
En el marco de los 16 días de activismo por la erradicación de la violencia contra la mujer, y en el día de los derechos humanos, una asociación alertó sobre el incremento de violencia.
Según documentó la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” Asociación Civil (A.C.), durante los cinco años posteriores a la pandemia, hubo una caída del 50% en los ingresos de las trabajadoras sexuales.
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Además, señalaron que entre los problemas que agravan su situación se encuentra el incremento en el precio de la canasta básica, exclusión laboral, falta de apoyos sociales reales y la persistencia de prácticas discriminatorias en instituciones que deberían garantizar derechos.
Obstáculos para las trabajadoras sexuales

De acuerdo con la asociación, el fenómeno afecta especialmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, quienes enfrentan acoso, criminalización y desatención sistemática por parte de autoridades y servicios públicos.
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Las integrantes de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C., en sus recorridos en calles, centros de atención médica y zonas de tolerancia, han registrado múltiples incidentes donde la desigualdad estructural, la violencia institucional y la discriminación han resultado mortales para trabajadoras sexuales.
De acuerdo con testimonios recopilados por la asociación, se identifican patrones de abandono institucional ante emergencias de salud, falta de acceso a medicamentos y negativas reiteradas en hospitales públicos para atender a este colectivo.
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“La ausencia de atención inmediata ante cuadros médicos graves es una forma de violencia institucional, que puede tener consecuencias letales para las mujeres que ejercen el trabajo sexual”, denunció la agrupación, en un documento compartido a Infobae México.
La organización subrayó que al menos tres mujeres han fallecido en los últimos meses debido a negligencia durante traslados hospitalarios o demoras en la atención.
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Según la Brigada Callejera, existe una tendencia a estigmatizar a las trabajadoras sexuales dentro de los sistemas de salud pública, seguridad y justicia.
La discriminación se expresa, por un lado, a través de obstáculos burocráticos y trato hostil; y, por otro, mediante discursos criminalizantes que impiden un acceso digno a servicios fundamentales.
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Además, el documento sostiene que la falta de políticas públicas integrales agravan el riesgo de muerte por causas prevenibles.
La organización demanda a funcionarios estatales y municipales tanto de la Ciudad, como del Estado de México, Chiapas y otras entidades, la adopción urgente de protocolos de atención y la cesación de prácticas discriminatorias.
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Además, la asociación exhortó a la sociedad y a los organismos de derechos humanos a indagar sobre estos eventos y a exigir rendición de cuentas sobre fallecimientos bajo custodia o en traslado hospitalario.
“No se trata de casos aislados: la violencia institucional contra trabajadoras sexuales se expresa y perpetúa por la omisión y el abandono sistemático de sus derechos humanos”, afirmó el colectivo en el documento compartido a Infobae México.
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Denuncian la violencia del olvido

De acuerdo con el documento, “la falta de acceso real a la salud se ha convertido en una forma de violencia que ha sido mortal”, pues en los últimos meses, el área legal de la organización recuperó los cuerpos de tres mujeres.
Se trata de Rocío Valdivia quien falleció en el mes de octubre por una enfermedad curable debido a que no recibió atención médica oportuna, sin patrimonio, ahorros y sin seguimiento médico.
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María Ramírez, que murió en el mes de noviembre en condiciones similares, aunado a condicionantes como pobreza, exclusión y negligencia institucional.
Karla, que fue atropellada en vía pública pero no recibió atención de ninguna ambulancia ni fue trasladada a un hospital. “Su cuerpo permaneció sin ser reclamado hasta que la Brigada Callejera exigió al Ministerio Público reconocer a la organización como su ‘familia social’”, sentenció la asociación.
La Brigada Callejera exigió el “pleno respeto al trabajo sexual, el cumplimiento del amparo 112/2013 y el cese inmediato de las prácticas institucionales que ponen en riesgo la vida, salud y derechos de las trabajadoras sexuales en México”.
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