
Habitantes de la colonia Lomas Boulevares, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, exigieron la cancelación definitiva del proyecto para construir bodegas en un predio de aproximadamente 16 hectáreas, al considerar que la obra representa un abuso de autoridad y viola el uso de suelo habitacional establecido desde 1975.
En conferencia de prensa, vecinos acusaron al alcalde de Tlalnepantla, el morenista Raciel Pérez Cruz, de haber realizado modificaciones irregulares al Plan de Desarrollo Municipal durante su primera administración, entre 2019 y 2021, para favorecer la instalación de infraestructura industrial en una zona exclusivamente residencial y comercial.
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Acusan irregularidades en permisos y licencias
Los inconformes señalaron que en la actual administración municipal se otorgaron licencias presuntamente ilegales para permitir la construcción de bodegas en un predio que, aseguran, no cuenta con condiciones adecuadas para el tránsito de vehículos de carga pesada.
Asimismo, denunciaron que el proyecto avanzó sin contar previamente con una Evaluación de Impacto Estatal emitida por la Comisión de Impacto Estatal (COIME), requisito que consideran indispensable antes de autorizar cualquier obra de gran magnitud.
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De acuerdo con los habitantes, el municipio permitió que desde el pasado 20 de febrero de 2026 ingresara maquinaria y personal al terreno para iniciar trabajos de preparación, pese a que aún existían cuestionamientos legales sobre el proyecto.
Vecinos denuncian represión durante protesta
Habitantes de la colonia Lomas Boulevares, en Tlalnepantla de Baz, están en contra de la construcción de bodegas en zona habitacional
Los colonos recordaron que el sábado 7 de marzo realizaron una manifestación sobre carriles laterales de Periférico Norte para exigir la suspensión de la obra; sin embargo, afirmaron haber sido reprimidos por elementos de la policía municipal.
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“Fuimos víctimas de represión por parte de policías municipales que golpearon adultos mayores, niñas y niños”, denunciaron los vecinos durante la conferencia.
Los habitantes sostuvieron que los cambios al uso de suelo se hicieron exclusivamente para beneficiar a un solo predio bajo el argumento de impulsar corredores industriales en la zona norte del Valle de México.
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No obstante, recalcaron que existe un decreto estatal de 1975 que impide modificar el carácter habitacional del fraccionamiento Lomas Boulevares.
Decreto de 1975 limita uso exclusivamente habitacional

Los colonos citaron que el 24 de mayo de 1975, mediante decreto del Ejecutivo del Estado de México, se autorizó la creación del fraccionamiento Lomas Boulevares con uso exclusivamente residencial.
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“El decreto ordena que será del tipo residencial y en las cláusulas séptima y octava se limita el destino únicamente habitacional, además de obligar a los adquirentes a cumplir con dicho uso”, explicaron.
Por ello, aseguraron que cualquier intento de transformar el predio en una zona industrial contraviene directamente la normatividad vigente.
Gobierno estatal confirma ausencia de expediente ante COIME

Los vecinos también dieron a conocer que la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Estado de México respondió mediante dos oficios oficiales que no existe un expediente abierto relacionado con las factibilidades requeridas para el proyecto ante la COIME.
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Esta situación, afirmaron, evidenciaría que la construcción de las bodegas podría encontrarse fuera del marco legal.
Mientras tanto, el gobierno municipal de Tlalnepantla informó que no ha autorizado licencias para la construcción de bodegas dentro del fraccionamiento; sin embargo, los habitantes insistieron en que las obras y movimientos de maquinaria continúan en el predio.
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Ante las presuntas irregularidades, los residentes de Lomas Boulevares hicieron un llamado urgente a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, así como a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para intervenir y frenar definitivamente el proyecto.
Los habitantes reiteraron que continuarán las movilizaciones y acciones legales hasta lograr la cancelación total de la obra, al considerar que afecta la calidad de vida, la movilidad y la seguridad de toda la comunidad.
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