Colectivos de derechos humanos en Oaxaca acusan a Salomón Jara por casi 300 feminicidios y el asesinato de 32 defensoras

Veintitrés organizaciones de la sociedad civil presentaron el segundo informe ¿Avanza o no, el respeto a los derechos humanos en Oaxaca?, un documento que retrata de manera sistemática el deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables del estado desde el inicio de la administración de Salomón Jara Cruz, el 1 de diciembre de 2022.

El informe llega en un momento en que el gobernador acumula señalamientos en distintos frentes. La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada en febrero de 2026 sobre la presunta contratación de familiares de Jara Cruz en la nómina pública estatal, incluyendo hijos, nuera, yerno y sobrinos del mandatario, a lo que respondió que desconocía el caso pero advirtió que “no debería ser así”. A ello se suma que tras la jornada de revocación de mandato, el propio gobernador reconoció fallas en su gabinete y anunció una reconfiguración bajo el concepto de la llamada “Primavera Oaxaqueña”. Es en ese contexto político que este nuevo informe cobra especial relevancia.

El documento, elaborado por la Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca (ACDHO) y presentado en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), señala que las respuestas del gobierno estatal ante la crisis de derechos humanos se reducen a omisión, opacidad, simulación y falta de consulta efectiva.

Violencia feminicida y desaparición de mujeres, en cifras alarmantes

Uno de los hallazgos más graves del informe es el incremento sostenido de feminicidios. Desde el inicio de la administración de Jara Cruz hasta diciembre de 2025, se registraron 287 casos, de los cuales 83 ocurrieron solo en 2025, según datos del Observatorio de Violencia Feminicida de GESMujer. El 14% de las víctimas son niñas y adolescentes menores de 18 años, y en el 60% de los casos se utilizaron armas de fuego. Las regiones del Istmo de Tehuantepec, Valles Centrales y la Costa concentran los índices más altos de violencia feminicida en Oaxaca.

A esta situación se suma un aumento en la desaparición de mujeres. Solo en julio de 2025, desaparecieron 37 niñas y mujeres en el estado, de las cuales 12 permanecen sin localizar.

Defensoras y defensores de derechos humanos, bajo ataque

El informe documenta que en los primeros dos años y medio del actual gobierno, 44 personas defensoras fueron agredidas individualmente y se registraron 70 actos de agresión contra colectivos y comunidades. De esas agresiones, 27 fueron catalogadas como atentados a la vida, resultando en el asesinato de 32 personas defensoras de derechos humanos.

El 50% de las agresiones se concentran en el Istmo de Tehuantepec y se vinculan directamente con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), proyecto que las organizaciones identifican como principal catalizador de la violencia en la región.

Pueblos indígenas y afromexicanos, sin protección estatal

El documento también denuncia el desplazamiento forzado de más de 100 familias en comunidades mixes de San Juan Mazatlán, así como la persistencia de hostigamiento, detenciones arbitrarias y agresiones en Rancho Ardilla y Rancho Minas, sin que las autoridades estatales hayan intervenido de manera efectiva.

Las organizaciones concluyen que las violaciones documentadas no son hechos aislados, sino patrones sistemáticos de actuación institucional marcados por impunidad, criminalización de la protesta social y negligencia en la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos.