Suprema Corte pospone por segunda ocasión discusión sobre plazo legal para abortar en Aguascalientes, activistas urgen resolución

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso por segunda ocasión la discusión sobre la constitucionalidad de las reformas que redujeron de 12 a seis semanas el plazo legal para abortar en Aguascalientes, una decisión que ha generado preocupación entre organizaciones feministas y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos.

El asunto forma parte de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Gobierno federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra modificaciones aprobadas por el Congreso de Aguascalientes en 2024, las cuales endurecieron las restricciones para la interrupción legal del embarazo y reforzaron disposiciones relacionadas con la protección de la vida desde la concepción.

La discusión estaba contemplada inicialmente para finales de mayo, pero fue retirada de la lista de asuntos del máximo tribunal. Días después, el tema volvió a quedar pendiente, por lo que continúa sin una fecha definitiva para su resolución. De acuerdo con la Corte, el aplazamiento responde a la solicitud de audiencias por parte de los actores involucrados, con el objetivo de escuchar sus argumentos antes de una eventual votación.

¿Qué está en juego?

El proyecto elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo propone analizar si la reducción del plazo para abortar de 12 a seis semanas constituye una medida regresiva que limita el ejercicio de los derechos reproductivos reconocidos previamente en la entidad. También plantea revisar diversos artículos del Código Penal y de la Ley para la Protección a la Vida del Estado de Aguascalientes.

Entre los argumentos expuestos en el proyecto destaca que el límite de seis semanas podría resultar insuficiente para que una persona identifique un embarazo y tome una decisión informada dentro del plazo establecido por la legislación local. Asimismo, señala que existen dificultades para determinar con precisión el inicio de la gestación, lo que podría generar incertidumbre jurídica respecto a la aplicación de sanciones penales.

Activistas piden una resolución pronta

Colectivos y organizaciones que impulsan el acceso al aborto legal, seguro y gratuito han manifestado su preocupación por la nueva postergación del caso. Consideran que la falta de una resolución mantiene vigentes restricciones que afectan el acceso a servicios de salud reproductiva en Aguascalientes y prolonga la incertidumbre para quienes buscan ejercer este derecho.

Las agrupaciones sostienen que el criterio que adopte la Suprema Corte podría tener repercusiones más allá de Aguascalientes, ya que contribuiría a definir los alcances de las legislaciones estatales en materia de interrupción del embarazo y los límites que pueden establecer los congresos locales.

Antecedentes del caso

En 2023, Aguascalientes había avanzado en la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, un año después, el Congreso local aprobó reformas que redujeron el plazo a seis semanas y fortalecieron disposiciones consideradas restrictivas por organizaciones civiles y autoridades federales. Estas modificaciones fueron impugnadas ante la Suprema Corte mediante acciones de inconstitucionalidad.

Por ahora, la discusión permanece en espera y la SCJN no ha informado cuándo volverá a enlistar el asunto para su análisis en el Pleno. La decisión final será clave para definir el futuro del aborto en Aguascalientes y el alcance de los derechos reproductivos en el país.