La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz, ha delineado un ambicioso proyecto de transformación institucional, cuyo objetivo es redefinir el papel del máximo tribunal en la vida pública de México y garantizar que la justicia llegue a todos los sectores de la sociedad.
En su Primer Informe de Actividades, Aguilar Ortiz subrayó que la independencia judicial constituye un pilar esencial para la estabilidad nacional, al tiempo que destacó que una justicia autónoma fomenta la confianza social y económica, facilita la resolución pacífica de conflictos y fortalece la convivencia democrática.
El ministro presidente enfatizó: “La independencia judicial es un elemento esencial para la estabilidad del país”.
Aguilar Ortiz afirmó que la única lealtad de la Corte es hacia la Constitución y el pueblo de México.
La transformación institucional de la Suprema Corte
En el informe, el ministro presidente presentó los diez pilares fundamentales que guían la nueva etapa de la Corte.
El primero, la justicia transformadora, implica una nueva dinámica de trabajo orientada a fortalecer la capacidad de resolución y la vinculación con la sociedad.
Entre septiembre y noviembre de 2025, el tribunal resolvió 2.590 expedientes: 663 por el Pleno, 44 mediante acuerdo o dictamen de las ponencias y 1.883 por acuerdo de la Presidencia.
Además, se cumplió con 106 resoluciones y se atrajeron 47% de las solicitudes propuestas.
La justicia honesta y transparente se ha consolidado mediante la reactivación del Comité Especializado de Ministras y Ministros en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que llevaba dos años y ocho meses inactivo.
La transformación de la Suprema Corte llega a los pueblos indígenas
En cuanto a la justicia cercana al pueblo, la reapertura de las puertas de la Corte generó un aumento del 1.300% en la atención ciudadana, acompañado de la organización de foros y encuentros públicos, como la audiencia para personas con discapacidad.
Aguilar Ortiz sostuvo que “la función jurisdiccional no se ejerce desde el aislamiento, sino desde el contacto directo con las personas”.
El informe también resaltó la justicia humanista, con especial atención a los casos de personas en situación de vulnerabilidad, y la justicia pluricultural, que ha fortalecido el acceso a la información para pueblos y comunidades indígenas.
Entre las acciones destacadas se encuentra la traducción de sentencias y criterios a diversas lenguas originarias y el desarrollo del proyecto Mapas Jurídicos del México Pluricultural, una herramienta digital que permite visualizar territorialmente los criterios de la Suprema Corte relacionados con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
En materia de perspectiva de género e inclusión social, la Corte impulsa una agenda integral para prevenir, atender y erradicar la violencia de género.
La autonomía e independencia judicial se reafirma como principio rector, sin sumisión ni subordinación entre los ministros, sino con corresponsabilidad institucional y respeto a las atribuciones de cada ámbito.
Aguilar Ortiz expresó: “Estamos convencidos de que México requiere hoy una articulación firme entre sus instituciones en beneficio de la sociedad, que permita fortalecer la gobernabilidad democrática, asegurar la vigencia de los derechos y consolidar un sistema constitucional que responda a las necesidades reales del país”.
En cuanto a la austeridad, la Corte inició una revisión integral de prácticas y estructuras internas, eliminando privilegios y promoviendo un uso racional de los recursos públicos.
Finalmente, Aguilar Ortiz subrayó el compromiso de la SCJN con una justicia real y verdadera, orientada a superar la burocracia y la indiferencia para transformar la vida de las personas, comunidades y colectivos en todo el país.
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