Diputada evade señalamientos y cuestiona a alcalde de Álvaro Obregón por traer camioneta de lujo

Mientras el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, aseguró haber sido víctima de una persecución por parte de un motociclista que actuaba por instrucción de la diputada del Congreso de la Ciudad de México, Lizzette Salgado Viramontes—, la legisladora evadió confirmar si ella lo mandó, pero cuestionó públicamente por el uso de recursos públicos y denunció presuntos abusos cometidos por el equipo de seguridad del alcalde morenista.

La diputada señaló que esto ocurrió luego de que dicho ciudadano fuera detenido por grabar el convoy que escoltaba al alcalde.

En su cuenta de X, @Liz_SalgadoV escribió: “No sólo denuncio el abuso contra uno de mis colaboradores por parte de elementos de seguridad de @AlcaldiaAO. Él no hizo más que grabar el dispositivo de seguridad que acompaña al alcalde. También denuncio la llamada del alcalde @LopezCasarinJ amenazando con llegar hasta las últimas consecuencias en este asunto.¿Cuál es el delito? ¿A qué le tienen miedo?“.

Cuestiona camioneta de lujo del alcalde

La legisladora panista puso en duda el discurso de austeridad que promueve el gobierno morenista, al señalar que el alcalde se traslada en una camioneta de lujo con un valor superior a un millón de pesos, además del equipamiento especial con el que cuenta.

“¿Cómo se explica que un servidor público de un gobierno que presume austeridad se mueva en un vehículo de ese costo? ¿Esa es la austeridad que predican?”, cuestionó Salgado.

De acuerdo con la diputada, en los videos que circularon en redes sociales se observa con claridad la actitud prepotente del personal de seguridad del alcalde, quienes —aseguró— actuaron sin apegarse a los protocolos establecidos y sin respetar los derechos de la ciudadanía.

“No es un hecho aislado; en Álvaro Obregón es común ver patrullas sin placas y oficiales que no se identifican”, sostuvo.

Los hechos se registraron luego de que Jonathan Aguilar, un motociclista, grabara con su teléfono celular el convoy que escoltaba al alcalde.

Tras ello, elementos de seguridad lo interceptaron, le retuvieron sus documentos oficiales, le rompieron las llaves de su vehículo y lo remitieron al juzgado cívico Cuauhtémoc 2, presuntamente por instrucciones directas del propio alcalde, según denunció el ciudadano en sus redes sociales.

Aguilar cuestionó el despliegue de seguridad destinado a proteger a un solo funcionario, al señalar que “así como se dedican a cuidar a una sola persona, deberíamos estar cuidando a todas y todos los obregonenses”, mensaje que generó una amplia reacción en plataformas digitales y avivó el debate sobre el uso de escoltas y recursos públicos en las alcaldías.

La diputada Lizzette Salgado reconoció que el motociclista sí realizó la grabación, pero rechazó que ello justifique la actuación de los escoltas. Además, denunció que el propio alcalde la contactó casi una hora después de que el tema se hiciera público. “El alcalde me buscó a las 14:21, cuando el asunto ya estaba en redes, y lo hizo para amenazar”, relató.

Salgado afirmó que este episodio evidencia dos formas opuestas de entender la política y el servicio público. “Es evidente que tenemos visiones distintas. Para algunos el poder es para intimidar; para otros, es para servir y rendir cuentas”, expresó.

Por su parte, Javier López Casarín ha insistido en que existe una campaña en su contra y que los hechos han sido manipulados con fines políticos. No obstante, hasta el momento no se ha informado si se inició alguna investigación interna sobre la actuación de su equipo de seguridad ni se ha aclarado bajo qué fundamento legal se detuvo al motociclista.

El caso ha generado reacciones tanto en el ámbito político como entre ciudadanos, quienes han exigido explicaciones claras, sanciones en caso de irregularidades y respeto irrestricto a los derechos humanos. Mientras tanto, el episodio abre nuevamente el debate sobre la austeridad, el uso de escoltas oficiales y los límites del poder en la Ciudad de México.