Iniciativa del Verde para regular albergues “privados” de la comunidad LGBTIQ+ en CDMX es discriminatoria, advierten colectivos

Organizaciones que gestionan albergues para la comunidad LGBTIQ+ en la Ciudad de México han advertido sobre el carácter discriminatorio de la iniciativa presentada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que busca regular los refugios “privados” destinados a este sector.

El PVEM publicó una iniciativa para crear la Ley de Albergues Privados para Personas de la Diversidad Sexual de la Ciudad de México, con el objetivo, según el partido, de proteger la integridad física y psicológica de este sector de la población. Se busca establecer un marco jurídico que norme la operación de estos espacios, los cuales, a falta de alternativas oficiales, han surgido por iniciativa de la propia comunidad en respuesta a una necesidad urgente.

No obstante, refugios como Casa de las Muñecas Tiresias AC, dirigido por la activista trans Kenya Cuevas, han denunciado que esta iniciativa es discriminatoria al catalogarlos como “privados” y no haberlos considerado para la redacción de la ley.

“Sí estamos de acuerdo a la regulación, sí estamos de acuerdo a las transparencias y sí estamos de acuerdo a mejorar. Pero hay algo muy grave. Esta ley fue construida sin escuchar a los que todos los días sostenemos estos espacios”, explicó Kenya Cuevas a través de un video en redes sociales.

La iniciativa busca apoyar a este sector de la sociedad, según el PVEM

En Sesión Ordinaria en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada Claudia Neli Morales Cervantes, impulsora de la ley, explicó que la falta de lineamientos claros ha dejado a los refugios en una situación de vulnerabilidad tanto para quienes los gestionan como para quienes los habitan.

Morales Cervantes afirmó que el vacío normativo debe llenarse para garantizar “funcionamiento seguro y digno”, además de fijar estándares de seguridad, dignidad y no discriminación. Explicó que, si bien la Ciudad de México ha avanzado en derechos LGBTIQ+, persisten desafíos graves, como el rechazo familiar, la discriminación laboral y los crímenes de odio, que afectan de manera desproporcionada a las mujeres trans.

De acuerdo con la iniciativa, la futura ley definiría obligaciones para el personal de los refugios, establecería mecanismos de supervisión y sanción, y fijaría estándares mínimos para su operación. La diputada consideró que la labor de quienes han improvisado estos albergues “ha sido esencial, pero también ha operado sin lineamientos claros. Por eso el PVEM presenta esta iniciativa, porque ese vacío debe llenarse y legislarse”, señaló.

El documento fue turnado a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para su análisis.

Reclamo de las organizaciones: los refugios no son iniciativa privada, sino social

Kenya Cuevas, directora y fundadora de Casa de las Muñecas Tiresias, cuestionó la legitimidad de una regulación que, subrayó, fue elaborada sin consultar a las personas y colectivos que mantienen estos espacios a flote cada día.

Una de las principales críticas es nombrar a estos espacios como privados, pues no lo son. No surgieron como un emprendimiento ni por tendencias pasajeras, sino como una respuesta ante la omisión estatal. “Que quede claro, estos albergues no nacen por moda, no nacen por negocio, nacen porque el Estado ha fallado históricamente a la población LGBTTTIQ+”, puntualizó

Por su parte, Luisa Martínez, coordinadora operativa de Casa Hogar Paola Buenrostro, consideró que el enfoque de la iniciativa es erróneo desde el origen al calificar estos espacios como “albergues privados”, cuando en realidad son centros comunitarios de derechos humanos.

La preocupación compartida es que, bajo la etiqueta de “privados”, se invisibilice la función social y se les trate como empresas, cuando su existencia responde a la ausencia de políticas públicas efectivas. Además, Luisa Martínez también respaldó que “la ley se hizo sin consulta, sin escuchar a las organizaciones y sin escuchar a las usuarias. Y eso es gravísimo”.

Cuestionó también la ausencia de compromisos presupuestales en la propuesta: “La ley nos quiere supervisar y regular, pero no propone financiamiento. No crea apoyos para las usuarias. No crea programas de salud, vivienda y empleo. No crea presupuesto”. Recalcó que garantizar derechos es una obligación estatal, no una carga para la sociedad civil.

Riesgo de discriminación y persecución

La inquietud de los colectivos va más allá de la omisión presupuestal y la falta de consulta. La iniciativa podría derivar en un trato desigual hacia los refugios LGBT+ en comparación con otros tipos de albergues.

“¿Y por qué solamente con los albergues LGBT y no con los religiosos, con los anexos u otros más? ¿Por qué? Y esto puede convertirse en discriminación y persecución”, denunció a través de un video publicado en redes sociales. “El problema no somos nosotras, es el abandono del Estado”, puntualizó.

Demandas de las organizaciones ante la iniciativa

La exigencia de los colectivos es clara: cualquier regulación debe partir de la participación activa de quienes gestionan estos espacios y de las propias usuarias. La demanda de financiamiento, inclusión de programas de salud, vivienda y empleo, y el respeto a la labor comunitaria son condiciones mínimas para que una ley sea legítima y eficaz.

En su mensaje, Kenya Cuevas también puntualizó las condiciones que enfrentan quienes acuden a estos refugios: “Casa de las Muñecas Tiresias existe porque en las calles seguimos muriendo las mujeres trans, porque no hay vivienda, porque no hay salud, porque no hay trabajo y porque no hay justicia”.

La activista recalcó que la ciudad presume avances en derechos, pero esas victorias legales no han evitado que muchas sigan siendo expulsadas de sus hogares ni que continúen los episodios de violencia, estigmatización y abandono institucional.

La demanda principal es que la voz de quienes operan estos espacios sea escuchada y tomada en cuenta antes de definir cualquier marco normativo. Las organizaciones señalan que el Estado debe asumir su responsabilidad histórica y no trasladar la carga a quienes, por solidaridad y urgencia, han improvisado refugios para quienes lo han perdido todo.