La administración de Nacional Monte de Piedad recurrió a un procedimiento legal en busca de la finalización de la huelga que paraliza sus operaciones desde hace más de un mes en sus sucursales de México.
El conflicto laboral comenzó el 30 de septiembre, tras denuncias de empleados sobre presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y el recorte de derechos adquiridos. La empresa solicitó que las autoridades laborales lleven a cabo un recuento para identificar cuántos trabajadores respaldan o rechazan la continuación del movimiento.
La consulta, que determinará el rumbo de la huelga, se realizará del 12 al 14 de noviembre en 63 centros de votación a nivel nacional, en la que se contempla la supervisión de autoridades laborales y se prevé que participen alrededor de mil 800 trabajadores.
El sector sindical mayoritario sostiene que el objetivo institucional es desaparecer el CCT, bajo el argumento de inviabilidad financiera, y llamó a garantizar un recuento transparente, libre de presiones o intervenciones arbitrarias.
El sindicato espera que, de mantener el apoyo mayoritario, puedan avanzar hacia una nueva etapa de diálogo para alcanzar una solución conciliatoria. Al mismo tiempo, organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores expresaron respaldo a los empleados, recordando el papel social del Monte de Piedad y advirtiendo riesgos en los intentos de declarar inexistente la huelga.
La movilización sindical también enfrenta cuestionamientos internos y externos. Se ha puesto en duda el manejo de los recursos y la integridad de sus líderes. Recientemente se informó sobre la existencia de un entramado de enriquecimiento en torno a Arturo Zayún González, secretario general en el Monte de Piedad, y sus allegados, quienes habrían acumulado propiedades valuadas en más de 300 millones de pesos.
Las críticas hacia la administración también provienen del ámbito legislativo. El Congreso de la Ciudad de México solicitó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) que supervise y evalúe las actividades de asistencia social de la institución, y denunció la aplicación de tasas de interés superiores al 80 por ciento anual, lo que cuestiona la vocación social del Monte de Piedad.
A medida que avanza el proceso legal, la tensión se mantiene en las más de 300 sucursales del país, donde los trabajadores decidirán la permanencia o el levantamiento de la huelga. El resultado del recuento, programado para anunciarse el 14 de noviembre, marcará el siguiente paso en un conflicto que afecta tanto a la plantilla laboral como a los usuarios del Monte de Piedad.
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