Estos son los 10 políticos de Sinaloa con cuentas congeladas por la UIF tras las acusaciones de Estados Unidos

Cuando el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, confirmó el lunes que el senador Enrique Inzunza Cázarez seguirá cobrando su dieta legislativa en cheque físico porque tiene sus cuentas bancarias bloqueadas, la pregunta inevitable surgió sola: ¿Quién más está en esa lista y cómo llegaron ahí?

La respuesta lleva al Acuerdo 156/2026, la orden que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió el 6 de mayo de 2026 y que instruyó a todo el sistema financiero mexicano, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a suspender cualquier operación bancaria y congelar los activos de 10 Personas Políticamente Expuestas (PEP) vinculadas al gobierno de Sinaloa.

Los 10 nombres del Acuerdo 156/2026

El comunicado oficial de la UIF no publicó los nombres de los bloqueados, pero el contexto de las investigaciones y reportes periodísticos los identificaron con claridad. La lista incluye:

• Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa
• Sus hijos Rubén, Ricardo y José de Jesús Rocha Ruiz
• El senador Enrique Inzunza Cázarez
• El alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil
• Cuatro funcionarios y exfuncionarios de la administración estatal sinaloense

Todos comparten denominador común: el 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York los incluyó en una acusación por presuntos nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, cargos que van desde conspiración para importar fentanilo, cocaína y metanfetaminas hasta esquemas de protección política al crimen organizado.

La UIF llegó tarde — y jalada por los bancos

Aquí está el detalle que más incomoda al gobierno federal: el bloqueo no nació de una investigación iniciada en México. La UIF actuó casi tres semanas después de que EU difundiera públicamente las acusaciones, y lo hizo porque los bancos comerciales mexicanos le pusieron el foco encima.

Al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses, la banca privada en México activó de manera inmediata sus mecanismos internos de cumplimiento y emitió alertas sobre sus clientes identificados como PEP. Solo entonces la UIF reaccionó e incorporó a los señalados a su Lista de Personas Bloqueadas.

Esa secuencia no pasó desapercibida. El analista Raymundo Riva Palacio señaló que la UIF tardó ocho días en ejecutar el bloqueo desde que las acusaciones se volvieron públicas, un retraso que fue leído como señal de la tensión política que el caso generaba al interior del gobierno.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum contribuyó a esa lectura: cuando fue cuestionada sobre el congelamiento, afirmó que no tenía conocimiento del tema y pidió que la UIF informara “en su momento”. “No es que la UIF esté investigando al gobernador”, precisó la mandataria.

¿Qué significa estar en la lista negra?

La Lista de Personas Bloqueadas es un instrumento administrativo, no penal. La propia UIF lo subrayó en su comunicado: la medida no constituye una determinación definitiva ni implica responsabilidad penal acreditada en México. Es, en sus palabras, una “acción preventiva de carácter administrativo”.

En la práctica, sin embargo, sus efectos son inmediatos y totales: suspensión de todas las operaciones bancarias, congelamiento de activos dentro del sistema financiero nacional e impacto en cualquier empresa o entidad con vínculos contractuales con los bloqueados.

Los afectados tienen 10 días hábiles para solicitar audiencia ante la UIF desde que toman conocimiento del bloqueo, y otros 10 días para presentar pruebas y alegatos. La UIF tiene 15 días hábiles para emitir resolución.

Cuentas bloqueadas, pero el erario sigue pagando

El caso de Inzunza ilustra una contradicción que el propio sistema genera: sus cuentas están congeladas por una medida administrativa del gobierno federal, pero ese mismo gobierno —a través del Senado— está legalmente obligado a seguir pagándole. Sin una resolución judicial que suspenda sus derechos legislativos, la dieta llega. Solo cambia el canal: en lugar de transferencia electrónica, un cheque físico que puede recoger él o un representante.

Dos de los otros imputados, los exfuncionarios Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega —exsecretarios de Seguridad Pública y de Administración del gobierno de Rocha Moya— ya se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses. Para ellos, el debate sobre cuentas y pagos quedó superado por una realidad más concreta.

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