Sheinbaum llama a revisar el Sistema Nacional Anticorrupción para evitar impunidad en casos: “No funciona a plenitud”

Durante “La Mañanera del Pueblo” del viernes 14 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo estar de acuerdo en que haya una revisión al llamado Sistema Nacional Anticorrupción. Esto último con el fin de que. según ella, “ya no exista impunidad” en los casos registrados en la Administración Pública Federal.

Sobre esa línea, Sheinbaum Pardo recordó que este nuevo órgano nació como propuesta de la Sociedad Civil Organizada en tiempos del expresidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, actualmente “el pueblo de México demanda que ya no haya más corrupción ni impunidad”, según la titular del Ejecutivo Federal:

“(...) Sí es algo que se tiene que revisar y, de hecho, no es algo que esté funcionando a plenitud. Fue un esquema que se planteó en el periodo de Peña Nieto, propuesto por distintas en organizaciones de llamada ‘Sociedad Civil’ en donde es un esquema bastante complejo de muchas instituciones que, supuestamente, iba a garantizar la sanción cuando hubiera corrupción”, señaló.

El argumento de la titular del Ejecutivo Federal también se centró en que las sanciones también se encuentran dispersas en distintos órganos de revisión pública; en especial, en la entonces Secretaría de la Función Pública (SFP) hasta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Sistema Nacional Anticorrupción: la iniciativa de EPN y un recorte de “austeridad republicana” con AMLO

El Sistema Nacional Anticorrupción nació en México en 2015 como resultado de una reforma constitucional impulsada por el Congreso de la Unión y respaldada por organizaciones civiles que exigían mecanismos más robustos para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción. Su creación derivó de la llamada “Ley 3 de 3″, una iniciativa ciudadana sin precedente que reunió más de 630 mil firmas para obligar a los servidores públicos a transparentar declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales.

El sistema buscó articular a instituciones que antes trabajaban de forma aislada —como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa— bajo un modelo coordinado para cerrar brechas de impunidad. La reforma estableció además un Comité de Participación Ciudadana para dar seguimiento externo a la política anticorrupción.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018, el SNA continuó operando, pero enfrentó recortes presupuestales graduales como parte de la política de austeridad republicana. Entre los ajustes más significativos estuvieron las reducciones a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), responsable de articular la política nacional y generar indicadores.

El gobierno justificó estos recortes bajo el argumento de que el combate a la corrupción debía alinearse a una estrategia más amplia de disciplina financiera y eliminación de duplicidades institucionales.

En tanto, López Obrador sostuvo en diversas conferencias matutinas que el SNA era un “aparato burocrático” creado antes de su administración y que la corrupción debía combatirse desde la ejemplaridad del Ejecutivo, no mediante organismos con altos costos administrativos.