La visita oficial de Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a México se convirtió en una oportunidad que la sociedad civil no dejó pasar. Un frente amplio de organizaciones —encabezado por México Unido Contra la Delincuencia, Amnistía Internacional México, Juicio Justo y otras seis instituciones— emitió un llamado público para que las recomendaciones derivadas de la visita aborden los problemas estructurales que, aseguran, el gobierno no ha resuelto.
Militarización sin controles: el primer punto de la agenda civil
El comunicado firmado por las organizaciones advierte que, pese a las recomendaciones internacionales previas para retirar a las fuerzas armadas de la seguridad pública, su uso no solo continúa, sino que se ha expandido. Desde la administración de puertos hasta la construcción de infraestructura y el control de empresas, el poder militar se ha extendido a rubros civiles.
El punto de quiebre, señalan, fue la reforma constitucional de 2024, que eliminó las normas que impedían a las fuerzas armadas realizar tareas civiles en tiempos de paz. Para las organizaciones, esto erosiona directamente el Estado de Derecho y exige mecanismos urgentes de control democrático y rendición de cuentas.
Impunidad del 99%: la cifra que define la crisis de justicia
Las organizaciones colocaron la impunidad generalizada como una prioridad urgente. El dato es contundente: solo 1 de cada 100 delitos se resuelve en México. Las causas estructurales que señalan son claras:
- Débil capacidad investigativa de las fiscalías
- Ausencia de protección real a testigos
- Corrupción institucional
- Falta de autonomía efectiva de las Fiscalías
A esto se suma el impacto de la reforma judicial de 2024, que removió a más de 6,000 jueces de carrera para sustituirlos mediante voto popular, sin garantías de conocimiento ni independencia. Las organizaciones advierten que entre los electos en 2025 hay personas vinculadas al poder político o al crimen organizado.
500 voces exigen respaldo al informe sobre desapariciones
En paralelo, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) entregó a Türk una carta suscrita por más de 104 colectivos de víctimas, 315 familias de desaparecidos y 78 organizaciones nacionales e internacionales. El documento exige que el Alto Comisionado respalde públicamente el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), que activó por primera vez en la historia el Artículo 34 de la Convención Internacional —un mecanismo excepcional— para escalar el caso de México ante la Asamblea General de la ONU.
Las cifras que acompañan esa decisión son difíciles de ignorar: más de 132 mil personas desaparecidas y más de 70 mil restos sin identificar.
El gobierno escucha, pero con reservas
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la metodología del informe del CED, argumentando que sus datos corresponden al periodo 2009-2017 y no reflejan el contexto actual. Sin embargo, descartó una ruptura con la ONU y conformó un grupo interinstitucional para revisar el informe y construir la respuesta oficial.
Para las organizaciones civiles firmantes, la visita de Türk representa la primera prueba real de si ese diálogo puede traducirse en acciones concretas, o si quedará, una vez más, en buenas intenciones.
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