Un comerciante identificado como Javier Ayala Díaz, dedicado a la venta de pollo, fue detenido en varias ocasiones en el Estado de México en un periodo de pocos días, en hechos que su familia denuncia como irregulares y sin justificación clara.
La familia sostiene que los aseguramientos ocurrieron al menos tres veces entre el 17 y el 18 de abril de 2026 en los municipios de Tenancingo y Tenango del Valle. Afirma que, tras la primera detención, el comerciante fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía en Lerma, donde permaneció sin poder comunicarse de forma libre con sus abogados ni con sus familiares.
De acuerdo con lo denunciado, en uno de los episodios el comerciante habría sido sacado de su domicilio durante la madrugada, sin una orden presentada en el momento, lo que derivó en cuestionamientos sobre la forma en que se llevó a cabo el operativo.
Familia denuncia uso de fuerza y amenazas
La esposa del detenido, Vanessa Molina Gutiérrez, presentó una denuncia en la que relata que durante el ingreso al domicilio se usó fuerza, hubo amenazas y se sustrajeron dinero en efectivo, teléfonos y equipos de videovigilancia. Señala que el monto reportado sería cercano a los dos millones de pesos.
La hija del comerciante afirmó que su padre ya había sido liberado en una de las primeras acusaciones, pero fue nuevamente detenido poco después bajo señalamientos distintos. Según su versión, las imputaciones han cambiado conforme avanza el caso.
La familia también sostiene que el comerciante ha permanecido sin contacto pleno con sus representantes legales durante parte del proceso, lo que ha complicado su defensa. Además, afirma que existe preocupación por su estado dentro del centro de resguardo.
En paralelo, los denunciantes consideran que las detenciones repetidas y los cambios en las acusaciones podrían estar relacionados con presiones económicas, aunque esta versión forma parte exclusivamente de su postura y no ha sido acreditada.
La defensa del caso ha presentado un amparo ante instancias federales, en el que se plantean posibles violaciones a derechos como la libertad personal, la defensa adecuada y la comunicación con familiares. También se solicita revisar las condiciones en las que se encuentra el detenido.
La familia ya ha pedido la intervención de autoridades federales para revisar el caso, así como la liberación del comerciante mientras se esclarecen los hechos. Hasta el cierre de esta nota informativa, el proceso sigue en curso y el detenido permanece bajo resguardo.
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