La reaparición del senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, en una reunión de la Comisión de Justicia del Senado volvió a colocar en el centro del debate los señalamientos que enfrenta en Estados Unidos por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.
La participación del legislador se realizó de manera virtual, tras casi dos meses de ausencia pública en actividades legislativas.
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Ante ello, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, consideró que, aunque Inzunza mantiene plenamente sus derechos como integrante de la Cámara Alta, sería conveniente que acudiera de manera presencial a las reuniones de trabajo y atendiera los requerimientos relacionados con las acusaciones que pesan en su contra.
Barrales cuestiona mensaje que envía la participación a distancia
La legisladora emecista señaló que todos los senadores tienen la obligación de atender las convocatorias y cumplir con sus responsabilidades parlamentarias.
Sin embargo, sostuvo que, dadas las circunstancias que enfrenta Inzunza, su presencia física contribuiría a generar mayor claridad sobre su situación.
Barrales afirmó que la asistencia virtual es una modalidad válida dentro de los trabajos legislativos, pero consideró que acudir personalmente enviaría una señal distinta ante la opinión pública.
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“Mientras tenga sus derechos como legislador debe participar en las actividades del Senado, pero también ayudaría que aclarara los señalamientos que existen en su contra”, expresó.
La senadora agregó que la ausencia de una respuesta directa a los requerimientos judiciales y la permanencia bajo el amparo del fuero constitucional pueden proyectar una imagen negativa.
Acusaciones de Estados Unidos mantienen la controversia
La polémica en torno al senador sinaloense comenzó el pasado 29 de abril, cuando autoridades estadounidenses hicieron públicas acusaciones contra diversos funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
Entre los señalados aparece Enrique Inzunza, quien fue secretario general de Gobierno durante la administración de Rubén Rocha Moya.
De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, los involucrados habrían mantenido presuntos vínculos con la facción conocida como “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
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Las imputaciones sostienen que algunos funcionarios habrían utilizado sus cargos para favorecer a esa organización criminal. Inzunza ha rechazado públicamente los señalamientos y ha sostenido que carecen de fundamento.
Esta es la situación de Inzunza
- El 29 de abril se dieron a conocer las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos.
- Enrique Inzunza es señalado por presuntos vínculos con integrantes de “Los Chapitos”.
- Tras la difusión del caso, redujo su presencia pública y dejó de asistir a diversas actividades legislativas.
- A mediados de junio anunció que no buscará la candidatura de Morena al gobierno de Sinaloa.
- También confirmó que permanecerá en su escaño como senador hasta concluir su mandato en 2030.
- Su reaparición ocurrió mediante videoconferencia en la Comisión de Justicia del Senado.
Participa en discusión sobre justicia cívica
Durante la reunión de la Comisión de Justicia, presidida por el senador Javier Corral, se analizó un anteproyecto relacionado con la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante.
En su intervención, Inzunza se concentró exclusivamente en aspectos técnicos de la propuesta legislativa.
El morenista sugirió revisar y precisar conceptos como “detención” y “flagrancia”, al considerar que requieren una mayor definición jurídica dentro del proyecto.
La sesión también incluyó posicionamientos de legisladores de distintas fuerzas políticas.
Entre ellos, la panista Guadalupe Murguía respaldó la iniciativa por considerar que facilitaría el acceso a la justicia en comunidades alejadas e indígenas.
Oposición insiste en que debe aclarar su situación
La reaparición del senador ocurre después de semanas de críticas por parte de legisladores de oposición, quienes cuestionaron su ausencia de los trabajos parlamentarios tras conocerse las acusaciones.
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En este contexto, Alejandra Barrales sostuvo que la situación trasciende una simple acusación política y recordó que existe una solicitud formal de autoridades estadounidenses para que se investiguen los hechos.
La emecista consideró que permanecer alejado de los requerimientos judiciales mientras continúa ejerciendo funciones legislativas envía una señal preocupante sobre el uso del fuero constitucional.
Con la reincorporación de Inzunza a las actividades del Senado, aunque sea de manera remota, el debate sobre su situación jurídica y política vuelve a cobrar fuerza en la Cámara Alta, donde distintas voces mantienen la exigencia de que los señalamientos sean esclarecidos y se garantice transparencia en el proceso.
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