Derecho humano al agua y nuevas reglas: estos son los puntos clave de la Ley General de Aguas

La Cámara de Diputados continuó este jueves la sesión iniciada el miércoles para votar la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La jornada legislativa transcurrió en medio de un ambiente de tensión, con acusaciones, gritos y un connato de pelea entre diputados del PAN y del PT, lo que obligó a la Mesa Directiva a llamar al orden en varias ocasiones.

Pese a la confrontación, el pleno aprobó el dictamen en lo general con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, marcando un avance clave en una de las reformas estructurales más relevantes en materia hídrica de los últimos años.

Con esta votación, se reconoce de manera explícita el derecho humano al agua, se establece que el Estado mexicano será el único responsable de regular su uso, y se crea un esquema de delitos hídricos que serán perseguidos de oficio.

La iniciativa fue presentada originalmente el 9 de octubre, como parte del proyecto de gobierno de Sheinbaum para garantizar el acceso equitativo al agua y promover su uso sustentable.

Objetivos centrales de la nueva Ley General de Aguas

El análisis y dictamen de la reforma estuvo a cargo de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, que incorporó diversos cambios tras semanas de diálogo y presión social.

Entre los objetivos principales de la Ley General de Aguas se encuentran promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua para el consumo personal y doméstico, así como impulsar la cultura del agua en todo el país.

De acuerdo con el dictamen aprobado en lo general, la reforma contempla, entre otros puntos:

• Establecer bases de políticas públicas con perspectiva de género, discapacidad e interculturalidad.
• Que el Estado sea el único regulador del uso del agua.
• Eliminar la transferencia de derechos de agua entre particulares.
• Que las concesiones no utilizadas regresen a Conagua para su reasignación.
• Reconocer la responsabilidad hídrica como criterio para el acceso sostenible.
• Transformar el Registro Público de Derechos de Agua en un Registro Nacional del Agua.
• Modificar el pago de cuotas para evitar el acaparamiento.
• Establecer reglas claras para concesiones de uso agrario.
• Fortalecer la detección de usos irregulares y el régimen de sanciones.
• Incluir un catálogo de delitos hídricos.

Postura del gobierno federal y de Conagua

Previo a la votación, el director general de Conagua, Efraín Morales López, aseguró que el paquete de reformas representa “un acto de justicia para el pueblo de México”, al ordenar el sistema de concesiones y evitar la sobreexplotación del recurso.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el pasado 3 de diciembre, durante su conferencia matutina, que la esencia de la Ley es proteger el recurso natural, evitar su sobreexplotación y garantizar el derecho al agua.

“Hay que dejar de ver al agua como una mercancía y verla como un recurso y como un derecho”, afirmó la mandataria.

Modificaciones impulsadas por Monreal

En la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, presentó una serie de modificaciones clave a la iniciativa.

Entre los ajustes, se establece que el Estado mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones al derecho humano al agua, mediante la integración de un Órgano Interno de Control.

También se reconoce al agua como parte de la Estrategia Nacional Hídrica y se fortalecen las atribuciones de los Organismos Operadores, encargados de la extracción, potabilización, distribución, drenaje, facturación y cobro.

Además, se fijó un plazo de 180 días para que las entidades federativas armonicen su legislación, con el fin de asegurar la coherencia normativa.

Las protestas del campo y el acuerdo con agricultores

En semanas pasadas, agricultores y productores del campo realizaron protestas en varios estados al considerar que la reforma afectaba la transmisión y renovación de concesiones agrícolas, al impedir que los derechos de agua se heredaran o vendieran junto con la tierra.

Los manifestantes señalaron que la iniciativa generaba incertidumbre sobre su patrimonio y herencias familiares, además de que no contemplaba apoyos suficientes para el sector productivo.

Tras las movilizaciones, que incluyeron bloqueos como el del puente internacional Zaragoza–Ysleta, y el diálogo en San Lázaro, los agricultores informaron que el gobierno se comprometió a seguir discutiendo mecanismos para garantizar que el agua esté al servicio de la producción de alimentos.