente existe una excepción prevista en la legislación: el periodo correspondiente al informe de gobierno, durante el cual sí puede destinarse presupuesto para la difusión de la imagen institucional y personal del servidor público.

“Solamente hay quince días en donde tú puedes poner dinero para la promoción personal. Quince días al año”, explicó.

Fuera de ese plazo, indicó, cualquier promoción pagada con recursos públicos para posicionar la imagen de un funcionario contraviene las disposiciones electorales.

El INE debe vigilar el cumplimiento de estas reglas

Al ser cuestionada sobre si los funcionarios involucrados en este tipo de casos deben rendir cuentas, Claudia Sheinbaum respondió que esa responsabilidad corresponde a la autoridad electoral.

La presidenta afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con las atribuciones necesarias para supervisar de manera permanente el cumplimiento de las normas relacionadas con la propaganda gubernamental y la promoción personalizada.

“El INE tiene que estar revisando de manera permanente, tiene esa atribución", respondió.

Asimismo, señaló que cuando existen campañas impulsadas mediante cuentas falsas o “troles”, necesariamente existe una inversión económica detrás de esas estrategias digitales.

En ese sentido, reiteró que el problema no radica en publicar información sobre actividades oficiales, sino en utilizar recursos públicos para pagar campañas de promoción personal o para ampliar artificialmente el alcance de publicaciones gubernamentales.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de que una investigación periodística señalara presuntos gastos millonarios destinados a fortalecer la presencia digital de Samuel García, tema sobre el cual la presidenta evitó pronunciarse directamente, pero aprovechó para recordar las restricciones que impone la ley electoral y el papel del INE como autoridad encargada de vigilar su cumplimiento.