
La reciente captura en Tijuana, Baja California, de Jorge Antonio “N”, exagente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y actual directivo de la empresa Peak Growth Capital, ha reavivado uno de los episodios más controvertidos de la historia política mexicana: el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI en 1994.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la detención se realizó en cumplimiento de una orden federal vigente y con base en una ficha roja emitida por Interpol, por su presunta participación como segundo tirador en el magnicidio ocurrido en Lomas Taurinas, Tijuana. La aprehensión fue confirmada por Infobae México este sábado 8 de noviembre por el Registro Nacional de Detenciones.
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A tres décadas del crimen que marcó la política nacional, el nombre de Jorge Antonio “N” vuelve a aparecer en el expediente judicial del caso Colosio. No es la primera vez que enfrenta cargos relacionados con el asesinato: en 1994 fue arrestado después del atentado, bajo las pruebas de una chamarra manchada con sangre del candidato y un resultado positivo en la prueba de rodizonato de sodio, utilizada para detectar residuos de disparo.
Según las investigaciones de la época, el entonces agente formaba parte del grupo de cobertura del CISEN asignado al candidato priista, bajo la fachada de reportero. Testimonios y registros lo ubicaron a escasos metros del sitio donde se escucharon los disparos. Aunque negó haber portado un arma o disparado, las pruebas periciales lo contradijeron: se encontraron rastros de sangre de Colosio en su ropa y evidencia química que indicaba que había detonado un arma durante el mismo lapso del homicidio.
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Estos indicios, en su momento, reforzaron la hipótesis de un segundo tirador que habría actuado junto a Mario Aburto Martínez, único sentenciado por el caso. La FGR sostiene que el disparo de Jorge Antonio “N” provino de un ángulo distinto al registrado en video, lo que explicaría inconsistencias en las trayectorias de bala y heridas del candidato.

La Fiscalía también ha vinculado al exagente con el presunto encubrimiento orquestado por Genaro García Luna, entonces subdirector operativo del CISEN y posteriormente secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Documentos judiciales citados por la revista Contralínea señalan que García Luna habría intervenido para facilitar la liberación y salida del agente de Tijuana tras el atentado.
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“Se encuentra debidamente probado que el CISEN mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”, cita un fragmento del expediente judicial retomado por la FGR.
La detención de Jorge Antonio “N” fue posible gracias a la colaboración internacional entre Interpol y autoridades mexicanas.
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