
El Congreso del Estado de Durango aprobó por unanimidad la Ley Nicole, una reforma que prohíbe la realización de cirugías estéticas en personas menores de 18 años, salvo en casos reconstructivos plenamente justificados por especialistas. La medida también fortalece las sanciones contra quienes se ostenten falsamente como profesionales de la salud o practiquen intervenciones quirúrgicas sin contar con certificación.
La aprobación ocurre después de la muerte de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que falleció tras someterse a dos procedimientos estéticos en una clínica privada. El caso desató indignación social y abrió un debate urgente sobre la regulación de la cirugía estética en menores, así como sobre el ejercicio ilegal de la medicina en la entidad.
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La diputada Sughey Torres, del PRI, dio a conocer que el dictamen aprobado es “amplio, estructurado y analizado a profundidad”. Señaló que integra tres reformas: la Ley Nicole y modificaciones al Código Penal para castigar la usurpación de profesiones, especialmente en el ámbito médico.
La legisladora recordó que la iniciativa para sancionar a quienes practican cirugías estéticas sin ser cirujanos plásticos certificados fue presentada por ella hace tres años, pero no existían las condiciones políticas para su aprobación. Ahora, dijo, el pleno avaló la propuesta de manera unánime.
Torres detalló que el análisis legislativo tomó cerca de dos meses, período en el que se realizaron mesas de trabajo, consultas técnicas y reuniones con especialistas. También participaron representantes del Poder Judicial, la Fiscalía del Estado y profesionales de la salud.
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“Buscamos evitar que vuelva a ocurrir lo sucedido con Paloma Nicole, algo que nos estremeció a todos”, afirmó la diputada.
Con la reforma, se modificó el Artículo 232 del Código Penal de Durango, que ahora establece sanciones más severas para quienes se atribuyan títulos, grados académicos o especialidades médicas sin contar con estudios oficiales.
Las penas van de 2 a 6 años de prisión y multas de 200 a 500 UMA para quienes se presenten como profesionales sin acreditación. La misma sanción aplicará a quienes realicen actividades reservadas a profesionistas certificados.
Para quienes lleven a cabo procedimientos médico-quirúrgicos sin certificación, las penas aumentan a 4 a 8 años de cárcel, además de multas que oscilan entre 300 y 600 UMA. El castigo será mayor si se trata de intervenciones en el campo de la cirugía plástica, estética o reconstructiva.
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La reforma también sanciona a las clínicas que no cumplan con los requisitos legales para realizar procedimientos quirúrgicos. La regulación es estricta en el caso de menores: queda prohibida cualquier cirugía estética en personas de menos de 18 años, salvo aquellas reconstructivas derivadas de accidentes, malformaciones o condiciones que afecten su integridad física o emocional. Para ello, deberá existir un dictamen médico especializado y una evaluación psicológica.
“Este dictamen es muy completo y busca evitar que se repita una tragedia como la que vivimos”, concluyó Torres.
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